La entrada de Uber esta semana a la isla nos reafirma de que a pesar de que nos encontramos en el Siglo XXI, nuestro gobierno todavía opera como si estuviera en el siglo anterior. Es bochornoso ver como compañías intentan invertir y traer negocio nuevo a nuestra isla pero la burocracia, reglamentación excesiva y el gobierno permanente no se los permite. La controvertible entrada de Uber a la isla nos reafirma la importancia de sacar al gobierno de nuestras vidas y permitir la libre competencia en igualdad de condiciones.

Por el último año he contado con la conveniencia de poder usar Uber como método de transportación y el servicio es fabuloso. Funciona igual que un taxi, con la única diferencia de que: 1) tiende a ser más barato, 2) el tiempo de espera es usualmente menor de cinco minutos y 3) la aplicación móvil te da la oportunidad de evaluar al conductor. Además, Uber le da la oportunidad al consumidor de usar “uber pool” (compartir carro con otro consumidor) por 50% de descuento al precio regular, lo cual incentiva la protección de nuestro medioambiente. Definitivamente es un negocio que beneficia a la economía completa y que debió haber entrado a Puerto Rico hace meses si no fuese por la reglamentación excesiva y la burocracia que habían logrado impedirlo.

Por otro lado, injustamente se ha criticado a la Comisión del Servicio Público (CSP) por obstaculizar la entrada de Uber a Puerto Rico pero la realidad es que la CSP solo cumple con su trabajo. Según la Ley 109 del 28 de junio del 1962 la CSP “tiene el poder para otorgar, reglamentar y fiscalizar autorizaciones o franquicias dedicadas al servicio público” como lo son las empresas de transporte público, los porteadores por contrato y los corredores de transporte. Por lo tanto, la función de la CSP es hacer valer la ley, no crearla. Lo que es excesivo es el tiempo que le toma al Gobierno y a la CSP otorgar un permiso debido a lo burocrática que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) y la propia Ley de Servicio Público.

Por ejemplo, una vez radicada una solicitud de autorización, se tiene que publicar dos edictos en periódicos de circulación general y esperar 15 días por si alguien presenta alguna oposición. De surgir oposición, se tiene que calendarizar una vista pública y citar a las partes. Una vez celebrada la vista, el abogado examinador prepara un informe para la sala de comisionados correspondiente y entonces los comisionados deciden si otorgan el permiso o no. Todo este proceso puede tomar 45 días. Es responsabilidad del Gobernador y de la Legislatura enmendar la leyes para agilizar los procesos y servir como verdaderos facilitadores de los ciudadanos.

Lo triste es que esta misma reglamentación y burocracia excesiva existe en todas la agencias de nuestro Gobierno. A pesar de que en el 2009 se aprobó una Reforma de Permisos (Ley 161-2009) lo cual estableció una nueva estructura legal y administrativa para 1) facilitar y agrupar el proceso de evaluación y aprobación de permisos y 2) traerle transparencia y certeza a determinaciones finales, en el 2013 la actual administración la enmendó (Ley 151-2013) con el propósito de echar para atrás su objetivo principal. Por ejemplo, eliminaron la Oficina de Inspector de Permisos lo cual añadía transparencia al proceso. Además, también eliminaron la Junta Revisora que proveía la oportunidad de contar con un organismo revisor experto en la materia, al cual, contrario a los tribunales, se le establecieron términos para resolver los casos, facilitando así su pronta tramitación.

A pesar de que luego la actual administración rectificara e hiciera unos cambios positivos a la Ley de Permisos en el 2014 (Ley 62-2014) y 2015 (Ley 248-2015), la realidad es que estos cambios no han sido suficiente para agilizar el proceso de permisología.

El economista y premio nobel de economía Milton Friedman decía que “nada es tan permanente como un programa de gobierno temporero” y el Gobierno de Puerto Rico es un ejemplo vivo de ello. Utilicemos esta experiencia para finalmente sacar al gobierno del medio, flexibilizar la reglamentación y terminar con la burocracia. Lo que es justo, no es ventaja. Por lo tanto, exijamos al Gobernador y a la Legislatura que flexibilicen la reglamentación excesiva a Uber y a los taxistas. Es el deber del gobierno promover la igualdad de condiciones en la competencia y que sea el consumidor quien escoja que servicio prefiere.

Esto no se trata de beneficiar a Uber o los Taxi pues todos son hermanos puertorriqueños y ambos brindarán sus servicios a los consumidores. De lo que se trata es de acabar con el gobierno permanente y su intervención indebida en nuestro diario vivir.