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La próxima batalla sobre el status

En el Congreso se han presentados dos proyectos de ley sobre el futuro político de Puerto Rico.

Uno, de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, persigue la admisión de Puerto Rico como estado de EEUU, apostando a que la  estadidad gana el plebiscito criollo del 11 de junio y efectivo en enero de 2025.

La esperanza es que para entonces habrán terminado las funciones de la junta que controla las finanzas públicas de la Isla y cualquier posible proceso de bancarrota, que dependen del actual status territorial.

La otra legislación es del congresista demócrata Luis Gutiérrez y propone al Congreso un plebiscito federal entre la libre asociación y la independencia, las que el legislador federal considera las opciones reales si el gobierno federal decidiera – lo que nunca han hecho-, terminar con el actual status colonial.

Ninguna de las medidas tiene coauspiciadores. Y nadie espera que generen discusión formal en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes por lo menos hasta después del plebiscito local de junio.  Tampoco tienen proyectos hermanos en el Senado. Si en algo coinciden González y  Gutiérrez  es en que el proyecto del otro no va avanzar.

Bajo el plan que se la ha ordenado al gobierno de Puerto Rico poner en marcha, en el mejor de los casos habrá junta federal por seis años más, es decir hasta 2023, dijo su presidente, José Carrión III.  Pero, nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo existirá ese organismo, que es el que manda en términos fiscales y cuya existencia es incompatible con un cambio de status, pues no puede existir bajo un estado ni darle órdenes a un país soberano.

No olvide, además, que el Congreso nunca ha ofrecido a los puertorriqueños un proceso vinculante con alternativas de status.

Aunque el Congreso no está obligado a responder a la votación de junio,  a pesar de que es el que puede decidir dentro del gobierno federal, el plebiscito criollo si presenta la oportunidad de ver si el gobierno del presidente Donald Trump tiene interés en presentar sus cartas sobre el futuro político de Puerto Rico.

Durante la campaña, su enlace con Puerto Rico, Alan Cobb, le dijo a los republicanos boricuas que el comité electoral de Trump respaldaba el lenguaje del programa de gobierno del Partido Republicano de EEUU que dice que se respaldará la admisión de la isla como estado 51 si gana un nuevo plebiscito.

Por 118 años, Puerto Rico ha sido un territorio estadounidense no incorporado, el término que creó el Tribunal Supremo de EEUU para describir las jurisdicciones que no estaban encaminadas hacia la estadidad. El gobierno federal dio pasos pequeños hacia la formación de gobierno local en Puerto Rico y la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado, dependiente del Congreso y la Constitución estadounidense.

En junio de 2016, sin embargo, el Congreso y el presidente Barack Obama – en medio de la crisis fiscal y de deuda pública-, tacharon en gran medida el gobierno local, que ahora está bajo las órdenes de una junta fiscal que le dice cuánto debe gastar y como debería pagar sus deudas.

La ley de plebiscito firmada el pasado 3 de febrero por el gobernador Ricardo Rosselló convoca ahora a un plebiscito local para el 11 de junio entre las alternativas de estadidad y soberanía política (representadas en la papeleta como la independencia o la libre asociación).

Si gana la estadidad, el plan del gobierno de Ricardo Rosselló sería venir a demandar la aprobación del proyecto de la comisionada González. Si gana la soberanía política, se llevaría a cabo una una segunda vuelta el 8 de octubre entre la independencia y la libre asociación.  Lo soberanistas pudieran entonces basar sus reclamos en un proyecto como el de Gutiérrez.

Antes de todo ese panorama local, el nuevo secretario de Justicia de EEUU, el exsenador republicano por Alabama Jeff Sessions, pudiera querer intervenir en el plebiscito, como le permite un lenguaje de una ley federal de enero de 2014.

Pocos en el Congreso conocieron ese lenguaje cuándo se aprobó.  Ni siquiera el ahora presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EEUU, el republicano Rob Bishop. Es probable que Sessions tampoco.

El lenguaje copia una medida aprobada en el 2000 durante el gobierno de Bill Clinton, redactada por el ahora cabildero Jeffrey Farrow que fue impulsada a partir de 2013 por el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi y el congresista demócrata José Serrano. Se tramitó a través de los comités de Asignaciones, no de las comisiones con jurisdicción en el tema del status de Puerto Rico.

El estatuto permite asignar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la campaña educativa de un nuevo plebiscito que tenga como propósito “resolver” el futuro status político de Puerto Rico.

En el informe de la legislación, según aprobada por la Cámara de Representantes federal, se establece que los fondos se desembolsarán 45 días después de que el Secretario de Justicia notifique que ha aprobado las definiciones de la papeleta electoral y la campaña educativa de la CEE.

Por medio de ese lenguaje, el secretario de Justicia deberá precisar al comité de Asignaciones de la Cámara baja federal que la papeleta y la campaña educativa cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública de Estados Unidos.

Por el rechazo que se ha dado en Washington, incluso en la Casa Blanca del presidente Obama, al concepto del ELA mejorado que ha propuesto en el pasado el Partido Popular Democrático (PPD), los estadistas consideran que tienen el camino despejado en el Departamento de Justicia para excluir esa alternativa.

Más aún después de que en el plebiscito de 2012, claramente, el 54% de los electores rechazó el actual status territorial.

Los populares, sin embargo, han anunciado que reclamarán al Departamento de Justicia federal que le otorgue un espacio a alguna modalidad del llamado Estado Libre Asociado.

La evaluación del Departamento de Justicia federal puede permitir conocer si hay voluntad en el gobierno del presidente Trump para excluir el territorio como alternativa.

Cuando se le hizo la pregunta a la Casa Blanca del presidente Obama, la respuesta fue que las alternativas de la próxima consulta las decidía el gobierno de Puerto Rico. Y que el informe de 2011 del Grupo Interagencial de Trabajo de la Casa Blanca, establece que las alternativas son cuatro: libre asociación, independencia, estadidad y el ELA territorial.

No pierda de perspectiva que para el gobierno federal mantener territorios – como Puerto Rico y las Islas Vírgenes- bajo un sistema colonial, ha sido por más de un siglo una relación constitucional, legal y cónsona con su política pública.

Entiendo las peleas entre los sectores ideológicos de Puerto Rico.

Pero, a quien hay que convencer de acabar con el sistema territorial/colonial es al gobierno federal. Por supuesto, sobre todo al Congreso.

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