Al que no está convencido de lo difícil que es acabar con el lastre de los ‘casos insulares’ resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, las expresiones recientes del juez federal de apelaciones Juan Torruella le deben ayudar a avanzar hacia esa conclusión.

Torruella, quien no oculta su ideología estadista, ha luchado desde su curul en el Primer Circuito de Apelaciones en contra de esas doctrinas centenarias, que, entre otras cosas, han mantenido a Puerto Rico en un limbo jurídico, por considerarse que “pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos”.

Bajo esa jurisprudencia, con el tono imperial de un país que acababa de expandirse al Caribe, no todas las normas de la Constitución estadounidense tienen vigencia en Puerto Rico y el Congreso ha podido discriminar con la Isla y los demás territorios en torno al acceso a programas federales.

Por ejemplo, los plenos derechos políticos – incluida la representación en el Congreso y el poder para elegir al Presidente – solo están garantizados constitucionalmente para los residentes de los estados. Por ello hubo que enmendar la Constitución federal para incluir a Washington D.C. en el colegio electoral estadounidense.

En el foro del miércoles en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, desde cuya academia se ayudó a darle forma a la discriminación intrínseca en los casos decididos a principios del siglo pasado, Torruella mantuvo que debido a la inercia del poder político y judicial en torno al status de la Isla, puede haber llegado el momento de considerar decretar un boicot comercial a las grandes corporaciones de EE.UU..

“Dado de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no tienen poder político (en Estados Unidos) y que las cortes le han dado la espalda a los derechos de los puertorriqueños como ciudadanos, pueden no tener otra alternativa que buscar “otras avenidas pacíficas para obtener alivio de inequidades duraderas… Uno que me viene a la mente es el uso de boicots económicos para atraer atención sobre violaciones a derechos civiles”, pues golpea el bolsillo, dijo Torruella, al mencionar que las cadenas estadounidenses en la Isla tienen ganancias que alcanzan los $35,000 millones anuales.

La frustración de Torruella se fundamenta en la realidad de que los tribunales federales le han cerrado la puerta en varias ocasiones a lis esfuerzos estadistas por obtener derechos políticos a través de la vía judicial.

Y son un reconocimiento, además, de que nunca las dos cámaras del Congreso federal se han puesto de acuerdo para aprobar un proyecto de ley que le comprometa con un plebiscito que ofrezca alternativas de status a los residentes de Puerto Rico.

En su presentación en el foro de Harvard, el profesor Efrén Rivera Ramos, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aceptó que es cuesta arriba mover al Congreso. Pero, advirtió que dentro del sistema federal la presión va a tener que seguir centrada en la colina del Capitolio estadounidense.

Las mismas doctrinas adoptadas por el Tribunal Supremo estadounidense  para encajonar a Puerto Rico como “un territorio no incorporado”, delegaron en el poder político asuntos como los derechos de participación y la definición política de los territorios, advirtió Rivera Ramos.

 “Lograr un consenso sobre el futuro de los territorios en ese cuerpo complejo, partidista y altamente dividido (que es el Congreso) ha demostrado ser un verdadero desafío. Pero, parece ser la ruta más viable para lograr la meta de ajustar la relación entre Estados Unidos y sus territorios con las nociones actuales de libre determinación, democracia y derechos humanos”, indicó Rivera Ramos, quien fue uno de los ponentes en el foro titulado “Reconsiderando los Casos Insulares”.

El evento de Harvard también contó con un panel centrado en el debate político local, en el que se tomó nota del plebiscito de noviembre de 2012, en el que, principalmente, el 54% de los electores rechazó el actual status territorial.

Como parte de ese grupo, el pasado candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD) Rafael Cox Alomar mantuvo que ha llegado el momento de cambiar la actual relación política de la Isla, bajo un nuevo acuerdo de asociación fuera de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense, por medio de la cual se le otorga el poder al Congreso sobre la Isla.

Pero, consideró que la actual dirección del PPD tiene una “crisis ideológica” que le impide entender que las mejoras al ELA solo pueden ocurrir fuera de la cláusula territorial.

“La perpetuación de una relación cuasi colonial con Washington, que le impone unilateralmente a la débil economía de la Isla todos los costos regulatorios de una de las economías más fuertes y costosas del mundo, junto con la super imposición de valores de extrema dependencia, ha desencadenado, sin duda, la debacle actual, lo que hace aún más difícil que Puerto Rico pueda enfrentarse, en momentos en que la economía global está debilitada, a una crisis fiscal endógena”, sostuvo Cox Alomar.

El abogado independentista Carlos Gorrín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana (Inter), sostuvo, por su parte, que el examen de los casos insulares toma relevancia en momentos en que “después de 116 años bajo los poderes plenarios del Congreso, el colonialismo (en Puerto Rico) ha fracasado”.

“El territorio está quebrado. La crisis, que puede trazarse a más de 40 años atrás, amenaza ahora, después de siete u ocho años de recesión o depresión (económica), daña el prestigio de Estados Unidos, amenaza la estabilidad de los mercados de bonos, y se cierne sobre el Tesoro, ya que algunos hablan de un ‘plan de rescate federal’”, sostuvo Gorrín.

El abogado estadista Andrés López, principal recaudador de fondos del presidente Barack Obama en Puerto Rico,  destaçó que si el problema económico estructural que tiene la Isla es su “inequidad fundamental, la crisis que ahora existe muestra las consecuencias de una inequidad sostenida”.

Por haber tenido académicos que ayudaron a desarrollar los prejuicios que entraña la doctrina de los casos insulares hacia ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico, López, graduado de Harvard, sostuvo que la institución universitaria debería ahora ayudar a combatir esa jurisprudencia.

Tras el presidente Obama reconocer que los problemas económicos de Puerto Rico están vinculados al debate sobre su status político, ahora  le corresponde, dijo López, convertirse en el primer inquilino de la Casa Blanca en afirmar que la falta de poderes políticos de los puertorriqueños de la Isla “es un imperativo moral”.

Un relato del propio juez Torruella sobre su experiencia con miembros del Congreso, sin embargo, arroja luz sobre la pared que suele haber en el Capitolio federal para considerar otorgarle la estadidad a la Isla:

“Nunca olvidaré – contó Torruella-. la reunión que tuve hace varios años con el senador (Lincoln) Chafee de Rhode Island (ahora el gobernador de ese estado) cuando yo era juez presidente del (Primer) Circuito (de Apelaciones federales) y me reuní con él sobre asuntos relacionados al edificio de nuestro tribunal en San Juan. En aquel tiempo estaba pendiente en el Congreso una de las interminables propuestas sobre el status de Puerto Rico. Y el senador me preguntó mis puntos de vista sobre cual debía ser el status final. Le expresé mis puntos de vistas que son bien conocidos, a lo que él replicó: ‘No sé, yo vengo de una de las 13 colonias originales. Tenemos dos senadores y un congresista. Si Puerto Rico se convierte en estado tendrás dos senadores y también siete u ocho (ahora serían 5) congresistas, y probablemente todos sean demócratas. No sé si puedo favorecer eso”.

Importante advertir que Chafee – ahora independiente – entre los republicanos era un liberal.