Tras la primera vista pública sobre el status político de Puerto Rico en el Congreso en seis años y en espera de una segunda, la atención esará en la respuesta que ofrezca el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la legalidad y la constitucionalidad de los dos proyectos de status que tiene ante su consideración el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

Las probabilidades de avanzar alguna medida siguen siendo muy improbables, sobre todo por la advertencia del liderato del Senado de que el 52.5% que obtuvo la estadidad en el plebiscito del 3 de noviembre no es suficiente para avanzar esa propuesta de status.

El presidente del Comité, Raúl Grijalva (Arizona), hizo claro la complicación a la que se enfrenta si decide tratar de avanzar una medida en su comisión, ante  las divisiones que hay en San Juan y Washington en torno a este asunto.

Los demócratas están divididos sobre los proyectos que tienen ante su consideración, y el interés de los republicanos en echar adelante el debate es mínimo.

Días después del referéndum del 3 de noviembre pasado, Grijalva dijo que no entorpecería una legislación pro estadidad, pero afirmó que “tiene que ser un ejercicio en el que se tenga alguna oportunidad de éxito, no puede ser para solo hacer el gesto”.

Hasta el viernes, el proyecto 1522 del demócrata boricua Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. en favor de un referéndum federal y un proceso de admisión de Puerto Rico como estado tenía el respaldo de 46 demócratas y 15 republicanos.

Mientras, el proyecto 2070 de las demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez – que busca vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status no territoriales que puedan ser llevadas a votación en orden de preferencia- amarra el apoyo de 77 demócratas.

Los dos proyectos tienen en este momento el mismo nivel de apoyo dentro del Comité de Recursos Naturales.

Ocho miembros del comité han apoyado el proyecto pro estadidad y ocho han respaldado la legislación de Velázquez y Ocasio Cortez. (Uno de esos es el delegado de Guam, Michael San Nicolas, que ha respaldado ambas medidas).

Ed Case (Hawai), quien no ha apoyado ninguna de las medidas,  dijo en la audiencia que está inclinado a respaldar el proyecto pro estadidad, pero cuestiona si el 52.5% de respaldo que obtuvo la estadidad en el referéndum del 3 de noviembre (52.5%), es suficiente para echar la legislación a andar. Case comparó el resultado de noviembre pasado con el 93% que llegó a obtener la estadidad en su estado.

Ningún otro miembro del comité se solidarizó con alguna de las medidas, que requerirían el apoyo de hasta 25 de los 48 miembros del comité para llegar al pleno de la Cámara baja.

Aunque no logró nuevos endosos republicanos, González consiguió que varios miembros de su caucus – entre ellos el líder de la minoría, Bruce Westerman (California)- impugnaran el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez.

Con ello pareció quedar a un lado la posibilidad de que la minoría republicana del comité – aunque solo dos adicionales a la comisiona se solidaricen con la medida de González-, puedan acercarse al proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez.

A Westerman, quien ha estado silente sobre la propuesta de estadidad, le parece antidemocrático elegir delegados a una Convención sin fecha de expiración y criticó también que no se definan las alternativas de status que estarían en discusión.

La profesora Christina Ponsa Kraus, de la Escuela de Derecho de Columbia University, fue la principal testigo opuesta a la legislación 2070, cuestionando, entre otras cosas, que la medida no defina las alternativas de status fuera de la cláusula para territorios – lo que teme abra la puerta a una definición irreal de asociación con EE.UU.-, y descartando que los resultados de la convención puedan ser obligatorios para un próximo Congreso.

El republicano Garret Graves (Luisiana), por su parte, trajo a la atención del comité el hecho de que el proyecto pro estadidad, que persigue un proceso de admisión de un máximo de 12 meses si los electores de la Isla votaran a favor la estadidad, no entra a definir el impacto de las contribuciones federales en la Isla.

El gobernador Pedro Pierluisi tuvo entonces que reconocer que se necesitará un proceso de transición, de encaminarse la admisión de la Isla, como estado,  por lo menos para las empresas que ahora hacen negocios en Puerto Rico como corporaciones foráneas, que aportan cerca de una quinta parte de las recaudaciones que hace el gobierno de la Isla.

Algunas de las dudas sobre las medidas las pudiera responder el Departamento de Justicia, dependiendo de las preguntas que formuló Grijalva. Su oficina no ha querido divulgar la carta.

Como han planteado los profesores Carlos Ramos González, de la Universidad Interamericana, y Rafael Cox Alomar, de la Universidad del Distrito de Columbia, una pregunta fundamental es si el status territorial vigente debe aparecer en cualquier consulta o proceso de status que avale el gobierno federal.

La respuesta que dio a esa pregunta el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump es que sí.

Bajo la hipótesis de que algún día el Congreso quiera descartar la continuación del territorio como alternativa de futuro para Puerto Rico – un terreno movedizo por sus implicaciones para jurisdicciones que ni siquiera aspiran a la estadidad-, el gobierno federal tendría aún que decidir si considera que el ejercicio de la libre determinación de la Isla se cumple ofreciendo solo la estadidad, o si se requiere un proceso que incluya como alternativas la estadidad, la independencia y la libre asociación.