Después de Estados Unidos imponer hace dos años una nueva capa de autoridad sobre el gobierno de Puerto Rico, por medio de una junta fiscal, el gobierno de Donald Trump ha hecho malabares para tratar de defenderse de las denuncias que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le imputan  violaciones de derechos humanos y civiles por la situación colonial de Puerto Rico.

Al responder las querellas del exgobernador Pedro Rosselló y el abogado Gregorio Igartúa que denuncian que el no poder votar por el presidente de EE.UU. y elegir congresistas representa una violación de los derechos humanos y civiles, el gobierno de Trump ha querido utilizar como defensa que en Puerto Rico se elige un gobierno local, se participa en primarias presidenciales, y se envía un representante a la Cámara baja federal sin derecho al voto en el hemiciclo.

Más aún, que nada le impide al gobierno de Puerto Rico, por eso de votar y votar, organizar una elección  simbólica en la isla cada cuatro años para medir qué piensan los puertorriqueños de la isla sobre los candidatos a la presidencia.  La idea, de hecho, ya había sido propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló con la esperanza de presionar al gobierno de EE.UU..

Pero, también le dice a los estadistas que, si quieren participar del colegio electoral estadoundense, tienen la opción de mudarse a EE.UU..

En su argumentación, el representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Sullivan, busca la frase que ayuda a EE.UU. en el caso Sánchez Valle, y proclama que pese a Puerto Rico no tener una soberanía independiente, disfruta de un amplio autogobierno a nivel local.

Fuera de la presentación quedó la imposición de la ley Promesa, que ha creado una Junta de Supervisión Fiscal que pasa por encima de las principales decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico y determina los casos que pueden llevarse ante un tribunal de bancarrota territorial para reestructurar la deuda de sobre $70,000 millones de la Isla, y las obligaciones de sus sistemas de retiro, que alcanzan otros $45,000 millones.

Tampoco menciona la base de la decisión de Sánchez Valle al evaluar la cláusula constitucional contra la doble exposición de cargos criminales: que la última fuente de poder está en el Congreso.

Con respecto a las consultas de status celebradas en la Isla, el gobierno de Trump solo valida que los electores de la isla han votado una vez por la estadidad, en el plebiscito de junio de 2017. En una nota al calce menciona tanto el 97% de los votos, como el 23% de participación electoral.

Pero, advierte que apenas el gobierno de Puerto Rico ha iniciado el proceso para  convertir la isla en el estado 51 y que no puede predecir su resultado,  aunque históricamente  los territorios – que no estaban en la “categoría” de no incorporados, como la Isla-,  lo han conseguido.

Sullivan termina por enterrar desde el punto de vista del Ejecutivo federal la consulta de 2012, pese a que la primera pregunta de aquel referéndum reflejó una respuesta clara de los electores de Puerto Rico -54% – en contra de la vigencia del actual status territorial.

Los estadistas consideran que en ese plebiscito de 2012 ganó la estadidad, al obtener el 61% de las respuestas en la segunda pregunta. La oposición política sostiene que cuando se suman las papeletas dejadas en blanco para la segunda pregunta, como reclamó la dirección del PPD, el porcentaje de respaldo a la estadidad baja a cerca de un 45%.

En su argumento, Sullivan ni entra a evaluar esa votación.

En abril de 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo Trump, ya había rechazado validar las alternativas de status del plebiscito local porque originalmente no incluyeron la alternativa de que Puerto Rico pueda continuar como un territorio estadounidense.

Entonces, el subsecretario interino de Justicia, Dana Boente, indicó que los  “significativos cambios políticos, económicos y demográficos” que han ocurrido en Puerto Rico y Estados Unidos, no hacen posible entender el rechazo al status territorial del plebiscito de 2012, como la voluntad vigente del electorado.

La administración Obama utilizó el poder plenario del Congreso sobre la Isla para hundir a Puerto Rico en el hueco colonial.

La administración Trump busca darle un poquito de aire, con el único propósito de tratar de evitar la censura del organismo consultivo sobre derechos humanos de la OEA.

Pero, una y otra vez, como ha resuelto la propia jueza Laura Taylor Swain, a cargo del tribunal de bancarrota territorial, el gobierno de Estados Unidos hace lo que quiere. Unas veces quita y otras veces da. El balance es el mismo. El statu quo.

El limitado concepto de gobierno propio local  en Puerto Rico depende de la autoridad que le quiera reconocer EE.UU.. Y de sus intereses.

*Las querellas contra EE.UU. se examinarán en una audiencia pública en Colorado el próximo 5 de octubre. Revisada el 17 de septiembre de 2018.