Antes de que se creen expectativas altas en torno a la posibilidad de que la próxima sesión del Congreso abra paso a un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico, recuerde que la Isla está bajo la capa de poder que impuso la ley Promesa.

Mientras no haya voluntad para acabar con ese estatuto – y no la ha habido hasta el momento-, las oportunidades de motivar al liderato del Congreso a poner en marcha un proceso de descolonización que produzca resultados a corto plazo son bajas.

Bajo la ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas va a estar en funciones por lo menos hasta 2025.

Con suerte el próximo gobernador de Puerto Rico sin junta será el que sea electo en 2028.

Como se sabe, ninguna legislación de status va a avanzar en estos últimos cuatro meses de sesión del Congreso. Y, desde el lado republicano, el presidente Donald Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), se han encargado de cerrarle la puerta a la estadidad. Los dos van a reelección en noviembre.

En múltiples ocasiones el gobierno de Trump ha puesto freno a la estadidad.

Lo dijo en octubre de 2018 Carlos Trujillo, a nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos entonces como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando advirtió a los estadistas que “son libres” de mudarse a Estados Unidos si quieren la  estadidad. Trump nombró este año a Trujillo, de origen cubano, como secretario adjunto de Estado para Latinoamérica.

En dos ocasiones, el Departamento de Justicia federal rechazó y tachó los plebiscitos del gobierno del PNP.

En mayoría o minoría, McConnell serviría de muro a cualquier medida que abra la puerta a la posibilidad de convertir a la Isla en un estado. Sus expresiones apuntan a que dentro del liderato republicano la estadidad para Puerto Rico o Washington supone garantizar más poder para los demócratas en el Congreso.

Eso a largo plazo es un problema grave para los estadistas de la Isla.

En el lado demócrata, el candidato presidencial Joe Biden ha prometido un proceso de libre determinación que vincule al gobierno federal y que incluya a representantes de “todas las opciones de status”. El programa de gobierno demócrata, con su visto bueno, se limitó sin embargo a respaldar la libre determinación de Puerto Rico, sin ofrecer más detalles.

Bajo ese panorama, ha causado revuelo el nuevo proyecto de las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez en favor de que el Congreso se vincule con una Convención de Status para definir el futuro político de Puerto Rico, por medio de una solución “no territorial”.

La oposición ha surgido del Partido Nuevo Progresista (PNP). Líderes de los partidos Popular Democrático (PPD), Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) han dado la bienvenida a la discusión del nuevo proyecto.

Aún si se surge un nuevo escenario en el Congreso, si el PNP revalida en noviembre lo más probable es que como partido de gobierno pueda frenar el avance de una legislación federal dirigida a autorizar una convención de status en la isla.

Bajo el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, le tocaría al gobierno de Puerto Rico convocar y regular esa asamblea de status. ¿Para qué el Congreso se va a embarcar en un proceso de status si el partido de gobierno no quiere implantarlo a nivel local?

De todos modos, si un partido que cree en la convocatoria de una Asamblea de Status forma gobierno en noviembre puede tratar de presionar a Washington por vincular al gobierno federal con ese proceso.

Y no necesita autorización federal para regular esa asamblea en la isla.

Debería mirarse con detenimiento la propuesta de Velázquez y Ocasio Cortez de crear una comisión negociadora entre Washington y San Juan.

Si algo ha faltado en las últimas décadas, es una conversación institucional.

Los miembros de la comisión negociadora tendrían autoridad para hacer estudios, presentar recomendaciones sobre opciones de libre determinación, examinar los asuntos constitucionales y potenciales políticas públicas referentes a la cultura, el idioma – que salpica a los sistemas educativo y judicial-, las contribuciones, la ciudadanía estadounidense bajo un Puerto Rico soberana y proveer asistencia técnica.

Esa comisión, a su vez, puede convocar a audiencias públicas, indica la legislación.

Hay otras preguntas que serán relevantes al comenzar  un nuevo cuatrienio en Washington y San Juan: ¿Ganó o perdió la estadidad el referéndum del 3 de noviembre de 2020?; ¿Pudo alcanzar la estadidad el 61% de la controvertida segunda pregunta del referéndum de 2012?

Si la estadidad y el gobierno del PNP pierden en noviembre, de cara al futuro el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez tendrá más fuerza.

Si revalidan el PNP y la estadidad gana, a nadie le debe quedar duda de que el gobierno de Puerto Rico volverá a Washington a tratar de ganar apoyo.

En la Cámara baja, el PNP tiene el respaldo de los otros dos boricuas demócratas del Congreso, José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida). En enero, seguramente contarán con Soto y el probable próximo congresista boricua, Ritchie Torres, quien debe sustituir a Serrano en el distrito 15 del sur del Bronx.

Lo que me parece no hace ningún sentido es que el PNP quiera entrar en una guerra con Ocasio Cortez, quién como Velázquez, a diferencia de Trump y McConnell, no ha cerrado la puerta a la estadidad. La boricua Ocasio Cortez es la estrella de los liberales en Estados Unidos y puede tener una larga y prometedora carrera política.

Ocasio Cortez ha advertido a sus colegas demócratas que los casos de Puerto Rico y Washington D.C. no son comparables. Lo estableció en Twitter al diferenciar el movimiento proestadidad de Washington D.C. de un proceso de libre determinación para la Isla: “Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Justicia no es que el país colonizador decida el destino de los colonizados. Es decisión del pueblo. La palabra es autodeterminación, no estadidad. ¡Gracias!”.

La posición del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tiene coincidencias con los puntos de vista de las boricuas Velázquez y Ocasio Cortez.

Grijalva – quien aún tiene en agenda una audiencia pública sobre el status-, ha indicado que el Congreso deberá considerar el referéndum estadidad sí o no de noviembre, pero que el legislativo federal, de cara al futuro, debe poner sobre la mesa todas las alternativas no territoriales y no coloniales para la Isla.

Si alguna discusión a fondo va a ocurrir en 2021, Grijalva será probablemente quien guiará el debate.

Lo ideal, evidentemente, sería un proceso que logre el consenso de los partidos políticos de la Isla para emplazar al gobierno federal a poner todas sus cartas sobre la mesa.  Aún bajo la ley Promesa, eso es posible.