La encrucijada financiera y política en que se encuentra Puerto Rico cobra prominencia esta semana ante el Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque pasarán varios meses en lo que se conoce con certeza si el gobierno federal aprobará alguna iniciativa dirigida a suavizar la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.

Un subcomité del Congreso retomará el martes el debate sobre la crisis fiscal, centrado esta vez en el tema energético, 24 horas antes de que el máximo foro judicial estadounidense celebre una sesión oral en torno a si Puerto Rico es una entidad soberana para efectos de la cláusula de doble exposición y la Constitución federal.

Entre medio de esos eventos, el presidente Barack Obama ofrecerá mañana en la noche su último mensaje sobre el Estado de la Unión.

Aunque es inusual que un presidente de EE.UU. piense en Puerto Rico cuando ofrece su principal mensaje a la nación estadounidense, algunos no descartan que pueda querer utilizar ese discurso para acentuar el llamado de su administración al Congreso con el propósito de que autorice la reestructuración de la deuda pública de la Isla, que ronda los $69,000 millones.

George Bush padre abogó en su primer mensaje como presidente de EE.UU. por un referéndum federal para decidir el futuro político de la Isla y dio su respaldo personal a la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51. “En 1989 ocurrió por la determinación del presidente Bush”, dijo Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico y como cabildero ha representado a grupos que defienden la estadidad para la Isla.

Para Farrow,  le correspondería al Departamento del Tesoro convencer al presidente Obama de tratar el tema, aunque le parece que podría tener el efecto de “hacer más partidista” el debate sobre el acceso pleno o parcial del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras.

Janet Murguía, presidenta del influyente grupo Concilio Nacional La Raza, sostuvo que el presidente Obama debería anunciar un nuevo plan Marshall para Puerto Rico y suavizar el impacto humanitario de la crisis fiscal.

“El presidente Obama ya habló, de la forma más contundente posible, con el escrito que presentó ante el Tribunal Supremo” en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, en el que mantuvo que en términos constitucionales estadounidenses, el status territorial/colonial nunca se alteró por el proceso que generó la aprobación de una constitución local en la Isla en 1952”, indicó Andrés López, abogado estadista y principal enlace del presidente Obama con  Puerto Rico.

Para López, a los puertorriqueños les corresponde presionar al presidente Obama y al Congreso “para que cualquier proceso dirigido a resolver la crisis temporera –la de dólares y centavos–, culmine con la resolución de la crisis estructural: el problema del status”.

INDEFENSIÓN.  De todos modos, las audiencias en el Congreso y el Tribunal Supremo federal pueden ser nuevas oportunidades para acentuar el estado de indefensión e indefinición política en que se encuentra la Isla.

Los eventos de la semana comienzan mañana, martes, a las 10:00 a.m., con una audiencia del subcomité de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que tendrán prominencia los esfuerzos para negociar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la posibilidad de impulsar nuevas opciones para fomentar la energía renovable en la Isla.

Y siguen al otro día con la vista oral del Tribunal Supremo federal, en un caso que –aunque se refiera al  funcionamiento del sistema de justicia criminal–, los propios gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. han visto como una controversia que va al corazón de la relación colonial de la Isla.

“La probabilidad de que entren al tema de la naturaleza del Estado Libre Asociado ciertamente ha aumentado desde el ‘amicus curie’ del Procurador General, (pero) me sigo inclinando hacia una decisión limitada al asunto de la doble exposición y el poder del territorio de combatir la criminalidad”, indicó el constitucionalista Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

No obstante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos – en respuesta a una argumentación de la Asociación de Abogados de las Islas Virgenes, en la que sostiene que hay denuncias aún sin resolver por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle-, notificó que va a discutir en su sesión oral  si puede resolver la controversia en este momento. “Los abogados deben esperar preguntas en la argumentación oral en torno a si el tribunal tiene jurisdicción para revisar la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico”, indica una notificación enviada el viernes en la tarde por Scott Harris, oficial del Tribunal Supremo de EE.UU. y quien supervisa las presentaciones ante ese foro.

Si la controversia no está madura para justificar la intervención del Tribunal Supremo de EE.UU., quedaría aparcado el debate entre el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de la Isla y el Procurador General de los Estados Unidos en torno a si el gobierno puertorriqueño tiene soberanía para juzgar en su sistema judicial a personas que han sido enjuiciadas por los mismos hechos a nivel federal.

EN EL CONGRESO. Por su parte, la nueva ronda de audiencias legislativas –después de cinco vistas públicas del Congreso en 2015–, persiguen cumplir la promesa del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan (Wisconsin), de que los comités con jurisdicción sobre la crisis fiscal de la Isla propongan una posible solución federal al pleno cameral a más tardar el 31 de marzo.

“Hasta ahora el Congreso no ha dado señales de querer devolverle a Puerto Rico la capacidad de acogerse al Capítulo 9 de bancarrota ni otorgar paridad en fondos de salud. Los republicanos han presentado propuestas que no son serias y aunque los esfuerzos para romper ese tranque deben continuar, el enfoque debería ser también en el Ejecutivo federal, que tiene muchas herramientas a su disposición para evitar la crisis humanitaria que ellos han dicho que quieren evitar”, dijo Federico de Jesús Febles, demócrata boricua que fue portavoz de la primera campaña del presidente Obama y subdirector de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) durante el gobierno de Alejandro García Padilla.

