El borrador que prepara la jefatura del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como respuesta a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico apuntaba  ayer hacia lo siguiente:                  

  1. Junta Federal de Control Fiscal

-Estaría integrada por cinco miembros, nombrados por el presidente de EEUU. Por lo menos dos serían residentes de Puerto Rico. El gobernador y el Secretario del Tesoro serían miembros con voz pero no voto.

-Sus cinco miembros tendrán poder absoluto sobre el presupuesto y los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico, por encima de la Legislatura y el gobernador, a quienes la Constitución de Puerto Rico les encarga ese proceso.

-Además de designar un director ejecutivo, la legislación propone la figura de un “gerente” o responsable del proceso de reestructuración, al que la junta le puede delegar la responsabilidad de supervisar los departamentos y funciones del gobierno de Puerto Rico. -El gerente le responderá al director ejecutivo de la junta federal.

-Cada tres meses el gobernador le deberá presentar un informe de recaudos y gastos.

-Incumplir órdenes de la junta puede suponer un delito menos grave, encarcelamiento por un año y/o $1,000 de multa. Pero, sus miembros tendrán inmunidad en el desempeño de sus funciones.

-La junta tendría oficinas en San Juan y Washington, sería una dependencia del gobierno de Puerto Rico, pero no podrá ser supervisada por el gobernador ni por la Legislatura.

-La junta estará en funciones por lo menos cinco años.

2. Reestructuración de la deuda

-Promueve un proceso voluntario hacia la reestructuración de la deuda pública.

-Pero, otorga una autoridad general a la junta federal de control fiscal para llevar procesos de reestructuración de deuda ante un tribunal.

-Para tener acceso a la reestructuración, la junta requeriría a cada emisor de deuda del gobierno de Puerto Rico tener estados financieros auditados, un plan fiscal y presupuestario equilibrado, y haber intentado un acuerdo negociado con los acreedores.

-Por el poder ser tan general, los demócratas interpretan que es posible incluso reestructurar las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico.

3. Sistema de Pensiones

-Ordenaría un estudio independiente sobre las obligaciones de los sistemas de retiro y su sostenibilidad de cara a las próximas dos décadas.

– Como parte de ese examen, la legislación puede ordenar congelar futuros beneficios de esos sistemas de pensiones.

4. Moratoria en la litigación judicial

-Para permitir el análisis y un posible proceso de reestructuración, el borrador contiene en este momento un freno en las demandas de cobro contra el gobierno de Puerto Rico, incluidas las de los bonistas. Pero, el liderato del Comité advierte que ese es un asunto que aún requiere más análisis.

5. Infraestructura

-Se crearía el puesto de Coordinador de Revitalización.

-Ese funcionario le respondería a la junta y serviría de filtro para proponer proyectos de infraestructura dirigidos a impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico.

-El gobernador podrá nombrar a ese coordinador, pero de un listado de por lo menos tres candidatos que presentará la junta fiscal.

-Con el objetivo de acelerar el desarrollo económico, la junta podrá suspender normas del gobierno de Puerto Rico, incluidas las ambientales, para poner en marcha proyectos de “emergencia”.

-Para eso se crea un subcomité interagencial ambiental, dirigido a acelerar el otorgamiento de permisos. En consulta con el Coordinador de Revitalización, el gobernador seleccionará un representante de la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y cualquier otra agencia pertinente, para integrar esa subcomisión especial.

6. Salario mínimo

– Se le otorga a Puerto Rico la posibilidad de establecer un salario mínimo más bajo para los trabajadores nuevos que tengan menos de 25 años, durante los primeros tres meses en el empleo.

7. Vieques

-La legislación permite transferir al municipio de Vieques antiguos terrenos militares que ahora están en manos del Secretario del Interior de EEUU, excepto el área en que estuvo el almacén de municiones de la Marina de Guerra estadounidense.