En su mensaje de ayer con ocasión del 62 aniversario de la Constitución de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla comenzó a hablar de las metas que tiene para ‘desarrollar’ o ‘mejorar’ el status territorial actual.

Al hacerlo adoptó algunas iniciativas que el PPD incluso ha impulsado sin éxito como gobierno, sin necesidad de plebiscito alguno, y que, sobre todo, fueron parte de propuestas de “desarrollo” del ELA en los tiempos de Rafael Hernández Colón.

García Padilla no se apartó en nada de la carta de objetivos que Hernández Colón le leyó al liderato popular en su mensaje del pasado sábado, en el cual definió el “presente y futuro del PPD”.

“Es tiempo de buscar enmiendas al Código Federal de Rentas Internas para incentivar la creación de empleos; es tiempo de explorar mecanismos para proteger la agricultura puertorriqueña; es tiempo de enmendar las leyes de cabotaje o su reglamento; las leyes de transportación aérea para que Puerto Rico pueda determinar el origen y destino de vuelos comerciales; enmiendas adicionales que ya hemos logrado en las leyes del PAN y asistencia social para estimular el trabajo sin perjudicar los beneficios; tiempo de equiparar a Puerto Rico en leyes de beneficio social”, indicó García Padilla.

De cambiar la relación ni un pelo. “Es tiempo de subrayar la bilateralidad de nuestra relación con Estados Unidos”, indicó García Padilla.

Escuchándolo por internet, entendí que dijo “ensanchar” en vez de subrayar. Pero, el texto oficial de La Fortaleza confirma que el Gobernador no ha hablado de un cambio de status.

García Padilla ni siquiera habló de buscar un mecanismo que permita superar lo que Hernández Colón ha querido llamar el “déficit de democracia” en Puerto Rico, la aplicación unilateral de leyes federales por parte de un gobierno en el que los residentes de la Isla no participan.

En la víspera de la conmemoración del aniversario de la Constitución, el secretario de Asuntos Federales del PPD y estratega del Gobernador, José Alfredo Hernández Mayoral, hijo de Hernández Colón, por lo menos expresó la intención de tratar el asunto de la vigencia automática de leyes estadounidenses, otro asunto que históricamente el PPD ha desempolvado cada cierto tiempo.

“El desarrollo del ELA persigue corregir la manera en que automáticamente aplican las leyes federales sin que medie nuestra participación, que se reconozca el derecho de Puerto Rico a suscribir acuerdos internacionales, siempre consistentes con la política exterior de Estados Unidos, y se transfieran competencias ahora federales no esenciales a la unión”, indicó Hernández Mayoral.

Pocos creen que la definición del ELA territorial que haga el PPD se aparte de lo que ya está en el informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, publicado en marzo de 2011, cuando el ELA se definió de la siguiente forma:

“Con la opción de ‘ela’, Puerto Rico seguiría regido, como lo está ahora, por la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. El actual sistema gubernamental de estado libre asociado en Puerto Rico tiene origen en un conjunto de medidas promulgadas (caracterizadas, ya sea como legislación o pacto). Actualmente Puerto Rico tiene significativa autonomía local. El Grupo de Trabajo considera que nunca se debe reducir ni amenazar esa autonomía. En segundo lugar, aunque hay quienes han argumentado que el ‘ela’ no es una opción apropiada, porque se considera de carácter ‘territorial’ o ‘temporal’, el Grupo de Trabajo considera que esta opción debe estar a disposición del pueblo puertorriqueño. En tercer lugar, conforme a las conclusiones legales a las que han llegado previos informes de Grupos de Trabajo, un aspecto de algunas de las propuestas para un ela sigue siendo problemática en términos constitucionales: las propuestas que crearían una relación entre Puerto Rico y el gobierno federal que no podrían alterarse excepto por mutuo consentimiento. El gobierno del presidente Obama ha examinado desde una nueva perspectiva el asunto de las cláusulas de consentimiento mutuo y ha concluido que no sería posible poner en práctica dichas disposiciones porque un Congreso futuro podría optar por modificar la relación unilateralmente”.

La percepción general es que el PPD decide iniciar el proceso hacia la convocatoria de un plebiscito, en el que el Secretario de Justicia de Estados Unidos – Eric Holder, el mismo que tuvo jurisdicción en la supervisión de la definición del ela hecha por la Casa Blanca en 2011-, pasaría juicio sobre la constitucionalidad y legalidad de las alternativas de status, con la única idea de tachar los resultados del plebiscito de 2012 y darle nueva vida al actual status territorial, rechazado por el 54% de los electores.

Hay que reconocer, sin embargo, que aunque hay mucho de nostalgia en el liderato antiguo y nuevo que controla el proceso interno en el PPD, han hecho de la actual relación con Estados Unidos, aunque la reconozcan imperfecta, su ideal.

De otra forma no se puede explicar la contradicción de decir que la estadidad es un espejismo y al mismo tiempo temer que la libre asociación, como expresa Hernández Colón, sea en estos momentos políticamente inviable.

A menos que se refiera a las oportunidades de ganar las próximas elecciones y no al desarrollo político del país.