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Trump tiene razón sobre los $92 mil millones

Hay un bombardeo mediático en Puerto Rico en contra del presidente de EEUU, Donald Trump, porque comunicó en un tuit que la cantidad de fondos federales aprobados para atender la reconstrucción pos huracán María es $92 mil millones. Los reporteros, editores y comunicadores en general fallaron en entender a qué se refería el Presidente. Esa cantidad es el tope establecido por el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal de la asistencia que podría recibir la Isla en un periodo indefinido.

Un buen ejemplo que podría ayudar a aclarar dudas es el caso del estado de Louisiana, que luego del paso del huracán Katrina —en agosto de 2005— recibió múltiples asignaciones de fondos federales. En el 2015, luego de una década, el Congreso aprobó miles de millones de dólares para reconstruir infraestructura afectada. Puerto Rico no será la excepción.

El supuesto discrimen contra los puertorriqueños es inexistente. No es cierto que el presidente Trump es racista ni xenóbobo. Fue el primer presidente en visitar a Puerto Rico durante una emergencia. También, autorizó la asignación de fondos federales más numerosa en la historia de la relación entre Puerto Rico y EEUU. Los fondos designados para atender la reconstrucción de viviendas e infraestructura quiebran un récord histórico.

El hecho de que el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson, favorezca la designación de un monitor federal para supervisar los fondos asignados a Puerto Rico, no significa que lo haga para discriminar por razones étnicas. Es irónico que Carson, un hombre de raza negra, sea tildado con frecuencia de racista, solo por ser republicano y por formar parte de la administración Trump. Carson es todo lo contrario, pues visitó a la Isla en varias ocasiones, envió a la subsecretaria de Vivienda federal, Pamela Hughes Patenaude, y se preocupó por el uso adecuado de los fondos federales.

Tildar de racistas a los republicanos es la táctica más usada por los demócratas para desplazar culpas y evadir su historia vergonzosa. Fue el Partido Demócrata el que se opuso a la abolición de la esclavitud, favoreció la segregación racial y se asoció con el Ku Klux Klan (KKK). Décadas más tarde decide recurrir al identity politics para demonizar a su adversario político con una proyección psicológica. El partido que por años ha mantenido a los negros (a los hispanos y a las minorías) en ghettos y que ha usado el clientelismo político para atraer y mantener electores empobrecidos, ahora se pinta como el defensor de esos marginados e indigentes que ayudó a forjar.

Los demócratas usan a Puerto Rico como balón político. No se preocupan genuinamente por el bienestar de los ciudadanos americanos que residen en la Isla/Archipiélago. Se oponen a que Casa Blanca designe a un monitor federal para supervisar el uso de los fondos federales de reconstrucción, a sabiendas de que hay un problema serio de credibilidad y de corrupción en Puerto Rico. De qué sirve que se desembolsen fondos federales si no van a atender a las poblaciones y a la infraestructura perjudicada.

El Partido Republicano se caracteriza por ser conservador fiscal y por dar espacio a políticos que se preocupan por el buen manejo de los fondos federales. Los electores republicanos toman en serio la eficiencia gubernamental y el uso que se le da a sus contribuciones. De eso depende el éxito nacional.

El eslogan Make America Great Again no es solo una frase de campaña electoral, sino una tradición republicana y conservadora que se usó también en los tiempos del presidente Ronald Reagan. Para ser más exactos, la campaña de 1980 utilizó el eslogan Let’s Make America Great Again. Esto se complementa con el principio de la administración Trump de poner a “EEUU primero”.

Volver a los tiempos de un EEUU próspero, en materia económica, constitucional, de liderazgo internacional e, incluso, en el desarrollo de la infraestructura, implica cuidar por el manejo eficiente y transparente de los fondos públicos. Puerto Rico no está exento de esta exigencia fiscalizadora. El accountability (la responsabilidad o rendición de cuentas) es necesario para mantener una relación de mutuo beneficio, sea bajo el estatus político actual —el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como territorio no incorporado—, mediante la Libre Asociación o la Estadidad (el estadoísmo).

Los puertorriqueños no tienen por qué sentirse aludidos cuando Trump tuitea para denunciar la corrupción en Puerto Rico y la incompetencia de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien no colaboró con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) durante la emergencia pos huracán María. Una crítica a la administración actual y a administraciones anteriores no es sinónimo de un ataque xenófobo contra los boricuas. Los puertorriqueños no son sus políticos.

Los políticos que desean que se desembolse de sopetón la totalidad de los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico lo que piensan es en la repartición de contratos. No es una expectativa realista ni responsable, sino la tradición política que ha llevado a la Isla a una crisis fiscal y económica, que consiste en ver al gobierno federal como la gallina de los huevos de oro y en mantener una economía artificial a base de rescates federales.

En Puerto Rico se debe cambiar de mentalidad sobre el marco político-económico de dependencia keynesiana y corporativista, del mantengo de indigentes y de corporaciones, pues si el huracán María no hubiese pasado, no habría fondos de emergencia ni un rescate histórico de miles de millones de dólares. Bajo el estatus político que sea, con o sin devastaciones por desastres naturales, quienes residan en Puerto Rico tienen que asumir responsabilidad fiscal y asistir a un desarrollo económico que se sostenga y que viabilice una real autonomía. Es necesario reducir gasto público, reducir impuestos (como el impuesto al inventario), reducir regulaciones y reducir la corrupción. Parece que la “r” no es coincidencia, se necesita una mentalidad republicana.

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