El gobernador dice que la nueva junta de gobierno de Puerto Rico no llegó al punto de quitarle el viernes la chequera.

Puede tener razón.

Literalmente, el Secretario de Hacienda tiene este fin de semana la chequera en sus manos.

El problema es que a partir del próximo viernes, cuando presumo que el gobernador cumplirá con la primera orden de los miembros con derecho al voto en la junta de control fiscal y entregará el estado de ingresos y recaudos del gobierno central, se habrá concretado la entrega de las decisiones últimas a la nueva autoridad federal.

Cuando usted le da a su hijo o hija una tarjeta de crédito para emergencias el muchacho o muchacha tiene ese plástico en sus manos, pero con el primer estado de cuenta su uso ya no depende de él.

Como bien siempre me recuerda un profesor, el problema de fondo no es cuán larga es la cadena sino quién la controla.

La situación es peor aún para los que aspiran a ser gobernador y andan por ahí en campaña como si nada hubiese pasado.

Los dos principales candidatos a gobernador han pasado de la denuncia a la aceptación.

Como políticos, tratan de ponerle buena cara al hecho de que siete funcionarios no electos tendrán las decisiones últimas sobre los asuntos financieros de la Isla, incluido qué hacer con la deuda pública, los sistemas de retiro, la Universidad de Puerto Rico y las corporaciones que representan los principales activos del país.

“La realidad es que la Junta limita la gobernanza de Puerto Rico y puede incidir en todos los aspectos de la gestión gubernamental”, indicó Ricardo Rosselló, candidato a gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) el pasado 11 de junio, dos días después de aprobarse PROMESA en la Cámara de Representantes de EEUU.

El pasado 29 de junio, cuando el Senado federal aprobó el estatuto, Rosselló expresó que “es importante señalar que la junta aprobada es de control fiscal, no de política pública”.

En mayo, el candidato a gobernador por el PPD, David Bernier, dijo que si era gobernador buscaría retar los poderes de la junta, para validar la voluntad de los funcionarios electos de Puerto Rico.

“Una vez culmine el proceso, si fuera aprobado, los funcionarios electos tienen que evaluar las circunstancias, yo así lo haría, para establecer los mecanismos de cómo vamos a armonizar la voluntad expresa de un pueblo, democráticamente, y de una Constitución a la que uno se debe, que es la Constitución de Puerto Rico, contra un proyecto de ley nunca antes visto en la historia de Puerto Rico, que evidentemente vulnera esa realidad”, dijo entonces Bernier.

Después de ambos oponerse a que cualquier junta tuviera control fiscal sobre el gobierno electo de Puerto Rico, como hace muy claro la ley, tanto Rosselló como Bernier han indicado que van a colaborar con los que mandan, con la esperanza de que la nueva autoridad ayude no solo a estabilizar las finanzas sino a enderezar la economía.

Han tragado gordo. El viernes, cuando se concretó la determinación de colocar el gobierno de Puerto Rico en sindicatura federal, no emitieron declaraciones públicas por escrito.

Usted puede estar a favor o en contra de la junta. Pero, cómo los políticos del PNP y el PPD pasaron del discurso de la denuncia a la resignación y a la promesa de la colaboración, no deja de ser impresionante.

Dure cinco o 10 años, dentro del sistema colonial la imposición de PROMESA y de una junta federal de control fiscal es un paso político hacia atrás.

La cadena ha confinado a los funcionarios electos de Puerto Rico a un espacio designado. Pero, ese espacio se ha achicado.  Y eso no está sujeto a interpretación.