Durante una época de austeridad y fuertes realidades económicas, cada centavo que se gasta en el gobierno de Puerto Rico tiene que evaluarse y justificarse de manera convincente. Esto significa que el poco dinero que tenemos se debe utilizar para mantener servicios verdaderamente esenciales, mientras cortamos fondos para servicios que no caben dentro de esta definición. Sin embargo, la definición de la frase “servicios esenciales” es altamente maleable, y por consiguiente, muchos funcionarios de gobierno e inclusive ciudadanos privados la utilizan para justificar servicios cercanos a ellos o importantes para ciertos intereses. En mi opinión es nuestro deber como puertorriqueños comprometernos a defender los servicios que realmente son esenciales, de manera honesta y justa, mientras admitimos que ciertos programas merecen un ajuste dramático en gastos y en la manera que se utilizan los pocos fondos que se asignan.

Un ejemplo de esto es la educación universitaria. Por un lado, reconocemos que la Universidad de Puerto Rico presta un servicio totalmente esencial para el bienestar de nuestro pueblo. Por otro lado, hay que reconocer que la educación universitaria en Puerto Rico no es sinónima únicamente al sistema de la UPR, que atiende apenas a una cuarta parte de los estudiantes universitarios de Puerto Rico. Proveer alivio económico a nuestros estudiantes de universidades privadas también es un servicio esencial y sumamente beneficioso para nuestro pueblo. Sin embargo, hemos visto como la excusa de “servicios esenciales’ se ha utilizado para dar preferencia absoluta a nuestro sistema público a expensas de nuestros estudiantes de universidades privadas. Por ejemplo, en el pasado cuatrienio, la cantidad de fondos que se proveyeron a la Universidad de Puerto Rico quedaron esencialmente intactos, dado mayormente a que la UPR, políticamente, se ve como una “vaca sagrada” que no ha de tocarse. El verdadero pecado es que, al mismo tiempo que estos fondos permanecieron intactos, se decidió reducir la beca legislativa para estudiantes de universidades e instituciones vocacionales privadas de unos $25 millones a unos $8 millones. ¿Acaso la educación universitaria de tres cuartas partes de nuestros estudiantes, la mayoría proveniente de nuestro sistema público, no es un “servicio esencial”? ¿O es que pasadas administraciones han usado la excusa de “servicios esenciales” para dejar a la UPR intacta a expensas de servicios igualmente esenciales en las privadas, por razones políticas?

Como líder universitario, soy el primero que abogará por que nuestro sistema público universitario tenga los fondos necesarios para subsistir y proveer los servicios que normalmente provee. Sin embargo, considero una verdadera atrocidad que se limiten las becas legislativas en las instituciones privadas que tanto ayudan a nuestros estudiantes, muchos de muy bajo ingreso, a tener $200 o $300 al mes para ayudarlos con su comida, sus materiales, y su transportación. Para muchos, esa beca determina si un estudiante se queda o se sale de la institución. Inclusive, conozco a muchos que se ven beneficiados inmensamente por esta beca, individuos que se pasan todo el día mascando chicle y bebiendo agua para aplacar el hambre porque el dinero no les da para comer y pagar el pasaje. Más allá de la atrocidad que esto representa para nuestros estudiantes, también representa un sinsentido económico, pues con cada estudiante que deje de cursar sus estudios, se pierden también sobre $5,000 dólares al año que ese estudiante recibiría de la beca Pell. Estos $5,000 representan un ingreso totalmente nuevo a la isla que el estudiante invierte plenamente en nuestra economía local; es una inyección invaluable y no tiene sentido que, por ahorrarnos $500 de beca para un estudiante de bajos recursos que intenta mejorar su condición socioeconómica de manera digna a través de la educación, la economía puertorriqueña pierda sobre $5,000.

Además de esto, el que la UPR sea un servicio realmente necesario no es sinónimo con que no se pueda disminuir la cantidad de fondos que se le asignan. Como muchos sabemos, y en especial aquellos que conocen muy bien las labores y los gastos de la UPR y sus recintos y departamentos, en nuestro principal centro docente existe un problema de malgasto e ineficiencia que es inaceptable. En tiempos de austeridad particularmente, es  deber identificar donde están las ineficiencias y cómo podemos mejorar el problema para hacer más con menos. Nunca debemos proveerle a la UPR menos de lo necesario para que continúen sus funciones, pero tampoco podemos usar la excusa de “servicios esenciales” para escudar la ineficiencia y el malgasto de fondos, sin ningún tipo de investigación ni fiscalización.

Otro ejemplo es el Puerto Rico Federal Affairs Administration (PRFAA), en donde los fondos designados para cabildear y buscar fondos federales no cumplen con el mínimo necesario para el servicio esencial que PRFAA provee, que es buscar fondos. En vez de estar gastando dinero en oficinas para proveer servicios a ciudadanos del estado en que ubican, los fondos usados para operar esas oficinas deben destinarse a buscar más fondos federales para Puerto Rico y los residentes puertorriqueños en un estado deben aprender a recurrir a sus alcaldes y gobernadores. Por más que queramos a nuestros abuelos o primos que viven en los estados, financiar estas oficinas no es un “servicio esencial”, e imposibilita que PRFAA en Washington, DC cumpla con sus funciones a cabalidad.

Estos son meros ejemplos, y debemos todos estar mirando adentro hacia el gobierno y sus agencias e identificando fuentes de malgasto e ineficiencia. Una de las mejores maneras de ayudar a cuadrar el presupuesto es ver qué cosas no son esenciales, y de aquellas que son esenciales, ver cómo se pueden proveer al menor costo posible. Sin embargo, no podemos caer en el hoyo que han caído pasadas administraciones, que lo que han hecho es dedicarse a escudar la ineficiencia y el malgasto de fondos diciendo que se usan para “servicios esenciales”.