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El próximo debate de status

Después de meses de incertidumbre, esta semana puede conocerse si el Congreso va a dar paso a la propuesta del presidente Barack Obama que persigue vincular al Ejecutivo federal con una próxima consulta de status en Puerto Rico.

Al retornar a Washington, tras el receso por las festividades navideñas, los líderes de los comités de Asignaciones del Senado y la Cámara de Representantes tienen previsto afinar los detalles de la medida que determinará la distribución por agencias del presupuesto federal, el cual se quiere aprobar a más tardar el 15 de enero.

Aunque el Congreso logró en diciembre un acuerdo sobre el nivel de gastos del gobierno, ahora está en otra carrera contrarreloj para decidir como asignar el presupuesto por agencias.

La iniciativa presupuestaria del presidente Obama, que se ha querido integrar a las asignaciones del Departamento de Justicia federal para este año fiscal federal, impulsa asignar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a cambio de que el Secretario de Justicia de Estados Unidos pueda revisar si las alternativas de status incluidas en un próximo referéndum cumplen con sus normas constitucionales, legales y de política pública.

Si la propuesta del presidente Obama es incluida en el proyecto federal de presupuesto,  de todos modos quedará en manos del gobierno de Puerto Rico decidir si participa de la iniciativa y qué tipo de consulta pondrá en marcha. 

“El borrador (de la legislación) aún no ha circulado”, indicó durante el fin de semana Juan Eugenio Hernández Mayoral, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) y representante del gobernador Alejandro García Padilla en Washington.

La propuesta de Obama sobre el status de Puerto Rico fue aprobada en el comité de Asignaciones de la Cámara baja federal, aunque la referencia a la participación del Secretario de Justicia se quedó en el informe de la legislación. Aunque la iniciativa no avanzó en el comité de Asignaciones del Senado y vincula tímidamente al gobierno federal con un procedimiento de status, es la única a la que – en momentos en que la atención de Washington está en la precariedad fiscal de Puerto Rico – se le conceden oportunidades de aprobación.

“He estado exhortando al liderato de  la Cámara y el Senado a incluir la disposición que estaba en la versión del proyecto de la Cámara, que proveería  fondos para el primer voto sobre status auspiciado por el gobierno federal en la historia de Puerto Rico”, dijo, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Aunque ha apoyado con poco entusiasmo la iniciativa presupuestaria de la Casa Blanca, el gobernador García Padilla no ha precisado si bajo el plan del presidente Obama aún convocaría a una Asamblea de Status o si optaría por un plebiscito de alternativas de status.

Durante 2013, García Padilla, acosado por los problemas fiscales que tienen al gobierno al borde de que su crédito sea degradado a chatarra, miró de lejos el debate de status. Los sectores soberanistas, periódicamente, le han recordado, no obstante, su compromiso de poner en marcha en 2014 un proceso hacia la convocatoria de una Asamblea de Status si no avanza la propuesta del presidente Obama. 

En momentos en que el liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal ha advertido que tras el plebiscito de noviembre de 2012 ni el Estado Libre Asociado actual ni uno mejorado deben ser alternativas para la Isla, el senador Antonio Fas Alzamora, decano de los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), solicitó públicamente en diciembre a García Padilla que convoque a una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad para discutir una próxima definición de ELA soberano. García Padilla nada ha dicho y la Junta de Gobierno del PPD sigue sin reunirse.

Los líderes legislativos de Puerto Rico, por su parte, tienen en agenda iniciar audiencias públicas sobre los tres proyectos de ley ya presentados en San Juan a favor de que el próximo proceso sea una Asamblea Constitucional de Status.

En la Cámara de Representantes federal también está pendiente la legislación HR2000 del comisionado Pierluisi que persigue convocar a un referéndum estadidad sí o no, el cual quiere vincular a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado 51 de Estados Unidos.

La medida puede ser discutida este semestre en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, una vez su presidente, el republicano Doc Hastings (Washington), reciba un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre el costo para el Tesoro federal de otorgarle la estadidad a Puerto Rico. 

Para entonces, con o sin la iniciativa presupuestaria del presidente Obama, el debate de status puede estar, en la práctica, de vuelta en San Juan.

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