La manera en la que opera nuestro sistema judicial, tanto a nivel federal como estatal, tiene en muchas ocasiones el resultado de injustamente procesar, enjuiciar y mantener en la pobreza a los más vulnerables. A nivel federal un Afro-Americano tienen cuatro veces más probabilidades de ser arrestado por posesión de marihuana en comparación con un blanco, a pesar de que ambos utilizan la sustancia proporcionalmente al mismo nivel.

En Puerto Rico ocurre lo mismo – los más vulnerables tienen mayores probabilidades de ser arrestados en comparación con otros grupos demográficos, a pesar de que ambos incurren en delitos, como la posesión de marihuana, en niveles similares. ¿Por qué esta disparidad? El gobierno inadvertidamente lo subsidia, premia e incentiva a través de algunos programas federales y estatales.

El New York Times publicó un artículo en donde detalla la raíz del problema. Algunos programas federales para combatir el crimen, al igual que ocurre con algunos programas locales, premian e incentivan, mediante la otorgación de mayor cantidad de fondos, el arresto de más personas, independientemente de las consecuencias.

Por ejemplo, el programa federal Edward Byrne Justice Assistance Grant Program (mediante el cual Puerto Rico recibe casi $3 millones al año) asigna fondos federales a los estados y territorios usando una fórmula que incluye la cantidad de arrestos alcanzados por cada jurisdicción. Mientras más arrestos tenga el departamento policiaco de cada estado o territorio, más fondos le asignan a esa jurisdicción para combatir el crimen el próximo año.

Como consecuencia, el artículo del NYT explica que el estado concentra su búsqueda en aumentar la cantidad de arrestos donde le sea más fácil y rápido encontrar ofensores de leyes de drogas y delitos menos graves. Lamentablemente, esto lleva muy frecuentemente a la victimización de las comunidades más vulnerables por parte de las autoridades. Por ejemplo, es más fácil para el estado arrestar a un usuario de marihuana en un residencial público de lo que lo es en una urbanización con control de acceso. Es por programas como estos que existe la disparidad en el número de arrestos por marihuana entre diferentes grupos demográficos a pesar de que el consumo se lleve a cabo en igual proporción.

Pero el problema mayor no se encuentra en estos programas fallidos, sino en las leyes de drogas tanto a nivel federal como estatal y sus consecuencias. De acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley número 4 de 23 de junio del 1971) una persona arrestada con marihuana para consumo personal puede ser encarcelada entre 2-5 años (Artículo 404). En algunos casos, individuos acusados por primera vez por posesión de drogas pasan más tiempo en la cárcel que violadores u otros delincuentes con largos historiales carcelarios.

Luego de cumplir su sentencia, los arrestados son marginados por el gobierno, pues en la gran mayoría de los casos no pueden recibir ayudas sociales (TANF, WIC, etc.) y no cualifican para vivir en residenciales públicos. Además, con el record manchado se les hace difícil conseguir un empleo. Por lo tanto, el estado obliga a estas personas a insertarse en la economía subterránea o en el bajo mundo para poder ganarse la vida. Es evidente que las leyes actuales para combatir las drogas, junto a algunos programas federales y estatales, someten a los más vulnerables a una puerta giratoria que los mantiene en la pobreza.

Es por esto que el Gobernador, Comisionado Residente y los legisladores deberían inmediatamente apoyar y cabildear para que se apruebe el proyecto bipartita de los senadores federales Rand Paul (R-Kentucky) y Patrick Leahy (D-Vermont) para derogar las penas mínimas obligatorias para los arrestados por posesión de marihuana y proveerle al juez la discreción de imponer penas menos onerosas.

Además, la próxima administración debería enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para despenalizar el uso de la marihuana. En la gran mayoría de los casos, los ofensores a estas leyes son adictos y deberíamos tratarlos como lo que son, no como criminales. Nada vamos a lograr si encerramos a un adicto entre 2-5 años en la cárcel y el estado no lo rehabilita.

En Puerto Rico se estima que el 25% de los confinados (aproximadamente 3,000 de 12,000 confinados) están en la cárcel por posesión de drogas y cuesta cerca de $30,000 al año mantener a cada confinado en el sistema del Departamento de Corrección. Por lo tanto, si despenalizamos la marihuana se estima que esto le ahorraría al erario público más de $200 millones al año. Es por esto que no solamente hace sentido transformar la visión de la guerra contra las drogas por su injusto efecto contra los más vulnerables, pero también porque significaría un ahorro millonario al estado.

Estoy totalmente en contra del uso de las drogas – no solamente le hacen mal a nuestra sociedad, pero también afectan terriblemente el desarrollo de nuestros jóvenes. Pero la realidad es que nuestro sistema ha hecho poco para disminuir su consumo e injustamente concentra sus recursos en procesar y enjuiciar a los más vulnerables. No esperemos cambiar el rumbo de nuestra isla haciendo lo mismo de siempre. Aprovechemos esta coyuntura histórica para reformar la forma de operar nuestro gobierno.