Durante el último año, las autoridades puertorriqueñas han tenido tiempo para prepararse y reformar el Código Civil de acuerdo a la realidad social.

Como en tantas otras cosas, han optado por ver la historia pasarle por el frente.

Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó en junio de 2013 la parte fundamental de la ley federal que reconocía el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, los expertos consideraron que la mayoría de los jueces habían decidido darle tiempo a los gobiernos estatales para que modernizaran sus estatutos.

Por ello, en aquel momento, la decisión del Tribunal Supremo estadounidense se limitó a advertir que ningún beneficio federal deberá negarse a parejas del mismo sexo casadas legalmente.

La determinación significó que en términos de acceso a beneficios médicos, tributarios y de la seguridad social, entre otros, el gobierno federal tiene que reconocer como matrimonio  las uniones de personas del mismo sexo formalizadas en un estado o jurisdicción en la que se autorizan esos casamientos.

Para la mayoría del Tribunal Supremo federal, el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que reconoce la Constitución estadounidense no puede distinguir si se quiere como pareja a una de persona del otro género o del mismo sexo.

De ahí en adelante pasó lo inevitable. 

Bajo el mismo argumento, parejas del mismo sexo y grupos pro derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), comenzaron a reclamar en los tribunales federales de distrito que reconocieran el matrimonio gay. Desde entonces se han emitido 14 decisiones federales favorables sobre el asunto, en 10 estados.

Hoy, 19 estados y Washington D.C. validan los matrimonios entre personas del mismo sexo, yendo por encima de estatutos y referendos que lo prohibían. Ello supone que el 44% de los estadounidenses vive en una jurisdicción en la que se validan los matrimonios gay. La decisión más reciente ocurrió el lunes en Pensilvania.

En todo el noreste de Estados Unidos, incluidos todos los estados que como Puerto Rico están bajo la jurisdicción del Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston (Massachusetts), las parejas del mismo sexo pueden casarse y gozar de los mismos privilegios de los heterosexuales.

Ahora el asunto toca a las puertas del Tribunal Federal de San Juan y del gobierno de Puerto Rico.

En marzo, pasado Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, casadas en Massachusetts hace 10 años, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de San Juan para que el gobierno de Puerto Rico reconozca los matrimonios de personas del mismo sexo validados en otras jurisdicciones.

“Deseamos disfrutar de los mismos privilegios sociales y derechos contractuales que se confieren en el Estado Libre Asociado a individuos de matrimonios de distinto sexo, distanciadas y discriminadas en comparación con otros ciudadanos de Estados Unidos. La ley en Puerto Rico excluye el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo legales, denegándonos derechos en violación a la décimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, indica la demanda de Conde Vidal y Álvarez Vélez.

La demanda va a ser enmendada para añadir entre cinco y nueve parejas adicionales, así como una organización estadounidense pro derechos civiles..

Por considerar que tiene las manos atadas, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, va a defender la política pública actual del gobierno de la Isla, que expresamente rechaza el matrimonio gay,

En algunos sectores del Partido Popular Democrático (PPD) – el senador Miguel Pereira es claramente uno de ellos-.hay voluntad para revisar el Código Civil que regula los matrimonios y razonar que el derecho a casarse de dos personas que se aman no puede depender del sexo que les atrae. Pero, no tienen prisa.

Hace más de un año el gobernador Alejandro García Padilla apoyó que personas del mismo sexo puedan adoptar. Nada ha pasado.

En medio de la presión de sectores socialmente conservadores, la estrategia  de los políticos– de populares y penepés -, parecería ser dejar que la judicatura federal decida por el gobierno de Puerto Rico. Prefieren mirar para el otro lado y esperar a que un tribunal federal –  en San Juan o en Boston -, imponga lo inevitable.

Apuestan a que la imposición federal les saque las castañas del fuego.

Dirán que el asunto estuvo fuera de su control. Pero, la realidad es que han preferido taparse los ojos y no dar la cara.