El jefe del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. quiere ver a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico,  apretándole más el cinturón al gobierno de Ricardo Rosselló.

El republicano Rob Bishop (Utah) ha mostrado un interés particular en que se escuche a los acreedores, en buscar acuerdos consensuales de reestructuración de la deuda y en supervisar todo lo que tiene que ver con el potencial de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  Su interés en la crisis fiscal siempre ha dado  atención principal al tema energético.

Ahora le pide directamente al presidente de la JSF, José Carrión III, que sea más fuerte con el gobierno de Puerto Rico y que no titubee en ordenar reformas estructurales.

Bishop ha sido crítico del gobierno de Rosselló. Ahora dice estar también frustrado con la Junta. Quiere, entre otras cosas, que exijan más transparencia al gobierno de Puerto Rico.

“Sus autoridades bajo Promesa incluyen poderes de citación para obtener toda la información fiscal del gobierno territorial y los organismos pertinentes. La transparencia es el único camino para asegurar que los planes fiscales y cualquier plan de ajuste bajo el Título III estén basados en datos precisos y realistas, y todas las partes interesadas lo consideren justos y equitativos”, indicó Bishop en la cartaenviada a Carrión el pasado jueves.

Bishop ha defendido además los poderes de la JSF para ordenar reformas estructurales, en obvia  referencia a los cambios a las normas laborales y la reducción en las pensiones que se discuten.

El gobernador Rosselló ha estado enfrentado a la JSF en el tema de las pensiones. Pero, ha coincidido con la autoridad fiscal en querer reducir a solo siete el mínimo de días de vacaciones y enfermedad que debe exigirse por ley para los empleados de la empresa privada.

El gobernador retiró su apoyo a una nueva “reforma laboral” por diferir de la JSF en cuanto al momento de su implantación y los requisitos para poder aumentar en los próximos años de $7.25 a $8.25 el salario mínimo por hora en Puerto Rico. En EE.UU., 29 estados y Washington D.C. tienen un salario mínimo por encima de los $7.25 que exige la ley federal.

Rosselló había propuesto implantar gradualmente la reforma, que estaría plenamente vigente en 2021. La JSF quiere que se ponga en marcha entre ahora y enero, lo que evidentemente magnificaría las consecuencias electorales para el “equipo Rosselló”.

La decisión del gobernador de cancelar su respaldo a la reforma surgió después de que la JSF le pidiera acelerar su implantación, pero también luego de que legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) pusieran en duda su aprobación y el exgobernador Carlos Romero Barceló indicara que esas propuestas se iban a convertir en la “ley 7” de Rosselló, en referencia a los despidos ordenados por Luis Fortuño en 2009.

Puede haber pasado un poco desapercibido, pero Bishop también ha hecho la advertencia de que la asistencia federal para mitigar el desastre causado por el huracán María continuará, pero partiendo de la premisa de que  “las reformas estructurales y la eliminación de la redundancia (en gastos) también deben ocurrir”.

Los republicanos han impuesto restricciones al gobierno de Rosselló en el manejo de los fondos de federales de emergencia. Y Bishop ha sido una voz consecuente en cuestionar la credibilidad del gobierno de Rosselló, sobre todo después del escándalo Whitefish.

“Hay serias preocupaciones de miembros del comité, y el Congreso en general, sobre la habilidad y capacidad del gobierno local actual para manejar adecuadamente las cantidades masivas de dólares en asistencia federal que han comenzado a enviarse”, señaló Bishop en noviembre pasado.

Bishop ha indicado que puede convocar a una nueva audiencia pública para presionar a la JSF.

Sin ambiente en el Congreso para revisar la ley Promesa, poco más puede hacerse en este momento.

Desde el lado del Ejecutivo, el presidente Donald Trump tiene limitadas opciones prácticas para hacer cambios en la JSF. Puede destituir al candidato seleccionado directamente por Barack Obama, José Ramón González, y darse la oportunidad de elevar a cinco el total de republicanos en la junta.

Pero, pocos creen que eso adelante algo.

Por ley, está previsto que la JSF sea renovada en agosto de 2019. Con el Senado altamente dividido (51-49), no se prevé que el presidente Trump opte por interrumpir el trabajo de la JSF vigente y nombre siete nuevos miembros para someterlos a un proceso de confirmación en el Senado.

Y aun destituyendo Trump al miembro de la JSF nombrado por Obama, las elecciones legislativas de noviembre pudieran volver a provocar un cambio en la configuración de la JSF en 2019 bajo el procedimiento alternativo de nombramiento que dio la ley Promesa  y utilizó la Casa Blanca en 2016. Por medio del procedimiento alternativo, el presidente de EE.UU. puede nombrar directamente a un  miembro de la JSF, y escoge los restantes de listados sometidos por el speaker cameral (dos), el líder de la mayoría del Senado (dos), el portavoz de la minoría del Senado (uno) y la líder de la minoría cameral (uno).

Por ejemplo, si los demócratas ganan en noviembre la Cámara de Representantes, volverán a tener la opción de poder guiar en 2019 el nombramiento de tres de los miembros.

Si los demócratas también ganaran el Senado, pudieran guiar el proceso para nombrar a cuatro de los siete miembros.

Puede haber interés de algunos republicanos del Senado en cambiar miembros de la JSF para darle una cara más conservadora, pero más allá de cartas que han enviado en favor de los acreedores, su involucramiento en el debate sobre la crisis fiscal de la Isla ha sido mínimo.

Por ello, como precisó el congresista Bishop, la respuesta probable a corto plazo a la frustración de algunos republicanos será,  simplemente, una futura audiencia pública en la que los críticos del proceso puedan ventear las quejas contra la JSF o el gobierno de Rosselló, o contra ambos.