En unos días se cumple un año de la aprobación en el Congreso y la firma por el presidente Barack Obama de la ley de presupuesto que incluyó un apartado que permite vincular al Secretario de Justicia de Estados Unidos, si el gobierno de Puerto Rico así lo quiere, con un próximo plebiscito de status en Puerto Rico.

Al inicio de 2014 el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) parecía entusiasmado con la idea de echar hacia delante una consulta antes de las elecciones generales.

Pero, entre la crisis fiscal y el tranque interno en el PPD – un comité de expresidentes no ha podido en 127 días ponerse de acuerdo en torno a si quieren una asociación con Estados Unidos dentro o fuera de la cláusula para territorios de la Constitución federal -, nada ha pasado.

De todos modos, con la imagen del gobernador Alejandro García Padilla hundida, según La Encuesta de El Nuevo Día, cualquier acuerdo de consenso o decisión de ir separados a un próximo plebiscito, parece que hará que el gobierno PPD deje la consulta, si es que la convoca,  para las elecciones generales de noviembre de 2016.

Puede que al PPD, internamente, no le convenga forzar un acuerdo sobre un “nuevo” plan para desarrollar el ELA. Pero, si no organizan ahora la consulta de status que quieren, el PNP, favorito para ganar las elecciones de 2016, la ordenará a su gusto, otra vez, el próximo cuatrienio.

El PNP preferiría un referéndum estadidad sí o no cuando no esté en el poder, pues evitarían enfrentarse al voto castigo al que ahora le teme el PPD, pues difícilmente la crisis fiscal esté solucionada al comenzar el próximo cuatrienio.

Al iniciar la nueva sesión del Congreso, en una iniciativa que persigue más que nada mantener la promoción de la estadidad en Washington y avivar sus tropas, el Partido Nuevo Progresista (PNP) insistirá en presentar legislación a favor de un referéndum federal estadidad sí o no, con la intención de vincularlo a un proceso de admisión de la isla como el estado 51 de Estados Unidos.

Pero, aunque consigan finalmente una audiencia pública en la Cámara de Representantes – en el Senado el liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales hizo claro desde agosto de 2013 que la próxima consulta debe ser reglamentada en la isla -, el debate seguirá a nivel local.

Para mover aunque sea al Ejecutivo federal, de acuerdo a la ley federal de enero de 2014, se necesita legislación local y consultar con el Secretario de Justicia de Estados Unidos las alternativas de status.

De todos modos, ante la falta de consenso en Puerto Rico en torno a como  poner en marcha un mecanismo permanente de presión hacia Washington – como pudo ser la Asamblea de Status-, cualquier intento de encaminar una resolución del debate sobre el futuro político de la Isla quedaría para el próximo cuatrienio.

Es evidente. El debate sigue empantanado.