Se acabó el disimulo.

La PROMESA federal convirtió en un espejismo los limitados atributos de gobierno propio de la Isla.

Alargaron la cadena a mediados del siglo pasado y ahora, a cambio de un posible proceso dirigido a reestructurar la deuda pública, la recogen.

Junto a la incertidumbre económica, se hizo patente la  indefensión política.

El sentido de humillación es compartido por sectores de todo el espectro político de  Puerto Rico.

En abril pasado, en una entrevista con El Nuevo Día, el juez federal Juan Torruella lo describió así: “Puerto Rico ya ha pasado de la etapa de que necesite estar bajo una sindicatura. Existe un gobierno democráticamente electo en Puerto Rico y espero que sea así en el futuro. Una junta por encima del gobierno, una junta no electa sería volver a los tiempos la Ley Foraker, de hace más de 100 años. Es un retroceso politico”.

Ante las Naciones Unidas, la senadora y candidata a gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, afirmó el mes pasado que los plenos poderes del Congreso sobre Puerto Rico, permiten ahora “la imposición de una nueva dictadura: la junta de control fiscal, siete personas no electas que tendrán poder absoluto sobre nuestro país”.

“Ningún puertorriqueño debe prestarse a servir en una junta diseñada para saciar la sed de los buitres a costa de la esperanza de nuestros compatriotas. De esto se trata esta junta, de quitarnos el poco poder que tenemos”, indicó el viernes la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz.

Ayer, el senador Thomas Rivera Schatz, vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP),  afirmó que  “ningún puertorriqueño o puertorriqueña debe aceptar nombramiento en la junta”.

Ahí está. A flor de piel, independientemente de ideologías, el conflicto entre “ellos” y “nosotros”.