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Seis números sobre el plebiscito de status

 

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Diez congresistas federales exhortaron a votar en el plebiscito criollo de mañana, domingo. Uno de ellos fue un senador, el republicano Marcos Rubio (Florida). De los 10, tres han respaldado la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EEUU, el republicano Don Young (Alaska), el portavoz adjunto de la minoría demócrata, Steny Hoyer, y la congresista demócrata Stephanie Murphy. El demócrata boricua Darren Soto (Florida) ha indicado que impulsará que el gobierno federal respete los resultados de hoy. El demócrata boricua José Serrano (Nueva York) ha estado inclinado a apoyar un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado 51.

 

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En una carta enviada el 5 de abril al secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, ocho senadores republicanos solicitaron que se incluyera el ‘Commonwealth’ – normalmente traducido como Estado Libre Asociado en el caso de Puerto Rico-, entre las alternativas de status del plebiscito local. Una semana después, el entonces subsecretario interino de Justicia, Dana Boente, notificó al gobernador que la ley de plebiscito no cumplía con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal, por excluir el “status territorial vigente”. Luego, el gobernador fue informado por el Departamento de Justicia de EEUU que para poder revisar las enmiendas, tenía que aplazar la consulta, lo que nunca hizo.

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Este es el quinto plebiscito desde que el gobierno de EEUU permitió a los residentes de Puerto Rico formar gobierno local y tener su propia Constitución, pero siempre dependiente del Congreso y la Constitución estadounidense. Ninguna de las consultas de alternativas de status ha sido vinculante ni permitido hacer cambios en la relación con EEUU. El único cambio real ocurrido desde 1952 fue la aprobación de la ley PROMESA que, a cambio de un procedimiento para declarar oficinas del gobierno en bancarrota,  profundizó más la situación colonial, al imponer una junta que controla las decisiones financieras de la Isla por encima de los funcionarios electos.

 

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Dos congresistas demócratas boricuas – Luis Gutiérrez (Illinois) y Nydia Velázquez (Nueva York)-,  han descartado que el plebiscito de hoy tenga consecuencias.

“No importa cuán cuidadosamente los estadistas lo adornen para que parezca un proceso democrático legítimo,  el plebiscito del 11 de junio es una farsa, dijo el congresista Gutiérrez, al destacar la negativa del Departamento de Justicia de EEUU a validar la consulta. Velázquez ha descrito el plebiscito como puro “teatro político” y advertido que mientras esté vigente la Junta de Supervisión Fiscal y el proceso de reestructuración de deuda bajo un sistema de bancarrota atado al status territorial, la ley “Promesa” es enemiga de la estadidad.

 

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Otros dos boricuas demócratas – José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida) -, han respaldado el plebiscito y consideran que sus resultados deben tomarse en cuenta. “Es hora de que el Congreso atienda y solucione el status de Puerto Rico de una vez por todas. El plebiscito del domingo será una oportunidad para reabrir el diálogo en el Congreso e iniciar la conversación sobre el futuro de Puerto Rico”, indicó Serrano. Soto dijo que como miembro del Comité de Recursos Naturales, abogará porque “el gobierno federal honre y respete la voluntad del pueblo puertorriqueño”.

 

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El único de los boricuas del Congreso que no habló sobre el plebiscito antes de su celebración fue el republicano Raúl Labrador, quien en el pasado ha indicado que respalda la estadidad para Puerto Rico, pero que lo primero debe ser atender la crisis fiscal y de deuda pública. Labrador es ahora precandidato a gobernador de Idaho y dejará su escaño en el Congreso al terminar 2018.

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