Los cargos de corrupción presentados el pasado jueves en contra de Anaudi Hernández y su aparente banda criminal, estremecieron y aturdieron al país.
Por supuesto, que tuvieron resonancia en Washington, donde autoridades e inversionistas siguen minuto a minuto el debate en la Isla.
Para un republicano del Congreso que ha estado denunciando la falta de transparencia del gobierno, los cargos de corrupción pudieron validar su determinación de no otorgar ningún alivio fiscal hasta tener acceso a los estados  financieros auditados más recientes, por lo menos el del año fiscal 2013-2014.
La decisión de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos de aceptar revisar y examinar a fondo la constitucionalidad de la ley puertorriqueña de quiebras, sin embargo, tiene el potencial de ser el elemento que de un vuelco al debate. El momento de cambio en el juego.
Los jueces seguramente no convocarán la audiencia oral del caso hasta febrero o marzo, y posiblemente no lo resolverán hasta finales del primer semestre de 2016.
(En ese sentido utilizar la aceptación del certiorari como excusa para no convocar la sesión extraordinaria para examinar el proyecto de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no me hace lógica alguna. Lo que sí hace sentido es que, además de que no tenían los votos para aprobar esa legislación, ahora, igual que el gobernador espera por un salvavidas del Congreso para ver si puede convencer a su partido de que aún es viable para la contienda electoral de 2016, va a aguardar a ver si el legislativo estadounidense aprueba la inclusión parcial o total del gobierno de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, sin embargo, tiene ya separada la fecha del 13 de enero – el día después del último mensaje sobre el estado de la Unión del presidente Barack Obama -, para escuchar los argumentos del caso Pueblo versus Sánchez Valle sobre si un convicto es objeto de ‘doble exposición’ por el mismo delito cuando es acusado en un tribunal estatal, un segundo caso que si los jueces quisieran pueden utilizar para darle una mirada general al concepto de soberanía del territorio de Puerto Rico frente a los poderes del Congreso.
La percepción general es que los principales bonistas del gobierno de Puerto Rico – con mucho poder en toda esta discusión-, todavía aspiran a que no haya ningún estatuto general de quiebras en la Isla. Pero, si tuvieran que escoger entre el federal y el criollo, se aferran al estadounidense. (Nada más recuerde la expresión aquella de un abogado de la firma de inversiones Blue Mountain sobre el dolor de cabezas que les causa litigar en esos “spanish speaking courts” de Puerto Rico).
Con la amenaza latente de que el gran ipmago ocurrirá con la llegada del año nuevo, los últimos días de sesión de 2015 del Congreso serán una verdadera locura, en el esfuerzo por insertar algún lenguaje que otorgue un alivio fiscal inmediato a la Isla.
La batalla final, según la mayoría de las fuentes, es entre el capítulo 9 – el agrandado o el tradicional-, frente a una junta federal que asuma el control de las finanzas locales en Puerto Rico con crudeza o suavidad. Pero, hay otras fuentes que aún no descartan espacio para créditos federales como el reembolso para los trabajadores con bajos salarios, a base de sus ingresos devengados.
La fecha decisiva, en este momento, es aún el viernes, el 11 de diciembre, pues la resolución presupuestaria temporal vigente expira ese día. De no aprobarla, el gobierno federal tendría que decretar un cierre parcial de sus ofcinas.
Pero, como he comentado antes, en muchas ocasiones – cuando aún buscan amarrar un detalle controvertido dentro de la legislación-, vuelven a aprobar resoluciones temporales de dos o tres días, una semana o un mes.
Lo que sí es evidente es que si el Congreso lanza o no un salvavidas para evitar el impago lo hará dentro del ómnibus presupuestario. Lo que no entre ahí – por ejemplo un aumento en los fondos de Medicaid-, quedaría para el debate del próximo semestre, el cual el presidente Barack Obama pondrá en marcha con su mensaje del 12 de enero y encaminará con su proyecto de presupuesto 2017, que debe presentar a principios de febrero. Siga en sintonía.