Desde hace muchos meses, una vez los medios estadounidenses comenzaron a preocuparse por el efecto en la economía de Estados Unidos de la crisis fiscal de Puerto Rico, anda pululando por todos lados como un fantasma decidido a echar miedo, la idea de que el Congreso establezca una junta de control financiero que le arrebate al gobierno puertorriqueño el manejo de sus finanzas.

Para empezar, ningún miembro del Congreso ha impulsado la idea, aunque alguno haya hecho algún comentario o pregunta sobre ese particular en una audiencia pública. Ni el gobernador Alejandro García Padilla ni el comisionado residente en Washington,  Pedro Pierluisi, la respaldan.

Por medio de legislación de Pierluisi, las autoridades de la Isla – con una deuda de $73,000 millones que se ha tornado impagable -,  sí llevan casi un año tratando de echar hacia delante un proyecto de ley que permitiría incluir las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Lo que ha ocurrido paulatinamente – como reportó El Nuevo Día a mediados de abril -, es que se se ha intensificado el interés del Departamento del Tesoro federal por asegurar sus fondos.

Cuando fueron inicialmente en diciembre de 2013 a revisar la situación fiscal y financiera de Puerto Rico, los expertos del Tesoro, según diversas fuentes,  concluyeron que una quiebra formal y un futuro impago del gobierno de Puerto Rico no provocarían un riesgo sistémico para el mercado de bonos municipales.

Una vez hecho el análisis, el próximo paso, desde el punto de vista de los expertos del Tesoro – todos muy cercanos a Wall Street-, han buscado  como asegurar su otro interés primordial: sus fondos federales. A eso se debe la carta del Departamento de Vivienda federal (HUD) al gobierno de Puerto Rico advirtiendo que sus fondos no deben estar en el Banco Gubernamental de Fomento, que no cuenta con las garantías del sistema bancario federal –FDIC- en caso de una quiebra.

Ese análisis no se ha limitado a los fondos de HUD. Pero, ni el gobierno federal ni el de Puerto Rico han querido dar detalles sobre otros posibles programas que hayan llegado a la misma conclusión sobre los fondos que envía a la Isla.

¿Qué más puede quere hacer en estos momentos el Tesoro?

Como todo el proceso de discusión dentro del gobierno federal – normalmente secreto-, ha estado más centrado en cómo se protegen ellos mismos, pues quizá lo próximo sea crear una estructura para controlar mejor la distribución y uso de sus fondos.

Pero, la realidad es que el nombre no hace la cosa, pues tranquilamente pueden hacerlo desde el subcomité creado a finales de 2013 dentro del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca o desde el mismo Departamento del Tesoro.

Si hay una agencia federal con cierta independencia de la Casa Blanca al supervisar operaciones del gobierno, esa es el Tesoro. No todo lo que ha hecho el Tesoro sobre Puerto Rico se ha consultado primero con la Casa Blanca, donde los dos últimos jefes de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales han preferido –pese a las recomendaciones de otros miembros del Grupo de Trabajo-, tener un perfil bajo y dedicar su tiempo a otras cosas.

De todos modos, no hay evidencia alguna de que el Congreso o la propia Casa Blanca tengan la intención de arrebatarle el control al gobierno de Puerto Rico de sus propios fondos y devolver a la Isla a la situación de principios de siglo en la que administradores  nombrados por Washington controlaron y/o sabotearon la economía de la Isla.

Si Estados Unidos estuviese decidido a descolonizar a Puerto Rico y los líderes del Congreso estuvieran hablando de ello – por ejemplo el ‘speaker’ John Boehner o  el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell -, entonces tuviera alguna validez la propuesta, a la que le dio alas la junta editorial del diario The New York Times, de crear una junta que se haga cargo del día a día de las finanzas de Puerto Rico.

El interés a favor de una nueva invasión de administradores federales ha sido de las firmas de inversiones que cada vez tienen más peso en el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico, no de los legisladores federales, que son los llamados a tomar una decisión tan extraordinaria y de consecuencias históricas.

Lo posible – aunque mucho más difícil de lo que se pensó – es la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras. (Vale acentuar que Puerto Rico no tiene la opción de un mecanismo de quiebras por decisión de un juez federal en San Juan e inacción del Congreso).

Pero, mientras no haya interés en Washington en resolver de una vez y todas el debate de status, hablar de juntas de control financiero aprobadas por el Congreso es como escuchar a los republicanos de George W. Bush teorizar de que en pleno siglo 21 pueden regalar la Isla a otro país con todo y sus ciudadanos dentro.

Aquí no hay ningún indicio de que el Congreso y la Casa Blanca estén listos para tomar las grandes decisiones que suponen impulsar un cambio de status.  Y sin ello no es lógico que haya interés en acabar con las facultades de gobierno local que le quedan al status territorial actual.