Desde el 25 dejulio de 2013, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tienepresentada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos legislación quebusca eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje en torno altransporte de fuentes de energía, productos agrícolas y carga a granel.

La iniciativa notiene ningún coauspiciador y debe estar escondida en alguna gaveta de un salónoscuro del presidente del subcomité de Transporte Maritimo, el republicanoDuncan Hunter.

La medida, quelleva el número 2838, cobra importancia en momentos en que el gobernadorAlejandro García Padilla solicitó a Pierluisi y al director ejecutivo de laAdministración de Asuntos Federales (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral,que busquen formas conjuntas de impulsar cambios en las normas de cabotaje quebeneficien a la economía puertorriqueña.

Hoy, Pierluisirecibirá en su oficina a Hernández Mayoral. Han tenido pugnas continuas que anadie sorprenden.

“Pueden empezarahora por ayudarme a conseguir coauspiciadores para mi proyecto (el 2838)”,indicó Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Pero, el asuntoes mucho más complicado que lograr coauspiciadores para una medida que nadieespera que avance en esta sesión legislativa.

En Washingtonhay una coalición de empresarios y sindicatos que velan porque no haya cambiosa los requisitos federales que exigen que se utilicen barcos fabricados enEstados Unidos, de bandera y tripulación estadounidense.

La últimaexención que adoptó el Congreso en 2012 en torno a las leyes de cabotajeenumeraba específicamente los nombres de los barcos que estarían exentos, unode los muchos requisitos que el cabildero Jeffrey Farrow ha escuchado enconversaciones con técnicos del Congreso a la hora de conocer posiblesenmiendas a la Ley Jones de 1920.

Hay excepcionesrelacionadas a la carga de transporte marítimo en otros territorios.  A Guam, por ejemplo, se le excluye delrequisito de que los barcos sean de construcción estadounidense.

En IslasVírgenes y Samoa la exclusión es plena, pues a principios del siglo pasadoeran  sitios de almacenamiento de carbónpara los buques de  la Marina de Guerra.

En Puerto Ricola única flexibilidad la tienen los barcos cruceros turísticos.

“Pienso que lasobjeciones son superables.  Pero estorequiere de un fuerte frente unido de todos los sectores del pueblo de PuertoRico, le gente común, los trabajadores y consumidores, la empresa privada, lossectores laborales (en especial, las uniones afiliadas a la llamadas “unionesnacionales” de Estados Unidos) y el gobierno, la legislatura y los partidospolíticos, los congresistas boricuas y el comisionado residente, trabajando encomún con la comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos y sus aliados”,indicó, por su parte,  Enrique FernándezToledo, experto en temas boricuas del Congreso y quien fue asesor delcongresista Luis Gutiérrez.

Fernández Toledorecordó que en 1996, en respuesta a un esfuerzo del independentista DavidNoriega que logró el apoyo unánime de la Cámara de Representantes de PuertoRico, los congresistas boricuas Gutiérrez (Illinois), José Serrano (Nueva York)y Nydia Velázquez (Nueva York) presentaron el proyecto 3020 que buscó excluir ala isla de la Ley Jones de 1920.

En aquelmomento, resaltó Fernández Toledo, el proyecto tuvo la oposición delcomisionado residente en Washington, Carlos Romero Barceló. Ningún otrocongresista suscribió la legislación.

Muchoseconomistas de la isla están convencidos de que la Ley Jones daña la economíade Puerto Rico.  La propia ReservaFederal de Nueva York ha advertido que “transportar por barco desde la costaeste de Estados Unidos a Puerto Rico un contenedor de 20 pies de largo conartículos del hogar y productos comerciales cuesta alrededor de $3,063;mientras, el mismo embarque a la vecina Santo Domingo (República Dominicana)cuesta $1,504, y a Kingston (Jamaica) $1,687”.

Un estudio de laOficina de Contraloría General (GAO), solicitado por Pierluisi antes depresentar su legislación, le infligió, sin embargo, un golpe a lasposibilidades de lograr avances en este asunto.

Aunque reconocióque existe una deficiencia en la oferta de buques estadounidenses paratransportar gas natural y petróleo refinado, la GAO mantuvo que liberalizar lasnormas atentaría contra el futuro de la Marina Mercante estadounidense.

Poco se podráhacer en estos momentos en el Congreso. Pero, pueden abrir puertas, quizábuscando alguna posibilidad de una iniciativa del Ejecutivo federal, que hamostrado mejor disposición que los legisladores estadounidenses a atender losproblemas de la isla.

De todos modos,en momentos de alta tensión partidista, la petición del Gobernador le brindauna oportunidad a Pierluisi y al director de PRFAA para suavizar sus relacionesy quizá establecer algún acuerdo de trabajo mínimo en la capital federal.

Tremendamentedivididos en torno al status y pensando más en 2016 que en la realidad delpaís, lo menos que han hecho ambos bandos durante los pasados 16 meses estratar de coordinar una agenda en Washington.

Es muy probable– digo probable solo por ser extremadamente cuidadoso -, que nada pase este añosobre las normas de cabotaje.  Tansorprendente puede ser lograr avances de beneficio para Puerto Rico en el áreade cabotaje, como verlos decididos a trabajar juntos.