Después de un año de intenso debate en Washington, en los escenarios oficiales de las convenciones presidenciales estadounidenses no hubo una sola palabra sobre la crisis fiscal y política de Puerto Rico.

El tema fue tratado en foros paralelos.

Pero, en el momento más importante de las últimas siete décadas de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, ante la audiencia nacional estadounidense el asunto estuvo prohibido.

¿Casualidad? Por supuesto que no.

El gobierno del presidente Barack Obama lideró el esfuerzo federal por tratar de frenar la crisis fiscal y de deuda, en momentos en que los problemas financieros tocaban a la puerta de los acreedores.

Llamó a reunión a los congresistas boricuas. Ofreció un mensaje radiofónico dedicado exclusivamente a la Isla. Nunca reconoció como la ley PROMESA hundía a la isla en un hueco colonial más profundo y acababa con el mito de respeto al gobierno propio local.

Hillary Clinton emitió declaraciones constantes pidiendo atención a la crisis fiscal y respaldando un nuevo proceso de status.

Pero, como el presidente Obama, a la hora de la verdad, tampoco reconoció públicamente el lado político de la respuesta que daba el gobierno federal a la crisis fiscal de la Isla.

Los que se quejaron del asunto en la convención presidencial demócrata de Filadelfia fueron delegados de Puerto Rico del senador Bernie Sanders, que con actos de protesta en el interior del Wells Fargo Center, repudiaron la junta federal de control fiscal y demandaron que los demócratas reclamaran un proceso de descolonización y la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera.

En el libreto oficial, ni una sola palabra.