A menos que haya un proceso de apelación acelerado en el foro judicial federal, cualquier esfuerzo a corto plazo del gobierno de Puerto Rico por tener un marco  jurídico para reestructurar las corporaciones públicas que están a un paso de la insolvencia ha quedado en manos del Congreso estadounidense.

Esta semana, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tiene previsto revivir la legislación que busca enmendar la ley federal de quiebras para incluir las corporaciones del gobierno de Puerto Rico entre las entidades que pueden acogerse al capítulo 9 del estatuto.

Así lo tenía programado Pierluisi antes de que un juez federal – Francisco Besosa -, anulara el viernes en la noche la ley criolla de quiebras, que buscaba llenar el vacío dejado por el Congreso cuando dejó fuera a Puerto Rico del capítulo 9.

Besosa concluyó, básicamente, que debido a que el Congreso excluyó a Puerto Rico del capítulo 9, la Legislatura puertorriqueña estaba impedida de tomarse el atrevimiento de tratar de regular un proceso de reestructuración de deuda para unas empresas públicas cuyas finanzas gritan a viva voz auxilio, aunque el gobierno prefiera, por el momento, seguir pateando la lata hacia al frente.

Para Besosa, la ley federal, al negarle a la Isla el procedimiento de quiebras para sus empresas públicas y municipios, bloquea la posibilidad de legislar en San Juan su propio mecanismo, aún cuando sea – como en el caso de la ley 71 de 2014-, prácticamente una copia del proceso federal.

Lo irónico es que en el Congreso nunca hubo un debate sobre por qué excluir a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Una investigación sobre el historial legislativo del código de quiebras – publicada en Penn Wharton Public Policy Initiative, de la Universidad de Pensilvania -, revela que la exclusión de Puerto Rico se dio casi por arte de magia. Simplemente, por que sí.

Al aprobarse en 1978 el código federal de quiebras no se describió el significado de la palabra estado dentro del estatuto. Debido al status político de Puerto Rico cuando surge ese vacío en la ley, la vinculación de la legislación con la Isla puede quedar sujeta a interpretación.

Un año después, sin embargo, el senador demócrata Dennis DeConcini (Arizona), presentó el proyecto 658 dirigido a enmendar la nueva ley y aclarar que Puerto Rico, Washington D.C., la zona del canal de Panamá y otros territorios estadounidenses estarían incluidos en la definición de ‘estado’ para fines de la ley, agrega el artículo.

La medida de DeConcini fue aprobada en el Senado, pero cuándo fue a votación en el Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes se incluyó una enmienda que añadía a Puerto Rico y Washington D.C. en la definición de estado, pero con excepción del capítulo 9.

El proyecto del senador DeConcini nunca se convirtió en ley, pero  la enmienda a su legislación que se incorporó en la medida cameral terminó siendo aprobada en 1984 – indica Penn Wharton-, y es ahora el motivo de la legislación que someterá Pierluisi.

Invalidada la ley criolla de quiebras, el gobierno de Alejandro García Padilla – paradójicamente-, puede afianzar su rechazo a  reestructurar  en este momento la deuda de las corporaciones públicas a través de un tribunal.

En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la más cercana a la insolvencia, con una deuda que ronda los $9,000 millones, fueron las firmas de inversiones Blue Mountain y Franklin Templeton, las que llevaron el caso federal para que se declarara inconstitucional la ley criolla.

El abogado de Blue Mountain, Matthew MgGill, había expresado reservas con la posibilidad de tener que litigar una reestructuración de la deuda de la AEE en los “tribunales en que se habla español” de Puerto Rico, pues considera que en ellos los abogados estadounidenses no están en su “propio terreno”.

La decisión de Besosa fortalece a los accionistas. Ante un proceso de reestructuración extrajudicial, el gobierno de Puerto Rico no tiene ahora como escudo la ley criolla.

Los accionistas asumen más poder dentro de la negociación. Como el pirata somalí le dijo  al ‘Captain Phillips’ de la película de Hollywood, los bonistas estadounidenses se le acercan al gobierno de García Padilla  y le advierten, obviamente en inglés, “listen to me, listen to me, I’m the captain now”.