Cuando en la Casa Blanca se salen del libreto oficial en torno a los asuntos de Puerto Rico, hablan con  franqueza.

Debe ser la razón por la cual el gobierno del presidente Barack Obama ha sido tan parco sobre los asuntos de Puerto Rico en los últimos tres años.

Repasemos el récord.

Tras el plebiscito de noviembre de 2012 y luego de 24 días de silencio, los entonces copresidentes del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, David Agnew y Tony West, indicaron que el pueblo de Puerto Rico había hecho claro en esa consulta que “quiere resolver el asuntos del status”.

Solo tres días después, Jay Carney, entonces secretario de prensa del presidente Obana, fue preguntado cómo el presidente Obama iba a ayudar a los estadistas a impulsar su ideal, una vez “el 61% de los puertorriqueños votó por la estadidad”.

En lo que buscaba la declaración oficial de la Casa Blanca que hicieron pública antes Agnew y West, Carney no pudo evitar decir que el resultado, “a causa del mismo proceso”,  fue “un poco menos claro” que lo que afirmaba la pregunta.

Esa misma noche, respondiendo al coraje de los estadistas, el que era portavoz hispano del presidente Obama, “clarificó” las expresiones hechas por Carney.

“Los resultados fueron claros. El pueblo de Puerto Rico quiere que el asunto del status se resuelva y una mayoría favoreció la estadidad en la segunda pregunta. Ahora le toca al Congreso actuar y la administración trabajará con ellos en ese esfuerzo, para que el pueblo de Puerto Rico pueda determinar su futuro”, expresó Luis Miranda, como portavoz de Asuntos Hispanos de la Casa Blanca.

Con el tiempo, la espontaneidad de Carney está más acorde con las acciones de la Casa Blanca.

La Casa Blanca se limitó a partir de la primavera de 2013 a echar hacia delante un lenguaje impulsado por el propio comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que ha dejado en manos del gobierno de Puerto Rico reglamentar el próximo plebiscito. El lenguaje se tramitó a través de los comités de Asignaciones del Congreso, no por medio de las comisiones con jurisdicción en el status de la Isla.

La administración del gobernador García Padilla, sin embargo, se ha propuesto aceptar la iniciativa federal, que a cambio de $2.5 millones para la campaña educativa del plebiscito, permitiría que el Secretario de Justicia de Estados Unidos revise la constitucionalidad y legalidad de las alternativas de status.

Como se sabe, en la Casa Blanca las cuatro alternativas constitucionales incluyen el ELA territorial/colonial actual.

Unos 27 meses después entra en escena el nuevo copresidente del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico, Jerry Abramson, quien dejó el puesto de vicegobernador de Kentucky para sustituir desde mediados de noviembre de 2014 a Agnew como director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

En una reunión que tuvo lugar el 12 de febrero, solicitada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez promovió ante Abramson el reclamo de su colectividad a favor de un proceso encaminado a convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos.

Abramson – sin tapujos – le dijo que en este momento deberían echar a un lado esos esfuerzos, pues esa idea no prosperaría con un Congreso republicano y lo urgente es asegurar que, debido a los problemas de liquidez del Ejecutivo puertorriqueño, Puerto Rico tenga “un gobierno funcionando en tres meses”.

El representante Meléndez ha advertido que se quedó con la fuerte impresión de que Abramson, quien le llamó parlamentario, está aún muy perdido sobre los asuntos de Puerto Rico.

Los populares respondieron que las expresiones que le atribuye Meléndez a Abramson denotan que conoce muy bien el escenario a que se enfrenta la estadidad.

Cada cual tendrá su teoría.

Pero, lo evidente es que en la Casa Blanca son francos y campechanos cuando no tienen de frente – o ignoran-, el libreto que suelen dar a la publicidad.