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La junta fiscal y el desarrollo económico

Si bien gran parte del debate sobre la creación de una junta fiscal para Puerto Rico se ha centrado en el tema de reestructuración y en el arrebato de los poderes constitucionales al gobierno local, sigue pasando por debajo del radar el tema de desarrollo económico.

 

Ciertamente el nuevo proyecto 5278 para crear la junta de supervisión fiscal –cuya sesión de votación se abrió esta noche con la expectativa de que los votos se cuenten mañana miércoles en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes- añade algunos temas vinculados al desarrollo económico, gracias en parte al fuerte cabildeo realizado por la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico.

Pero cuando se analiza el detalle de lo que proponen esas medidas, cualquier persona con dos dedos de frente se percata que esas iniciativas son una tomadura de pelo.

La creación de un “task force” congresional  para el crecimiento económico en Puerto Rico, contenido en la sección 409 del proyecto 5278, busca identificar los impedimentos federales que encara la Isla a la hora de impulsar su economía y hace un llamado a preparar un informe de recomendaciones para remediarlos. Esto mediante la creación de un equipo de ocho personas que deberá rendir un informe al Congreso de los Estados Unidos antes de diciembre 31 de este año.

Para los que no conocen a fondo el tema de Puerto Rico, la iniciativa podría simpática y bien intencionada. Para para todo el que vive y trabaja aquí, hay una pregunta obligada.  ¿No sabemos ya cuáles son los impedimentos federales que obstaculizan nuestro desarrollo económico? No solo lo sabemos, sino que lo hemos venido repitiendo por años hasta la saciedad. 

 Por dar un ejemplo, podemos hablar de las leyes de cabotaje, una camisa de fuerza que nos mantiene atados a la marina mercante más onerosa e ineficiente del mundo. En una isla que lamentablemente importa sobre el 85% de lo que consume, nos vemos obligados a transportar nuestros bienes en embarcaciones que encarecen desproporcionadamente el costo de todo lo que llega a nuestras costas. Puerto Rico lleva años denunciando esto en múltiples foros. ¿Entonces, porque ahora se tiene que crear un task force con la misión de  hacer otro estudio para llegar a las mismas conclusiones que hemos venido subrayando por años?

Lo que debe contener el proyecto de la junta fiscal, si es que realmente quiere trabajar de manera inteligente con el tema de Puerto Rico, son medidas concretas para eliminar o modificar esas barreras al desarrollo económico de Puerto Rico y no otro informe más para agregar al grueso colchón de burocracia que nos arropa.

Otra de las supuestas medidas en torno a desarrollo económico que establece el proyecto 5278  es la reducción del salario mínimo de $7.25 la hora a $4.25 a jóvenes de 20 años o menos durante los primeros 90 días de contratación. Antes de entrar en los méritos de si esta medida es buena o no para el desarrollo económico, debe quedar claro que no se trata de algo novel, sino de una disposición que ya está incluida en el Fair Labor Standards Act, -ley federal que crea el salario mínimo-  y que los estados y territorios pueden utilizar si así lo deciden.

Lo  nuevo que sí establece el proyecto 5278 en torno a este tema  es darle la potestad al gobernador de Puerto Rico de llevar esa reducción del salario mínimo a $4.25 de un periodo  de 90 días y extenderla  a cuatro años.

Si bien una reducción de salario podría ayudar a algunos patronos a mitigar sus costos operacionales, cuando analizas el macro, el efecto mayor que tendría esta medida sería el desincentivar el trabajo en la gente joven y propiciar aún más la fuga de talento.

Queda por ver las enmiendas que sufrirá el proyecto, que hasta ahora van por 23, según reporta nuestro corresponsal en Washington, José Delgado. Pero si dentro de esas enmiendas no se refuerzan las superficiales medidas de desarrollo económico actualmente incluidas, la famosa junta, difícilmente propiciará el crecimiento económico que Puerto Rico necesita.

Por aquello de ver el vaso medio lleno, un aspecto que podría ayudar a Puerto Rico es que el informe de desarrollo económico que haga ese task force de la junta, en caso de que se apruebe la misma, logre integrar un plan contundente que esboce el camino para derrumbar esas barreras  al crecimiento de nuestra economía.  Un plan detallado que haga un llamado final y firme para pedir la modificación de las leyes de cabotaje y que abogue por instrumentos innovadores en materia contributiva que permitan atraer riqueza a la Isla, tomando en consideración las limitaciones y laceraciones que hemos recibido cortesía de la colonia.

 

 

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