Todo es ahora un compás de espera.

El gobernador Ricardo Rosselló debe presentar próximamente  a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico su proyecto de presupuesto para el año fiscal federal 2018-2019.

De acuerdo a ley Promesa, el proyecto va primero a la JSF y luego a la Legislatura.

Rosselló prefirió el viernes crear alguna incertidumbre en torno a si presentará el proyecto de ley de presupuesto, ante las diferencias que tiene con la junta en torno a las reformas estructurales que exige, las que en gran medida había acogido pero retiró al diferir sobre las condiciones para ponerlas en marcha.

Lo más probable es que el gobernador Rosselló seguirá con el proceso que le impone la ley Promesa y le enviará a la JSF su proyecto de presupuesto.

No obstante, por lo que ya ha dicho el gobernador Rosselló, su proyecto no cumplirá con el plan fiscal, pues, entre otras cosas, no contemplará una reducción promedio de 10% en el pago de las pensiones de los jubilados del gobierno.

Rosselló y el liderato legislativo, además, han descartado aprobar una reforma laboral como la que ordena la junta, la cual requiere que en la empresa privada se reduzca a 14 días el total conjunto de las licencias de vacaciones y enfermedad; que no sea mandatorio el bono de Navidad; y que el patrono tenga, sin consecuencias, el poder de despedir a un empleado cuando le parezca.

La JSF ha pedido que la Legislatura apruebe la reforma laboral a más tardar del 31 de mayo.

Todo indica que eso no va a ocurrir.

Como dejó claro en las sesiones de la semana pasada, si el gobierno no les aprueba una reforma laboral, la JSF reducirá más el presupuesto, para cumplir con sus proyecciones económicas, que expertos han considerado fantasiosas.

Bajo el plan fiscal del gobierno central aprobado el pasado jueves, los recortes incrementales del presupuesto alcanzarían casi los $3,000 millones de cara a junio de 2023.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha sugerido que ante las diferencias que existen y reconociendo que la junta tiene la última palabra sobre el presupuesto, lo mejor es ni considerar un nuevo proyecto.

¿Para qué presentar un nuevo proyecto de presupuesto – dice, en otras palabras, el senador Rivera Schatz-,  si la JSF va a virarlo patas arriba, pues las propuestas del gobierno de Rosselló no cumplirán con el plan fiscal?

Bajo la Constitución de Puerto Rico – la que la ley Promesa aplastó sin contemplaciones hace casi dos años-, si no hay un nuevo presupuesto aprobado para el 1 de julio, se pone en vigor el vigente. No obstante, bajo la ley Promesa, la última palabra sobre los planes fiscales y el presupuesto reside en la junta.

El gobernador Rosselló parece confiado en que le ganará a la JSF una batalla judicial sobre las reformas al sistema de pensiones y en las normas laborales,  con la esperanza de evitar que la junta creada por el Congreso no solo le defina el tamaño del cuarto sino que además le seleccione los muebles, determine dónde colocarlos, y le adorne las paredes.

“Nosotros proveemos el cuarto, ustedes los muebles”, había dicho antes de la aprobación del primer plan fiscal el presidente de la JSF, José Carrión III.

Un año después puede querer enmendar también esos comentarios. Imponer una reforma laboral no es simplemente limitar el tamaño del cuarto, sino amueblar y pintar toda una pared.

La semana pasada, al abrir su nueva oficina en Washington, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, abogó por derogar Promesa.

El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el exsenador Fernando Martín, consideró que el plan fiscal para el gobierno central certificado por la JSF es “una señal inequívoca” de que con Promesa, no simplemente como era evidente se hundía más a la Isla en el sistema colonial, sino que se ha impuesto “una tiranía”.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá suele contar cómo el exgobernador Rafael Hernández Colón le advirtió en una reunión a Antonio Weiss, entonces consejero del secretario Jacob Lew y responsable de las finanzas domésticas del Departamento del Tesoro, que Promesa haría a Puerto Rico “ingobernable”.  (Más ingobernable, quizá quiso decir).

Ciertamente, la controversia sobre las reformas estructurales del gobierno tiene el potencial de determinar el marco de acción de la JSF sobre asuntos que trascienden el tamaño del gasto público.

Pero, ya comentaba en el blog anterior, no es un esfuerzo por acabar con la ley Promesa, ni con la junta y menos aún con el proceso de reestructuración de la deuda pública que permite el estatuto.

Rosselló apuesta su nueva oposición a la reforma laboral a lograr resultados con una posible batalla judicial.

Sin embargo, es posible que la controversia no llegue al tribunal y que la JSF imponga su criterio con nuevos recortes, a través del claro poder que tiene para decidir los presupuestos.

Aunque el presidente del Senado dice que trabajará a favor de derogar el estatuto y buscó retar al Congreso cerrándole el acceso a la JSF a nuevas asignaciones del gobierno de Puerto Rico, ni el gobernador ni la comisionada Jenniffer González parecen apoyar ese camino.

El plan del gobernador ha estado centrado en limitar los poderes de la junta, no en hacerla desaparecer. En otras palabras, la resistencia del gobierno de Rosselló busca retener la autoridad para decidir cómo amueblar el cuarto.