La Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico ha ignorado los reclamos de expertos independientes de las Naciones Unidas que quieren conocer más de cerca la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

El experto independiente de la ONU sobre deuda externa, el argentino Juan Pablo Bohoslavsky, indicó que los miembros de la nueva autoridad fiscal no le respondieron una solicitud de información.

Con el respaldo de cuatro relatores de derechos humanos de la ONY, Bohoslavsky emitió el lunes una declaración ( http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21060&LangID=E )  en la que advierte que aunque “garantizar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficits presupuestarios son tareas importantes”, el logro “de estos objetivos no debería ocurrir a expensas de los derechos humanos”.

Bohoslavsky, entre otras cosas, exhortó a la junta federal a asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales no son socavados por darle “prioridad a los derechos de los acreedores e imponiendo austeridad excesiva”. (http://linkis.com/www.elnuevodia.com/n/DjZSt )
La declaración de Bohoslavsky tuvo el respaldo de los relatores especiales de la ONU para vivienda adecuada, Leilani Farha; las personas con discapacidad, Catalina Devandas Aguilar; salud física y mental, Dainius Puras; y derecho a la alimentación, Hilal Elver.

Tras acentuar que la crisis fiscal debe incluir un fuerte recorte de la deuda, Boholavsky dijo que ha pedido a Estados Unidos que le permita un viaje oficial a Puerto Rico para inspeccionar sobre el terreno la situación y acumular más datos.

Por escrito, Boholavsky respondió preguntas de El Nuevo Día:

¿Cuáles son los próximos pasos de su oficina con respecto a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico? ¿Cuál sería su misión en Puerto Rico?

-Junto a los otros expertos independientes de la ONU que hemos emitido el comunicado continuaremos monitoreando de cerca la preocupante situación en Puerto Rico. También espero que los Estados Unidos acepten el pedido de realizar una misión a Puerto Rico a fin de conocer más en detalle la situación y poder formular recomendaciones efectivas a las partes involucradas.

-¿Qué específicamente le reclamó a EEUU en la carta de septiembre pasado enviada al Departamento del Tesoro y cuál fue la respuesta del gobierno de Estados Unidos?

-Básicamente transmitimos las preocupaciones que pueden leerse en el comunicado y en (la) extensa (declaración) que emitimos. Sólo recibimos una respuesta formal por parte de los Estados Unidos, pero sin ahondar en la sustancia. Es importante remarcar que Estados Unidos, como cualquier otro Estado nacional, es responsable internacionalmente por la situación de los derechos humanos dentro de su territorio.

¿Qué le respondió la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas de Puerto Rico? ¿Mantienen algún tipo de colaboración o consultas?

No recibimos respuesta por parte de la Junta. Espero que en el futuro podamos trabajar conjuntamente a fin de asegurar que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos son tenidas en cuenta al cumplir sus funciones.

¿Cuál debe ser el rol de la comunidad internacional en la crisis fiscal y de deuda pública, dado la relación colonial de Puerto Rico? ¿Debe haber un reclamo más firme en favor del derecho de Puerto Rico a la libre determinación y de los puertorriqueños a elegir su gobierno nacional, en momentos en que la junta federal ha tachado el limitado gobierno propio en la Isla?

-El rol del sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es desentrañar y denunciar en este caso situaciones, procesos y sistemas financieros, económicos, sociales e institucionales complejos que se traducen en violaciones de derechos económicos y sociales, y a su vez formular recomendaciones tendientes a superar ese atolladero. Tal como señalamos en (la declaración), es absolutamente necesario que la población afectada no sea sólo consultada sino que además pueda decidir a través de procedimientos democráticos sobre reformas económicas importantes que hacen a su futuro. El derecho a participar en los asuntos públicos es un derecho humano fundamental que no debe ser erosionado por cuerpos tecnocráticos que no se encuentran sujetos al control de ni son responsables frente aquellos que son afectados por sus decisiones.