La PROMESA federal que impone una junta con poderes para controlar las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico e impulsar procesos de reestructuración de la deuda pública representa una victoria dividida para un importante grupo de firmas de inversiones estadounidenses y el Tesoro federal.

Por supuesto que la administración del presidente Barack Obama está agradecida del speaker Paul Ryan, que logró aplacar sus tropas y abrió el camino para la transacción que en términos legislativos supone la PROMESA federal.

Pero, desde mucho antes de que cobrara fuerza en el Congreso la necesidad que tiene Puerto Rico de reestructurar su deuda pública, sin embargo, firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vinieron aquí a pedir la imposición de una junta federal que le arrebatara el poder administrativo local a los funcionarios electos de la Isla.

Primero lo argumentaron utilizando como excusa la controversia del gobierno de Puerto Rico con el desaparecido banco Doral.

A medida que comenzó a debatirse la idea de reincorporar a las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, la campaña de las firmas de inversiones se intensificó. Por mucho tiempo lograron contener la idea de permitir al gobierno de Puerto Rico contar con un mecanismo para reestructurar su deuda.

Justo hace un año, por ejemplo,  el comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes engavetó el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que propuso darle acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Entonces, intervino el Tesoro. Algunos sostienen que influenciado por Richard Ravitch – exvicegobernador de Nueva York y asesor informal del gobernador García Padilla-, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, se convenció de la necesidad de que Puerto Rico tuviera autorización para reestructurar toda su deuda, incluidas las obligaciones generales que la propia Constitución de Puerto Rico dice deben tener prioridad al momento de hacer pagos.

Lew envió a su consejero, Antonio Weiss, a la audiencia del comité de Energía y Recursos Naturales del Senado del 22 de octubre de 2015. Allí, la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), quien detuvo el nombramiento de Weiss como subsecretario del Tesoro para Finanzas Domésticas lo crucificó. Pero, el Tesoro sembró la semilla de la reestructuración plena a cambio de la junta federal de control fiscal.

De ahí en adelante, el ‘quid pro quo’ era evidente:   darle la junta de control fiscal a las firmas de inversiones; y abrir la puerta a la posibilidad de reestructurar toda la deuda.

En medio del proceso, el gobierno del presidente Obama se ocupó de afianzar las bases jurídicas de la situación colonial de Puerto Rico por medio del caso Sánchez Valle que estaba pendiente ante el Tribunal Supremo de EEUU. Su procurador general, Donald Verrilli, sometió un argumento como ‘amigo de la corte’ para informar al tribunal sobre la posición del Ejecutivo.

En su argumento, Verrilli afirmó que “el acuerdo (llamado ELA) puede ser revisado por el Congreso, y los funcionarios federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de la constitución por parte de Puerto Rico no alteraba su status constitucional. La última fuente de poder soberano en Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos”.
¿Puede el Congreso cambiar unilateralmente los aspectos de su relación con Puerto Rico? “La contestación es que sí”, indicó después, en la audiencia oral del 13 de enero sobre el caso Sánchez Valle,  la procuradora general adjunta de EEUU, Nicole Saharsky.  “La última fuente de poder de los territorios – como Puerto Rico-, se deriva del Congreso”, indicó Saharsky

En esa misma sesión, la jueza Elena Kagan – quien terminó escribiendo la opinión de la mayoría en el caso Sánchez Valle-, intervino:  “¿Cuál es la última fuente de autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico? La última autoridad del pueblo puertorriqueño fue un acto del Congreso. Si mira hacia atrás, la última fuente de autoridad fue el Congreso”, indicó Kagan en una respuesta al abogado del gobierno de Puerto Rico.

Kagan utilizó básicamente las mismas palabras al afirmar el 9 de junio pasado que, respecto a la cláusula constitucional federal contra la doble exposición por acusaciones criminales, “la última fuente de poder para fines de presentación de cargos es el gobierno federal, porque cuando rastreamos esa autoridad llegamos a las puertas del Congreso estadounidense”.

Para Kagan, aunque en 1952 la Isla se convirtió “en una nueva especie de entidad política”,  el poder del Congreso sobre la Isla es similar al que tienen los estados sobre los municipios.

A los municipios tradicionales, el gobierno estatal le puede imponer una junta de control. En los territorios estadounidenses– es decir las colonias como Puerto Rico- y a los residentes de la capital federal, las juntas de control las impone Congreso.

La crisis en Puerto Rico – a diferencia incluso de Washington D.C., donde votan por el presidente de EEUU-, la exacerba el hecho de que la Isla queda sin representación electoral, pues hasta para los cuestiones locales los gobernantes que elegirá en noviembre estarán subordinados  a una junta creada por un gobierno que no pueden elegir.

Con la PROMESA federal se enterraron los últimos suspiros del limitado concepto de gobierno propio a nivel local.

Pero, es importante no solo que lo hayan decidido hacer, sino que debe llamar la atención el silencio del presidente Obama y el liderato  republicano del Congreso sobre la crisis política que agudizan.