Sin una nueva intervención del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal –que llegó a considerar reactivar esta misma semana un debate que declaró cerrado en julio de 2015–, la oportunidad para discutir el tema de la quiebra federal puede ser la audiencia pública prevista para el 26 de enero en el subcomité de Asuntos Insulares, que como el de Energía y Recursos  Minerales, pertenece al Comité de Recursos Naturales.

El Comité de lo Jurídico es el que tiene jurisdicción primaria sobre el código federal de bancarrotas.

Pero, desde la primera audiencia sobre el acceso de las empresas públicas de la Isla al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, la mayoría republicana se solidarizó con la oposición de varias poderosas firmas de inversiones a la idea de que se permita reestructurar la deuda pública de Puerto Rico por medio del código federal de bancarrotas.

En julio pasado, el presidente del Comité de lo Jurídico, el republicano Robert Goodlatte (Virginia), anunció que no hay votos en su comisión para aprobar el acceso de la Isla al capítulo 9. Esa realidad, según fuentes legislativas, no ha variado.

“No hay un proyecto de ley que tenga tracción en la Cámara”, reconoció el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, autor del proyecto 870 a favor del mecanismo de la quiebra federal y quien estará mañana como legislador federal en el subcomité de Energía y Recursos Minerales de la Cámara de Representantes de EEUU.

Por haber sido referida también al Comité de Recursos Naturales, sin embargo, la medida del republicano Sean Duffy (Wisconsin) –que propone una junta federal de control fiscal que sea ratificada por las autoridades de la Isla a cambio del acceso de las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras–,  puede ser discutida en la audiencia del próximo día 26 del subcomité de Asuntos Insulares.

Duffy ya no está solo entre los republicanos como proponente del capítulo 9 para la Isla. Desde el pasado martes, el republicano Alexander Mooney (Virginia Occidental) es coautor del proyecto.

RECHAZO REPUBLICANO.  Como grupo, los republicanos mantienen un fuerte rechazo a la idea de permitir la reestructuración de la deuda pública de la Isla.  “Sin un plan de solvencia fiscal, creo que no hay forma de que los conservadores puedan apoyar legislación a favor del capítulo 9”, indicó  la semana pasada a Politico el  republicano boricua Raúl Labrador (Idaho), uno de los líderes del “Freedom Caucus”, que representa a cerca de 40 de los más conservadores.

El grupo conservador Libre Initiative –que con el apoyo financiero de los hermanos Koch, entre otros, busca movilizar a la comunidad hispana en Florida–, también echó sombras sobre la idea de que el Congreso autorice la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

“Cualquier intento de solución rápida, incluyendo rescates federales, no resolverá el problema de fondo. Se debe atender desde la raíz, empezando porque el Gobierno de Puerto Rico tome decisiones difíciles, aun a riesgo de repercusiones políticas”, indicó Daniel Garza, director ejecutivo de Libre Initiative. La esposa del congresista Duffy, Rachel Campos, es portavoz nacional de Libre Initiative.

Mientras más se ha prolongado el debate, más partidista se ha tornado.

“Los republicanos ven este asunto como algo que los demócratas quieren. Si  sigue el  partidismo, no puede esperarse que se apruebe legislación”, dijo Farrow, quien resalta el hecho de que con la aprobación en diciembre del ómnibus presupuestario se perdió el vehículo legislativo ideal para lograr una transacción.

En la agenda de la Cámara baja federal tampoco hay señales de que se retomará la discusión sobre el acceso a los programas federales de salud.

Para acentuar más la distancia entre republicanos y demócratas, justo cuando el gobierno de Puerto Rico y la Casa Blanca han abogado por encaminar la Isla hacia la paridad en Medicaid, la mayoría del Congreso logró aprobar la semana pasada – aunque el presidente Barack Obama la vetó-, legislación dirigida a derogar la reforma federal de salud (Obamacare), que ayudó a financiar temporalmente un aumento en los fondos de Medicaid que recibe Puerto Rico.

Con la campaña presidencial en marcha, los demócratas han advertido que los cerca de 700,000 potenciales electores de origen boricua  en Florida pueden decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Si Ryan logra aprobar alguna solución federal a la crisis política, todavía quedará el Senado, donde ningún miembro de la mayoría republicana ha respaldado el acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9.

Y en un año de elecciones presidenciales y legislativas, el calendario  estará más apretado. Debido a que la convención presidencial republicana comenzará el 18 de julio, el plan de la mayoría del Congreso   es iniciar el receso de verano a mediados de ese mes, extenderlo hasta principios de septiembre,  y volver a suspender sus sesiones en octubre hasta después de las elecciones del 8 de noviembre.

El Tribunal Supremo de EE.UU. puede actuar con más rápidez. Antes de junio debe decidir el caso de la cláusula de doble exposición. Pero, también tiene pendiente la controversia sobre la ley criolla de quiebras, que debe ser discutida en otra audiencia oral pronto y resolverse en junio.

PD: Versión revisada y ampliada de la historia publicada ayer en la sección A Fondo de El Nuevo Día.