Si usted ha escuchado a políticos casi implicar que sin acceso automático a la ciudadanía estadounidense a su próximo nieto le puede fallar la respiración, no se deje coger de bobo.

En ese grupo de políticos, como suele pasar cuando no hay cosas buenas que decir, no hay exclusividad. En este caso, hay penepés y populares.

Si usted no decide renunciar a la ciudadanía estadounidense, es casi imposible que se la puedan quitar, sea usted nacido en  Morovis (Puerto Rico), El Bronx (Nueva York) u Orlando (Florida).

Lo que sí puede variar de cara al futuro es el modo de adquirir la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico, si sus descendientes también quieren ser ciudadanos estadounidenses.

El Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, a pesar de haberle permitido formar gobierno local y decidir sus asuntos locales, siempre y cuando que en Washington no haya otra idea (pena de muerte e interceptación de conversaciones telefónicas son dos buenos ejemplos).

Las últimas tres administraciones estadounidenses –Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama-, han hecho muy claro que constitucionalmente las cosas no han cambiado desde que las tropas del general Miles entraron a la Isla disparando tiros. El procurador general del gobierno de Obama lo acaba de acentuar con total candidez y sin avergonzarse él también.

Una cosa es que se le haya permitido a la Isla gobernarse sobre asuntos muy locales, otra que se haya rendido la autoridad final. La llamada “soberanía del pueblo” que defiende hasta el gobernador, sigue en manos de los 535 miembros del Congreso, incluido los 299 republicanos (de 300) que han frenado la posibilidad del gobierno de Puerto Rico poder reestructurar por lo menos parte de su deuda pública.

En el Partido Nuevo Progresista (PNP) cada golpe al “Estado Libre Asociado (ELA)” les parece una oportunidad para endilgar a los pobres líderes del Partido Popular Democrático (PPD) que en las últimas dos décadas han tenido que lidiar con los cambios de postura del gobierno federal en torno a su relación con la Isla, que esta ciudadanía estadounidense de los que nacimos en Puerto Rico “es de segunda clase”. Claro, lo que fue impuesto por legislación puede ser arrebatado de cara al futuro.

Lo mismo hacen los ‘conservadores’ del PPD con los soberanistas para tratar de acentuar que bajo la libre asociación – el único Estado Libre Asociado soberano que reconoce la Constitución estadounidense -, tendría que acabarse el acceso  a la ciudadanía estadounidense.

Pero, en ambos casos no hablan de lealtad.

Muchos de esos penepés y populares saben que en el caso de los ya nacidos en Puerto Rico su ciudadanía estadounidense no se extingue, ni votando por la soberanía ni yéndose a invertir su capital o recibir el cheque del Seguro Social en Cuba.

Bajo un Puerto Rico soberano – en libre asociación o independencia-, la estadidad o el ELA territorial, nadie le puede arrebatar a usted que me lee la ciudadanía estadounidense, si es usted hoy ciudadano estadounidense.

Sus hijos – bajo las normas federales que aplican tanto al residente de Jayuya como el de Boise (Idaho) -, podrán seguir siendo ciudadanos estadounidenses, aunque nazcan en Kenia o en Irak. “Los hijos de dos ciudadanos estadounidenses también son ciudadanos estadounidenses, no importa donde nacen”, dijo a El Nuevo Día, Justen Thomas, portavoz del Departamento de Estado de EEUU.

La diferencia es que si sus hijos nacen en Bagdad o en un San Juan capital de un Puerto Rico soberano, tendrá que ir al consulado a reclamar la ciudadanía estadounidense.

Le harán pagar unos chavitos por el costo del trámite, pero no se queje de los federales pues lo mismo le hace el Departamento de Salud de Puerto Rico al solicitar el certificado de nacimiento de sus hijos. Y hace poco el gobierno de Puerto Rico le volvió a cobrar más dinero al crear un nuevo certificado de nacimiento.

En el caso de la segunda generación nacida fuera de EEUU, si los dos padres son ciudadanos estadounidenses, se requerirá que los padres hayan tenido una residencia en territorio estadounidense. En el caso de la segunda generación nacida fuera de EEUU de un solo padre estadounidense, se requiere que el candidato a ciudadano de EEUU resida cinco años en EEUU.

Por tal razón, la próxima vez que escuche a un político penepé o popular meterle miedo con el tema de la ciudadanía estadounidense, pregúntele usted cuáles son las posibilidades reales de que el Congreso permita a Puerto Rico, a corto plazo, salir del atolladero colonial por medio de su propuesta de status. Esa sí es una conversación necesaria.

Y dígale que el debate de las relaciones entre Puerto Rico y EEUU están más sustentados en Washington no en cómo sus nietos adquieren la ciudadanía estadounidense – o si estuviera disponible la española para entonces -, sino dónde radica la lealtad de los boricuas de la Isla.

PD: Revisado con la idea de aclarar el debate sobre la segunda generación nacida fuera de territorio estadounidense.