Más allá de las voces de alertas que se han enviado desde la comunidad universitaria, un ejemplo que proyecta el efecto de los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) provocados por la Junta de Control Fiscal, es una reciente convocatoria de empleo para asociado en investigaciones en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM).
La convocatoria le requiere a las personas solicitantes tener un doctorado en Química, Bioquímica, Biología o cualquier área relacionada a las ciencias para un puesto no regular. El salario por hora de tener esa posición por 37.5 horas a la semana asciende a $10.87.
En otras palabras, en momentos donde se habla de la importancia de promover las ciencias y la economía del conocimiento, se ofrece un salario de $10.87 para una persona que ha tenido que invertir un tiempo considerable (y seguramente en algunos préstamos estudiantiles) en estudiar un bachillerato, una maestría y un doctorado. La apuesta de la UPR es reclutar a una persona con esta oferta que ronda los $19,560 al año. Tal vez esa oferta logre atraer el recurso humano ideal, pero no deja de ser muy bajo cuando se compara con los hasta $120,000 que ganarán los cabilderos por la estadidad; de los $650 la hora que ganarán los cabilderos contra la estadidad, o de los $15 la hora que propone el Presidente de Estados Unidos Joseph Biden como el salario mínimo federal.
Y es aquí donde tenemos que tomar un segundo y preguntarnos:
- ¿Qué implicaciones tiene el presupuesto que propone la Junta de Control Fiscal sobre la UPR?
- ¿Cuáles son los efectos de insistir en los recortes como propone el actual presupuesto de la Junta de Control Fiscal?
- ¿Cuáles son los posibles efectos en la contratación de recursos humanos para la investigación o en el reclutamiento de estudiantes para promover la investigación?
Uno de esos efectos lo vimos con la acreditación del programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Ciertamente, hemos sido testigos de las “grandes gestas” que se hacen desde la Junta de Control Fiscal para “mantener” la acreditación. Acompañado por un vals de culpas donde entró la gerencia universitaria, la Oficina del Gobernador, la renuncia del Rector del RCM y una asignación de algunos fondos para “salvar la acreditación” se dio la apariencia de que el asunto estaba resuelto. Aunque hasta ahora el Consejo Acreditador de Educación Médica Graduada (ACGME por sus siglas en inglés) no se ha dado por enterado de esas “grandes gestas” la acreditación sigue en un futuro incierto.
Este programa no es el único. En las pasadas semanas hemos visto como las decanas de las Facultades de Humanidades, Dra. Agnes Bosch Irizarry y de la Escuela de Derecho de la UPR, Lcda. Vivian I. Neptune Rivera, a las exrectoras del Recinto de Río Piedras, Dra. Ethel Ríos Orlandi y Dra. Carmen Haydée Rivera Vega y al ex-decano de la Escuela de Derecho de la UPR, Dr. Efrén Rivera Ramos han alertado sobre los efectos de no asignarle los recursos necesarios a la UPR. A su manera, en una posición más tímida la Junta de Gobierno de la UPR advirtió que continuar los recortes tiene un efecto sobre la acreditación de los programas.
Dentro de este contexto, vale la pena aclarar que la idea detrás de las acreditaciones es plantear que los programas cumplen con los criterios mínimos de calidad. La idea de cumplir con los criterios mínimos de calidad puede ser buena en el proceso de desarrollo de un programa nuevo porque demuestra que es un proyecto prometedor.
Sin embargo, cumplir con los mínimos podría ser algo malo cuando se refiere a un programa que supera esos mínimos. En ocasiones, los retos en las acreditaciones se deben a que los procesos de reclutamiento de la facultad no son los adecuados o a que la falta de recursos ha contribuido en esa degradación. Al parecer, estas últimas parecen ser las razones por las que el programa de Neurocirugía del RCM se encuentra bajo amenaza de perder la acreditación.
Esta última parece ser la ruta de la planificación presupuestaria para la UPR que se establece desde la Junta de Control Fiscal. En su cinismo, la JCF se asegura de quitarle el presupuesto a la UPR y en caso de que se pierda la acreditación tratar de remendar. Esa ruta trazada para la UPR solo asegura que la acreditación, la calidad académica y el desarrollo de la universidad pública del archipiélago continúe en ese borde entre cumplir con los mínimos. Es planificar una institución universitaria para que no pueda crecer. Ese es el efecto que estamos viendo con las actuales políticas de la Junta de Control Fiscal a la UPR y que continuarán si no se actúa de manera distinta por parte de quienes tienen que aprobar el presupuesto.