Trazando una raya, el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó que para el gobierno del presidente Barack Obama la responsabilidad de resolver la crisis fiscal y de deuda pública es del gobierno de Puerto Rico.

Nadie pone en duda de que decidir hacia donde se va, debe estar primero en manos de los puertorriqueños y de su gobierno.

Pero, una cosa es que el gobierno federal haya decidido que debido a que en un impago del gobierno de Puerto Rico – incluidas las obligaciones generales-, no  va ocurrir un remezón en el mercado de valores estadounidense, le darán a la Isla el mismo trato que recibió Detroit (Michigan) o puede recibir cualquier próximo gobierno local o estatal que vaya camino a la bancarrota: asistencia técnica, recomendaciones y escudriñar en programas existentes el acceso a fondos federales adicionales.

Otra cosa es que el gobierno federal piense que en el resto de los asuntos puede lavarse las manos.

Más aún cuando debajo de cada piedra que se ha levantado en Washington para tratar de aliviar la crisis hay un tema recurrente: la falta de poderes políticos de la Isla.

Los que han tenido la autoridad sobre el gobierno de la Isla – sobre todo los más recientes gobernadores -, cargan con el peso principal de la crisis. Pero, el gobierno federal no puede hablar de la crisis sin reconocer todas las implicaciones federales del problema. Más aún cuando Puerto Rico no tiene representación formal en el gobierno que aprueba las leyes y normas federales.

Primero que todo está la falta de un mecanismo que permita reunir todas las complicaciones de un procedimiento de bancarrota.

El gobierno de Puerto Rico legisló una ley de quiebras y fue un juez federal de San Juan el que la invalidó.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, presentó un proyecto de ley para incluir las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras – una iniciativa que hace unos meses parecía la más cercana y que cada vez se aleja más-, y la mayoría republicana del Congreso la tiene detenida.

Si hoy no hay un procedimiento ordenado para por lo menos reestructurar la deuda de las corporaciones públicas de la Isla, que suma unos $26,000 millones, es responsabilidad del gobierno federal.

Análisis tras análisis – siendo el más reciente el llamado Informe Krueger -, advierte de cómo los estatutos federales de cabotaje encarecen los costos de transportación de productos y debilita la economía.

Si cuesta arriba es lograr la aprobación del proyecto 870 del comisionado Pierluisi que permitiría reestructurar la deuda de las corporaciones públicas, alterar las normas de cabotaje parece imposible.

Esas normas tienen el respaldo de las empresas de transporte marítimo – cercana a los republicanos-, y sus trabajadores – cuyos sindicatos se vinculan con los demócratas. Si no se enmiendan es porque el gobierno federal no quiere.

Bajo la presidencia de Bill Clinton y con el respaldo del gobierno de Puerto Rico, el Congreso derogó la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que le daba privilegios tributarios federales a las empresas manufactureras estadounidenses con negocios en la Isla. La decisión de eliminar la sección 936, que muchos economistas consideran dio una fuerte estocada a una economía de la Isla en decadencia,  fue también principalmente responsabilidad federal.

La negativa a revivir un mecanismo parecido es decisión federal.

En manos federales está también si se reautoriza y/o mejora el acceso a fondos de Medicaid, cuyo aumento otorgado por medio de la reforma federal de salud -Obamacare-, puede expirar tan pronto como el verano de 2017, dejando un precipicio fiscal que se acercaría a los $1,800 millones anuales, de acuerdo a la Coalición para Atender la Crisis Fiscal.

En manos federales estará también decidir si se le da continuidad al crédito del Tesoro al impuesto de 4% sobre las ventas que  pagan al gobierno de Puerto Rico las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), que aún son la amplia mayoría de las manufactureras en la Isla y sustentan 77,000 empleos.

Sin ese crédito federal, dicen los sus defensores, se hará más difícil mantener en la Isla empresas que ahora le pagan cerca de $1,900 millones anuales al gobierno puertorriqueño.

Responsabilidad federal es también, sobre todo, ayudar a encaminar la descolonización de Puerto Rico.

El Congreso nunca se ha comprometido a aceptar los resultados de un referéndum de alternativas de status y quizá nunca lo haga. En espera de una supermayoría, que no se ve en el horizonte, descartan enfrentarse decisivamente al asunto. Les tomó décadas comenzar a decir la verdad sobre la naturaleza colonial del actual status, cuyos favorecedores llegaron a tener amplias mayorías y pidieron mejoras por décadas, sin ser escuchados.

En definitiva, el gobierno federal puede preferir no legislar para tratar de aliviar la crisis fiscal.  Lleva 117 años sin legislar un verdadero proceso de libre determinación y constantemente ha dado la misma respuesta vaga e incierta: que la decisión está en manos de los puertorriqueños.

Las grandes decisiones deben empezar en casa. Y las divisiones partidarias evitan muchas veces emplazar  correctamente al gobierno federal.

Pero, no puede ser que el que tiene el poder de aprobar las reglas y controlarlas quiera presentarse como un mero árbitro o facilitador. Puerto Rico ni es Detroit, ni es Nueva York ni Washington D.C..  Es un país sumido en una grave crisis fiscal que aún busca definir el futuro de sus relaciones con Estados Unidos y que ya expresó querer un cambio.