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Gigi Fernández: un nombramiento nunca explicado

En las próximas semanas, Wanda Vázquez, ya como candidata a la gobernación, tendrá que llenar la vacante en la Comisión de Igualdad, un organismo que el pasado gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, creó en medio del frenesí con el cual le hacía pensar a su militancia que la estadidad estaba a la vuelta de la esquina.

Rosselló Nevares dijo que la estadidad será una realidad en agosto de 2022. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, pronosticó que en este cuatrienio se aprobaría en el Congreso un proyecto a favor de convertir a Puerto Rico en el estado 51.

Esta vez, sin embargo,  la sesión del Congreso comenzó en enero pasado con la absoluta certeza de que cualquier audiencia de status no sería para ni siquiera hacer el amague de avanzar legislación.

Desde noviembre de 2018, el principal aliado de status de la comisionada González en la Cámara baja, el republicano Rob Bishop (Utah), había advertido que se requería un referéndum estadidad si o no para tratar de echar hacia delante el debate. La consulta de 2017 había quedado difuminada.

A la Comisión de Igualdad le dieron la encomienda de hacer el cabildeo a nombre del gobierno en el tema de la estadidad.

Rosselló Nevares, en alguna medida, se dividió los nombramientos con la comisionada. Tres republicanos, tres demócratas e inicialmente un “independiente”, el miembro del salón de la fama del béisbol estadounidense Iván “Pudge” Rodríguez.

El ex beisbolista Rodríguez fue básicamente una figura decorativa. Nunca estuvo claro si verdaderamente estaba domiciliado en la Isla o si, por ejemplo se interesó en votar en el plebiscito de 2017.

Los otros seis miembros fueron originalmente republicanos o demócratas. El exgobernador Luis Fortuño, la delegada de Puerto Rico ante el Partido Republicano de EE.UU. Zoraida Fonalledas y el militar jubilado Félix Santoni fueron el primer trío de republicanos. El grupo demócrata lo constituyeron los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González y el ex senador Charlie Rodríguez.

Santoni renunció, entre otras cosas, molesto con las batallas internas dentro del comité sobre los partidos de EE.UU.. Fue sustituido por Alfonso Aguilar, un ex portavoz de Rosselló González en La Fortaleza y ex director de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) que ha hecho su carrera profesional en las últimas dos décadas en Washington.

Como Fortuño, Aguilar vive en Washington D.C., pero sostiene que ha mantenido su domicilio en Puerto Rico. Aguilar reconoció que no votó en el plebiscito de 2017 y hace unos meses eludió precisar la última vez que votó en la Isla.

El verano de 2019 no solo dejó a Rosselló Nevares fuera de La Fortaleza, sino que provocó la renuncia de su padre a la Comisión de Igualdad. Más aún, molesto por cómo poco a poco el liderato del PNP – en medio de las masivas protestas ciudadanas – fue abandonando a su hijo, Rosselló González se desvinculó también de esa colectividad.

Con la vacante de Rosselló González en la Comisión de Igualdad, el ala republicana del PNP vio una oportunidad para nombrar a otra personalidad, que como Iván Rodríguez, pudiera tener algún reconocimiento público en EE.UU..

Propusieron a Gigi Fernández, ex tenista y ganadora de medallas a nivel internacional – primero a nombre de Puerto Rico, y luego de Estados Unidos-, como la sustituta de Rosselló González. En medio de la prisa por nombrarle, la llevaron a San Juan a sacarse una tarjeta electoral, bajo el argumento de que iba a mudarse a la Isla.

Fernández vive en Florida. Pero, fue el 26 de septiembre pasado a una Junta de Inscripción Electoral y sacó una tarjeta electoral, como si estuviese domiciliada en la Isla. En la primera entrevista que concedió, en El Nuevo Día, admitió que no había vivido en la Isla desde hace más de dos décadas. Luego dijo que había votado en EE.UU.. En otros momentos trató de corregir, pero ya era evidente que se había declarado residente de la Isla para obtener la tarjeta electoral, sin serlo.

Los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) lograron impugnar la posibilidad de que Fernández pueda votar en la Isla, pues la ley que creó la Comisión de Igualdad exige, entre otras cosas, que sus miembros tengan domicilio en Puerto Rico.

El gobierno del PNP pudo haber querido incluir representación de la diáspora, pero decidió no hacerlo. De hecho, la idea original de Rosselló González era elegir a sus miembros, como hace Washington D.C., para que fueran representantes del pueblo, no de un gobernador.

Pese a las evidentes contradicciones de Fernández, la gobernadora Vázquez Garced inexplicablemente la nombró a la Comisión de Igualdad. Cuando se le preguntó a La Fortaleza sobre qué documentos presentó Fernández, el director de Política Pública, Philippe Mesa, afirmó que “el nombramiento de Gigi Fernández cumple con los requisitos establecidos en la ley que crea la Comisión de la Igualdad”.

“Según la información oficial provista a La Fortaleza, la nominada es electora registrada ante la Comisión Estatal de Elecciones y tiene residencia en San Juan. Los planteamientos esbozados públicamente no guardan relación con la legalidad de su nombramiento”, sostuvo entonces.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sin embargó, frenó la designación, pues Fernández nunca terminó de presentar los documentos que permitieran confirmar que estaba domiciliada en San Juan.

¿Qué documentos vio la gobernadora que le llevaron a nombrar a Fernández? ¿A quién en La Fortaleza le encomendó el trabajo de verificación? ¿La engañaron o por complacer a otros la gobernadora no requirió una evaluación rigurosa?

Pronto, ahora como candidata, tendrá que elevar la bandera de la estadidad con más fuerza. Y ello seguramente requerirá ponerle su propio acento a esa comisión de cabilderos estadistas. Antes de nombrar a su próximo candidato o candidata, debería explicar quien la engañó o quien no hizo su trabajo en La Fortaleza al garantizar que Fernández estaba domiciliada en la isla.

Será solo un organismo simbólico. Pero, requiere nombramientos que tienen que ser confirmados por el Senado y la Cámara baja. Debiera requerirse rigurosidad.

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