Puede habérselo tomado a broma, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la semana pasada a los estadistas que el respaldo electoral que muestre el sector republicano en Puerto Rico es clave a la hora de evaluar, en algún momento, una propuesta para convertir la isla en el estado 51 de EE.UU..

Debatir los resultados del más reciente plebiscito o considerar una propuesta de estadidad ni siquiera está en la agenda del Senado y aún no está claro qué quiere hacer el liderato republicano de la Cámara baja con la próxima legislación pro estadidad que más de un año después del plebiscito todavía no ha presentado la comisionada Jennifer González.

Pero,  el criterio partidista tendrá peso en cualquier decisión futura sobre una legislación referente al  status político de Puerto Rico, como lo ha tenido en el pasado. “Cuando me refiero a la política (es que la afiliación partidista) sería parte de la evaluación. Creo que los republicanos, por lo menos, van a pensar sobre eso”, dijo el congresista republicano Steve Chabot (Ohio), un mes después del plebiscite de junio de 2017, en el que – en medio de un boicot de los partidos de oposición y con una participación de solo 23%-, la estadidad obtuvo 97%.

Cuando era líder de la mayoría republicana del Senado, a Trent Lott (Misisipi) se le preguntó si rechazaba la estadidad porque Puerto Rico probablemente enviaría dos demócratas más al Senado. Respondió que no solo por eso, sino por los demócratas que enviarían a la Cámara de Representantes.

En 2015, cuando llegaba a la presidencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes  y aún no estaba comprometido con la estadidad, el republicano Rob Bishop (Utah), fue preguntado por El Nuevo Día sobre ese debate.  ¿Es ese el principal problema de la propuesta de estadidad para Puerto Rico?, se le cuestionó, al recordarle las expresiones del senador Lott.

“Puede estar en la mente de algunos, pero no creo que sea una razón válida. Si Puerto Rico quiere elevar la oportunidad de ser un estado, si esa fuera la meta, si se mira a la historia es un asunto a considerar internamente. En Utah se puede decir que se condicionó la estadidad a  la existencia de un sistema viable de dos partidos (republicano y demócrata). Antes había un partido mormón y otro no mormón.  Se buscó la forma de que hubiese republicanos y demócratas mormones, y republicanos y demócratas no mormones, y que trabajaban juntos. Si Puerto Rico decide tener como meta la estadidad puede mirar ese modelo como una forma de mejorar sus oportunidades, pero el potencial respaldo a un partido nunca debe ser la razón para estar a favor o en contra de una propuesta de estadidad”, señaló entonces Bishop.

Cuando se han contado los votos en el pleno de la Cámara de Representantes de EE.UU. en torno a un proyecto de ley para convocar a un plebiscito federal de alternativas de status sobre el futuro político de la Isla – 1998 y 2010-, solo uno de cada cinco republicanos ha estado a favor.

En las dos últimas primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico en que ambos partidos han salido a votar– 2008 y 2016-, los demócratas aventajaron 2 a1 a los republicanos en participación electoral.

De acuerdo a Latino Decisions, los electores boricuas de Florida – a pesar de que muchos se identifican como independientes-, favorecieron a Hillary Clinton en 2016 en proporción de 8 a 2. Otras encuestas colocaron la ventaja de Clinton sobre Trump en Florida 7 a 3. Sin duda, un margen abrumador de boricuas de Florida votando a favor de la candidata demócrata.

En el resto de EE.UU., ha sido evidente, históricamente, la fuerte vinculación de los electores puertorriqueños con los demócratas.

Con un Senado muy dividido (51 republicanos frente a 49 del caucus demócrata) y en el que se necesitan 60 votos para legislar sin contar la minoría, cualquier escaño senatorial vale oro.

Bajo ese trasfondo deben medirse las expresiones de Trump, quien en octubre pasado, cuando invitó a Rosselló a la Casa Blanca a un mes de la devastación provocada por el huracán María, también fue preguntado en torno a la propuesta de estadidad para Puerto Rico. Aquel 20 de octubre, el tema lo trajo un periodista, no el gobernador, y Trump advirtió que no conversaban de eso en la reunión y que tomar una posición sobre el asunto le iba a “meter en problemas”.

Esta vez, cuando los republicanos no han podido avanzar en Washington la idea de que el plebiscito de 2017 les debe garantizar una oferta de admisión de Puerto Rico como estado, Rosselló optó por traerle el tema a Trump en una reunión almuerzo rodeado de republicanos, incluidos otros siete gobernadores y el vicepresidente Michael Pence.

Ante las expresiones del jueves de Trump, el gobernador Rosselló le dijo que Puerto Rico sería un estado federado que lo mismo elegiría demócratas que republicanos (battleground state).

Trump recurrió entonces a elogiar la capacidad de trabajo de Rosselló y acentuar  que el gobernador supo aprovecharse de la emergencia causada por el huracán María para reclamar fondos federales para rehacer una red eléctrica que estaba prácticamente “inservible y en bancarrota” antes del ciclón.

Las elecciones legislativas estadounidenses tendrán lugar en cuatro meses y medio. Para Trump, pueden definir el resto de su mandato.

De cara a ese proceso, el gobernador Rosselló, vinculado a los demócratas en EE.UU.,  ha indicado que se dedicará a hacer campaña por los que considera que han ayudado a Puerto Rico y específicamente ha señalado que se fijará en los que respaldaron la reforma contributiva federal –como Trump -, sin darle un trato preferente a las empresas ‘foráneas’ con base en la Isla.

Bajo el criterio de la reforma contributiva federal y como demócrata,  Rosselló eso significaría que estaría haciendo campaña básicamente en contra de miembros de la mayoría republicana del Congreso. Eso ni a Trump ni a nadie le debe sorprender.