Antes de lo esperado el gobierno de Donald Trump y, por lo menos el liderato del Senado, van a tener que poner su atención en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones fiscales de gobierno de Puerto Rico y en cómo marcha el proceso de reestructuración de la deuda pública.

La determinación del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional el proceso de nombramientos de los miembros de la JSF puede ser apelada y pasar varios meses bajo análisis del Tribunal Supremo de EE.UU..

Pero, la Casa Blanca y el liderato del Senado tienen que comenzar a pensar en alternativas.

Si no hay apelación, tienen 90 días para ratificar a los actuales miembros o echar a andar el proceso de confirmación de siete nuevos miembros.

Si hay apelación, quizá, el proceso vaya de forma expedita al Tribunal Supremo estadounidense, que presumo intentaría tener una decisión antes de su receso de verano, pues de todos modos los nombramientos de los actuales miembros de la JSF vencen en agosto.

Pasemos revista. El Primer Circuito decidió que el proceso que estableció la ley Promesa en torno a la designación de los siete miembros con plenos derechos de la Junta viola el poder de nombramientos del presidente de EE.UU..

Bajo la ley Promesa – firmada por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016 -,  el inquilino de la Casa Blanca escogió seis candidatos entre los listados que le presentaron el que fuera speaker Paul Ryan (dos), el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (dos), y los entonces líderes de la minoría cameral, Nancy Pelosi (uno), y senatorial, Charles Schumer (uno).

Ese procedimiento produjo un balance de cuatro miembros de la junta identificados con los republicanos de EE.UU. – José Carrión, Carlos García, David Skeel y Andrew Gibbs-, y tres con los demócratas – José Ramón González, Ana Matosantos y Arthur González.

La legislación también permite que los nombramientos fueran enviados al Senado, para ser confirmados por la mayoría republicana. Pero, nadie pensó entonces que el presidente Obama, tras el consenso bipartidista sobre Promesa y con un Senado dominado por los republicanos, optaría por tramitar los nombramientos bajo el esquema constitucional tradicional. La ley, a su vez, solo daba dos meses para nombrar y confirmar a los integrantes del ente fiscal.

Ahora, el Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston (Massachusetts) y que tiene bajo su jurisdicción los casos federales que se deciden en Puerto Rico-, ha determinado que el método alternativo de la ley Promesa violenta la cláusula constitucional sobre el poder de nombramientos del presidente de EE.UU..

De acuerdo a la decisión liderada por el juez Juan Torruella, el Primer Circuito ha invalidado los nombramientos de los siete miembros con plenos derechos de la JSF, por entender que se trata de “funcionarios federales principales” que requerían ser designados por el presidente con el consejo y consentimiento del Senado.

Los 90 días que ha dado el tribunal para el presidente Trump y el Senado ponerse de acuerdo en  ratificar los actuales miembros de la Junta o confirmar nuevos integrantes, es el mismo período de tiempo que tienen las partes para decidir si recurren al Tribunal Supremo estadounidense.

La Casa Blanca ha guardado distancia sobre el proceso de reestructuración de la deuda y el funcionamiento de la junta.

Trump, sin embargo, ha hecho algunos comentarios. Cuando estuvo en Puerto Rico el 3 de octubre de 2017  –dos semanas después del azote del huracán María–, Trump dijo a la cadena Fox que la deuda pública de la isla debía ser cancelada. Pero  luego, el ahora jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, indicó que Trump quiso decir que “el presidente sabe que para que Puerto Rico se arregle a sí mismo va a tener que lidiar con esa situación de deuda”.

El presidente Trump, además, ha cuestionado que el dinero asignado a Puerto Rico para mitigar el desastre causado por el huracán María pueda aumentar el pago a los acreedores.

El Senado, por su parte, estuvo en gran medida desvinculado del proceso de redacción de la ley Promesa, que se manejó desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

Aunque los republicanos  controlan el Senado 53-47 y ahora pueden aprobar nombramientos sin el requisito de la supermayoría de 60 votos, no necesariamente habrá unanimidad entre los mismos republicanos y garantía de que cada una de las designaciones que pueda hacer el presidente Trump serán ratificadas.

Por ejemplo, en 2016, hubo voces republicanas no comprometidas con Promesa.

Uno de ellos fue el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Charles Grassley. Otro que mostró reparos públicamente con la legislación fue el ahora ex senador Orrin Hatch, quien entonces presidía el Comité de Finanzas.

Por su parte, miembros del caucus demócrata –como  Robert Menéndez y  María Cantwell– fueron al hemiciclo a objetar la legislación, principalmente preocupados con el hecho de que la ley Promesa hundió más a Puerto Rico en la relación colonial con Estados Unidos.

“La legislación le quita derechos democráticos y el gobierno propio a Puerto Rico”, indicó, entonces, por su parte, el senador independiente Bernie Sanders, quien esta semana puede anunciar una nueva precandidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

De Trump proponer redesignar a los miembros  de la Junta –antes de que expiren sus nombramientos en agosto–, pudiera haber además una oportunidad para el Senado cuestionar a los funcionarios del ente fiscal sobre la reestructuración de la deuda, denuncias de conflictos de intereses y las  medidas de austeridad.

¿Cuestionarán los demócratas al republican Carlos García sobre las decisiones que tomó como presidente del Banco Gubernamental de Fomento? ¿Querrá Ana Matosantos, ahora que es alta funcionaria del gobierno de California, someterse al interrogatorio de los republicanos del Senado?

Otro ángulo que queda pendiente por precisar es si la decisión del Primer Circuito de Apelaciones genera interés en el Congreso por revisar la ley Promesa.

Según el constitucionalista Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, el Congreso no tiene que enmendar Promesa de inmediato. Pero, en su momento pueden tener que corregir el “defecto constitucional” como entiendan necesario si se confirmara la decisión del Primer Circuito de Apelaciones.

Este fin de semana, la coalición Vamos por Puerto Rico exhortó al Congreso a aprovechar la decisión judicial para revisar la ley Promesa y eliminar la junta.

En el pasado, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que quisiera revisar la ley, en busca de suavizar los poderes de la junta.

Sin embargo, sigue siendo cuesta arriba tratar de lograr consenso para revisar Promesa.

Por el momento, aunque el Primer Circuito de Apelaciones federales ha tocado a la puerta de las esferas políticas de Washington, la Casa Blanca y el liderato del Congreso han optado por el silencio. Esta semana, ambas cámaras legislativas estadounidense estarán en receso.

Pero, el gobernador Ricardo Rosselló, como los demás miembros de la Asociación de Gobernadores de EE.UU., tienen una cena el domingo y una reunión de trabajo al día siguiente en la Casa Blanca.

Además, el martes 26, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado llevará a cabo una audiencia para examinar la situación de los territorios. El gobernador Rosselló será una de los ponentes.

La sesión del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado ya era una oportunidad para repasar asuntos generales de la recuperación y la reconstrucción de Puerto Rico. La incertidumbre sobre la composición de la junta es ahora otro tema obligado.