Hoy hace 28 años, por vez primera, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación que impulsaba un plebiscito en Puerto Rico con alternativas de status.

Nunca en la historia de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, el gobierno federal ha aprobado legislación que regule una consulta que le ofrezca a los electores de la isla alternativas de status.

Lo único que han ofrecido las dos cámaras legislativas  y el presidente de EE.UU. ha sido lenguaje como el de enero de 2014 que ofreció $2.5 millones para ayudar a financiar una consulta en la que el Secretario de Justicia de EE.UU. pudiera pasar revista a las definiciones de status de un plebiscito legislado en San Juan.

Pero, el gobierno de Ricardo Rosselló, no quiso esperar por una evaluación final y vincular la consulta de junio de 2017 – boicoteada por la oposición -, con ese lenguaje federal. Ahora, el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene en la mano un resultado de 97% a favor de la estadidad, pero que debido a la participación de solo  un 23%, ha sido difuminado por el gobierno de Donald Trump, que oficialmente ha establecido que no hay consenso en la isla en torno a cuál debe ser su futuro político.

En momentos en que algunos dicen que resolver el problema colonial está “más cerca que nunca” – que imagino que se refiere a que hoy es un día más que ayer-, vale recordar aquella legislación que con el número 4765 fue aprobada el 10 de octubre de 1990, sin oposición.

Cuando el proyecto fue a votación en la Cámara baja, ya era vidente que no se aprobaría ninguna legislación en el Senado, después del más abarcador debate de la historia reciente – con el respaldo del entonces presidente George H. Bush-, sobre las posibilidades de una consulta que ofreciera alternativas de status a la isla.

Por más de un año, a partir de la primavera de 1989, el Congreso había intentado reglamentar una consulta que describiera a fondo las consecuencias de un cambio de status o las posibilidades que se veían entonces de desarrollar el status actual.

En el Senado, el proceso fue liderado por J. Bennett Johnston (Luisiana), entonces presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales.

En la Cámara baja, el proceso lo tramitó principalmente Ron de Lugo, delegado de las Islas Vírgenes, quien era el presidente del subcomité de Asuntos Insulares, aunque dependiente del jefe del Comité de Interior, Morris Udall (Arizona). Era un Congreso demócrata, pero el proceso se puso en marcha de la mano de Bush, padre, y con el apoyo del liderato republicano de los comités con jurisdicción sobre la Isla.

En Puerto Rico, hubo un comité de diálogo formado por representantes de los tres partidos políticos inscritos. Y, para poner en marcha el proceso, los presidentes de los partidos políticos le escribieron al gobierno federal pidiendo definir el futuro político de la Isla.

Con sus limitaciones, sin embargo, frente a un Congreso que suele sacarle el cuerpo a todo lo que no sea mantener o profundizar la relación colonial, la legislación presentó algunas propuestas que no se han vuelto a ver.

Por ejemplo, la legislación asignaba $13.5 millones para ayudar al gobierno de Puerto Rico a ordenar la consulta, incluidos $6 millones para una campaña educativa y $1.5 millones  – ¿Recuerdan ese asunto?- para establecer un mecanismo que permitiera la participación de los boricuas que residen en los Estados Unidos.

Las alternativas de status eran independencia, estadidad y ‘un nuevo Estado Libre Asociado’. Incluyó como cuarta columna la alternativa “ninguna de las anteriores”, la opción que terminó ganando el plebiscito local de 1998.

Hoy la referencia a un “nuevo ELA” requeriría pensar quizá en un concepto como la libre asociación. Lo que el Partido Popular Democrático (PPD) percibía como un nuevo ELA- un pacto que no pudiera romperse sin consentimiento mutuo-, ha quedado descartado por el gobierno federal.

La medida no era vinculante para el Congreso. (Un Congreso no ata al próximo). Tampoco definía las alternativas de status.  Pero, expresaba el compromiso de legislar para implantar la fórmula ganadora, siempre y cuando, claro está, no triunfara la opción de “ninguna de las anteriores”.

En dos ocasiones adicionales la Cámara baja ha aprobado proyectos de ley que impulsaban un plebiscito de alternativas de status: en 1998 con el llamado proyecto Young; y en 2010 con la legislación del entonces comisionado Pedro Pierluisi. Las dos medidas también quedaron engavetadas en el Senado.

Algunos confían aún en que la Cámara baja  – con solo 16 días de sesión después de las legislativas, sin el tema estar en la agenda del Senado y con Donald Trump opuesto a la estadidad -,  moverá hacia delante el proyecto de la comisionada Jenniffer González que ella sostiene tiene la intención de incorporar a Puerto Rico como territorio y propone encaminar un examen de los cambios de leyes que se requieren para convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU..

Pero, aun frente a los súper optimistas, el desenlace parece inminente.

Hoy ciertamente la colonia está al desnudo, tras la imposición de la ley Promesa y la junta fiscal que controla las finanzas públicas de la Isla.

Pero, en Washington, con un proceso de quiebra territorial en marcha, no aparece voluntad para ir más lejos- en el mejor escenario para el gobierno del PNP -, de lo que se fue hace 28 años.