La renuncia de Eric Holder a la secretaría de Justicia de Estados Unidos dramatiza el hecho de que muchos en el gobierno de Barack Obama perciben que se acerca el momento en que el aparato político y gubernamental quedará difuminado por el ciclo presidencial de 2016.

Los más veteranos del gobierno, como Holder, pueden estar exhaustos. 

Otros pueden haber decidido que el mercado de trabajo en la empresa privada es mejor en momentos en que al gobierno de Obama aún le quedan dos años. 

La salida de funcionarios, por ejemplo, tiene descabezado el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico desde hace dos semanas.

Primero dejó la Casa Blanca el que fuera director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, David Agnew. A mediados de septiembre renunció a su posición como secretario asociado de Justicia federal Tony West. Ambos fueron por los pasados 2 años y medios los copresidentes del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.

Aunque Holder nombró como sustituto de West en el puesto de secretario asociado del Departamento de Justicia federal al abogado Stuart Delery, su designación es de carácter interino en espera de que el presidente de Obama haga un nombramiento en propiedad y sea confirmado por el Senado.

El puesto de número 3 de Justicia federal probablemente no se llenará en propiedad hasta que el presidente Obama seleccione un nuevo secretario de Justicia.

Queda en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, valga reconocer, el coordinador del grupo, el puertorriqueño James Albino, quien desde hace unos meses fue nombrado director ejecutivo y ha estado cercano al comité interagencial desde el inicio de la administración del presidente Obama. Albino es el único en ese grupo de trabajo cuyas energías se dedican a tiempo completo a los asuntos de Puerto Rico.

Pero, con la salida de Holder y West de Justicia federal se va parte de la memoria histórica reciente en la jefatura de ese departamento sobre los temas de la Isla. 

Holder es un veterano de ese departamento que lidió cuando era subsecretario de Justicia bajo el gobierno de Bill Clinton con temas como Vieques y la liberación de una docena de prisioneros políticos.

Como el primer secretario de Justicia afroamericano, Holder  ha estado al frente de las decisiones dirigidas a reconocerle derechos a los matrimonios entre personas del mismo sexo, reformar el sistema de sentencias y revitalizar la División de Derechos Civiles.

En torno a Puerto Rico, Holder tiene todavía en sus manos temas como la reforma policial, la petición de clemencia del prisionero político Oscar López Rivera y potencialmente, si hubiese alguna acción en Puerto Rico antes de que salga de su posición, el examen de las definiciones de las alternativas de status de un próximo plebiscito.

Acaba de expresarse a favor de la estadidad para Washington D.C., una posición que había defendido antes como ciudadano privado.

Su argumento de que “ya es tiempo de que todo ciudadano (estadounidense) tenga plenas responsabilidades y derechos”  puede asentarse en la perspectiva de un residente de Washington D.C., donde hay una supermayoría a favor de la estadidad, se pagan todas las contribuciones federales, votan por el presidente de Estados Unidos y eligen un (a) delegado (a) a la Cámara de Representantes, sin voto en el hemiciclo.

Pero, aunque sus comentarios no representen la política pública del gobierno del presidente Obama, causan controversias.

¿Cómo aplica ese principio a los demás territorios? 

Hablar de estadidad para Islas Vírgenes, Guam o Islas Marianas del Norte, donde al nacer también se adquiere la ciudadanía estadounidense, es realmente una quimera, pues por tener pocos habitantes se hace impensable que un día puedan optar por la estadidad.

En el caso de Puerto Rico, la estadidad tiene también sus grandes retos. Pero, no importa lo que se piense sobre las posibilidades de que Puerto Rico sea el estado 51 o el 52,  es un hecho que la Casa Blanca ni el Congreso han actuado bajo la teoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que la estadidad ganó la consulta de noviembre de 2012 en la isla.

Holder – elogiado por liberales y blanco de críticas de los conservadores -, quizá ya no esté en su puesto para cuando, si es que hay los votos en la Legislatura, pueda legislarse en San Juan un nuevo plebiscito local y la Comisión Estatal de Elecciones envíe a la oficina del Secretario de Justicia de Estados Unidos las definiciones de las alternativas de status, para que se examine si cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal. 

Pero, sería muy interesante escuchar como concilia, en torno a jurisdicciones que no son Washington D.C., el principio de que debe haber iguales obligaciones y derechos para todos los ciudadanos estadounidenses. Es probable que no lo quiera explicar en las semanas que le quedan como secretario de Justicia, pero debería.