El lunes, a petición de decenas de grupos cívicos en Puerto Rico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicará una de sus 55 audiencias – una hora-, de su período de sesiones 154 a la situación de los derechos humanos en la Isla.

Durante 20 minutos, grupos cívicos, reunidos por las clínicas de las escuelas de Derecho de las universidades de Puerto Rico (UPR), Interamericana y Santa Clara (California), denunciarán violaciones a los derechos de la comunidad LGBTT, inmigrantes, niños, mujeres, la insistencia federal en implantar la pena de muerte y en mantener encarcelado al prisionero político Oscar López Rivera.

Será la primera vez desde el 2000 que la CIDH – un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, concede una audiencia para tratar temas de Puerto Rico.

Para esta sesión, la misión permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado a las autoridades de Puerto Rico para que sea el gobierno local el que dé la respuesta oficial. Según la CIDH, es un procedimiento regular que gobiernos federales dependan de las autoridades locales.

La ponencia del gobierno de Puerto Rico – que tendrá a su disposición otros  20 minutos-, será leída por el secretario de Justicia, César Miranda, pero junto a él estará el secretario de Estado, David Bernier.

Según los peticionarios de la Isla, por parte del gobierno federal asistirán Angela M. Manso, asesora para Latinoamérica del Departamento de Estado federal, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, James Albino, y representantes del Departamento de Justicia.

Tanto la CIDH como las autoridades estadounidenses – cuyo rol puede depender de las preguntas de los miembros de la comisión, para lo que habrá otros 20 minutos -, y las puertorriqueñas tendrán que hacer malabares para hablar de la situación de los derechos humanos s quieren ignorar la relación colonial a la que se enfrenta la Isla.

Cuando traten temas de inmigración, será imposible olvidar que los que autorizan quien entra y sale de Puerto Rico son los federales.

En el caso de la pena de muerte, los derechos de los homosexuales  y la insistencia en mantener en prisión a Oscar López Rivera, quien cumple en mayo 34 años en cárceles estadounidenses tras ser convicto de sedición por sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), el choque es inevitable.

La Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte. Pero, el gobierno estadounidense, a través de la fiscalía federal de San Juan, sigue intentando imponer esa condena en la isla.

El director de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, Francisco Rivera, ha indicado que aunque el problema de fondo es el poder federal, el gobierno de Puerto Rico no está exento de responsabilidad.  “El gobierno de Puerto Rico tiene un rol que jugar ya que ha voluntariamente accedido a firmar un memorando de entendimiento que le concede a las autoridades estadounidenses jurisdicción sobre crímenes violentos que pueden estar sujetos a una pena capital. Uno de los reclamos que hacemos es que el gobierno de Puerto Rico cese de facilitar ese tipo de colaboración”, indicó Rivera, quien fue oficial jurídico en la Corte Interamericana de Justicia, que como la CIDH forma parte del sistema de derechos humanos de la OEA.

En Puerto Rico y la diáspora hay un fuerte reclamo – que incluye a las más altas autoridades gubernamentales y políticas de la Isla -,  a favor de que el presidente Obama acepte la solicitud de clemencia presentada en 2011 por López Rivera y se le permita regresar a casa.

Sobre los derechos de los homosexuales, la postural liberal la aporta el gobierno estadounidense. Es muy posible que este mismo verano el Tribunal Supremo de Estados Unidos tenga finalmente que enfrentarse a la pregunta si es constitucional que un gobierno estatal pueda prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Desde 2012, el gobierno del presidente Barack Obama dejó de defender el estatuto federal que reconocía el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Aunque la ley fue invalidada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, todavía los gobiernos estatales tienen la discreción de decidir si lo reconocen o no.

En una demanda federal en San Juan, el gobierno de Puerto Rico ha mantenido la defensa del estatuto puertorriqueño que solo valida el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Pero, la  decisión está, otra vez, en manos de Washington.

Tanto la OEA como la CIDH han eludido, como hace el gobierno federal incluso tras el plebiscito de 2013, tomar una posición clara en contra de la situación colonial a la que aún se enfrenta Puerto Rico, cuyos residentes no eligen ni al presidente ni a los miembros del Congreso que aprueban leyes que rigen en la Isla.

Cuando Eduardo Villanueva declaró en el 2000 ante la CIDH a nombre del Colegio de Abogados de Puerto Rico, como pasado presidente de la organización, sus denuncias se centraron en la imposición de la pena de muerte, los entrenamientos de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y los prisioneros políticos puertorriqueños en cárceles estadounidenses.

A aquella audiencia no compareció un representante de EEUU, según Villanueva. Menos aún se invitó a alguna autoridad de la Isla. “Tuve la sensación que fue proforma”, indicó Villanueva.

Esta vez, los temas a presentarse pueden ser más amplios.

En una sesión informativa esta semana, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que la decisión de incluir la situación general de los derechos humanos de Puerto Rico en la audiencia refleja que “es uno de los temas de mayor interés en esta perspectiva general”.

La selección de las audiencias – se aceptaron 55 de las 183 solicitadas- “es una buena ventana de la agenda del continente”, agregó Álvarez Icaza. El secretario ejecutivo de la CIDH dijo que dependerá de los peticionarios si el debate sobre el status de Puerto Rico es puesto sobre la mesa, aunque afirmó que la comisión suele centrarse en los asuntos “que puede resolver”.

En el pasado, el independentista Juan Mari Bras, el ex gobernador Pedro Rosselló y el abogado estadista Gregorio Igartúa acudieron ante la CIDH en busca de alguna expresión que confrontará a Estados Unidos con la falta de derechos políticos de la isla dentro del sistema federal estadounidense. Nada pasó.

En 2009, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a preguntas de El Nuevo Día, aceptó que la situación colonial de Puerto Rico es un asunto que “Estados Unidos probablemente no quiera tratarlo aquí, pues lo ve como un tema de carácter interno. Los temas de esa índole siempre cuentan con el consentimiento de los países, al igual que en los temas limítrofes”.

Hay denuncias que el gobierno de Puerto Rico tiene que responder.

Otras, claramente, vuelven a acentuar la subordinación política de Puerto Rico  frente a  Estados Unidos y la respuesta debe darla el gobierno del presidente Obama. Hablando de derechos humanos, son denuncias que no se pueden ocultar.