Hace unos días, El Nuevo Día destacó, en portada, los millones que se destinan al cabildeo y las campañas publicitarias a favor y en contra de que Puerto Rico tenga un estatuto que permita reestructurar su deuda pública. Y explicaba cómo el proceso arrancó desde el mismo momento en que el gobierno de Puerto Rico comenzó a preparar su propia ley de quiebras, coincidiendo con la batalla legal sobre el desaparecido banco Doral.

Desde el verano de 2014, el proceso ha sido constante  y los millones de dólares invertidos superan la decena, aunque difíciles de detallar al centavo en algunos casos.

Los miembros del Congreso que ahora se rascan la cabeza pensando cómo armonizar los reclamos que han hecho – primero que nadie-, las firmas de inversiones a favor de una junta federal de control fiscal con la necesaria reestructuración de la deuda pública, quizá debieran repensar cuan sencillo sería autorizar la Isla a tener su propia ley de quiebras o, con solo un puñado de palabras, reincorporar sus empresas públicas en el capítulo 9 del código federal de bancarrotas.

Mucho tiempo y dinero se habría ahorrado, en cabilderos y consultores, por solo hablar de dos áreas. El gobierno – enfrentado a procesos de reestructuración por la vía judicial-, habría tenido que implantar reformas. Por supuesto que negociaciones voluntarias pudieron también haber ocurrido. Y nada las hubiese alentado más que la existencia de un estatuto general para dependencias del gobierno de Puerto Rico poder reestructurar su deuda.

Opacado por el puro cabildeo y las campañas de publicidad, destaca este fin de semana un artículo del Huffington Post,  queda la costumbre washingtoniana de cada bando contratar expertos, en medio de las guerras de relaciones públicas que generan controversias como la crisis fiscal de Puerto Rico.

Gente con credenciales reconocidas que publican artículos de opinión, “investigaciones”,  anuncios y hasta testifican en el Congreso como si fueran voces independientes en la controversia. Otros se convierten en asesores formales. Llueven en esta ciudad.

Robert Shapiro, exsubsecretario de Comercio durante el gobierno del presidente Bill Clinton, estuvo muy activo durante la campaña del fallido banco Doral en contra del gobierno de Puerto Rico. A diferencia de otros, Shapiro reconoció desde entonces que estaba a sueldo de la empresa de relaciones públicas DCIGroup, que ha corrido campañas publicitarias en contra del gobierno de Puerto Rico y contrató cabilderos, como el ex congresista Connie Mack, en favor de Doral y la firma de inversiones BlueMountain.

DCI Group ha manejado las campañas de firmas de inversiones sobre la deuda de Argentina y Puerto Rico, como ha informado El Nuevo Día. Ahora, dice la publicación estadounidense, también interviene en un nuevo frente de batalla, los esfuerzos para devolver al mercado privado a Fannie Mae y Freddie Mac.

Por cierto, el primer testimonio que propuso una junta de control fiscal, en medio de la campaña de DCIGroup en defensa de Doral, fue el de James Glassman,  exsecretario adjunto de Estado del gobierno de George W. Bush. En julio de 2014,  Glassman declaró como académico del  grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI), ante el miso subcomité de Asuntos de Latinoamérica, que hasta 2012 presidió Mack.  La audiencia estaba centrada en Argentina. ¿Coincidencia?

El reportaje del Huffington Post menciona como Jim Millstein, exfunconario del Tesoro que como asesor del gobierno de Puerto Rico encabeza el plan de reestructuración de la deuda pública de la Isla y ha tenido contratos este cuatrienio que rondan los $53 millones, estuvo en el otro lado de la moneda en busca de que el gobierno federal garantizara el pago a los accionistas de Fannie Mae – incluso a él-, aún tras el rescate de esa empresa hipotecaria.

Como ahora hace el Centro para la Libertad Individual – ‘Center for Individual Liberty’ – con su campaña en contra del proyecto ‘Promesa’, y antes han hecho American Future Fund (AFF), y la Asociación de Jubilados 60 Plus, y otros, en el caso de Doral y en las denuncias contra el gobierno de Puerto Rico ha intervenido el Hispanic Leadership Fund.

Un día de octubre de 2014, el presidente del Hispanic Leadership Fund, Mario López,  le imputó en un declaración escrita al gobernador Alejandro García Padilla ser un gobernador “autoritario”,  “embarcarse en una campaña para destruir derechos de propiedad, cerrar negocios y hundir negocios hacia la miseria económica”.   

Pero, cuando El Nuevo Día le llamó ese mismo día para que diera detalles, López dijo no poder precisar a qué decisiones se refería en el comunicado con el cual acababa de denunciar al gobierno de Puerto Rico. Iba de viaje y no tenía ‘sus notas’ en la mano.