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El manejo de la deuda requiere transparencia y credibilidad

El tema de la moratoria ha abarcado toda la discusión pública. La Administración García Padilla-Bernier firmó la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. Esta Ley da la facultad al Gobernador para establecer una moratoria unilateral en todas las obligaciones de Puerto Rico y le otorga poderes cuasi-dictatoriales bajo el subterfugio de “garantizar los servicios esenciales”.  Podríamos hacer una tesis doctoral explicando todas las secciones de nuestra Constitución que violenta dicha Ley, pero creo que es mejor tomarnos un momento para analizar las repercusiones de la moratoria y establecer que existen otras soluciones sin llegar al impago.

¿Qué es una moratoria unilateral? Pues imagínese que usted se levanta un día y sin encomendarse a nadie, deja de pagar su casa, su auto, el agua, la luz y cualquier otro préstamo que tenga bajo su nombre.  El efecto que esto tendría no solo en sus finanzas sino también en su diario vivir sería devastador. Pues esto mismo quiere hacer la administración de turno con sus acreedores, sencillamente dejarles pagar.

Todos los expertos en la materia establecen que cualquier tipo de moratoria o impago de forma unilateral sería nefasto para el gobierno. Un gobierno sin acceso a los mercados no puede invertir en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico.   La moratoria no sólo tiene el efecto de cerrar el acceso a los mercados, sino que se reduce el valor de las propiedades y desestabiliza la banca privada y las cooperativas. El impago no solo afecta la credibilidad y el crédito del gobierno, también impacta negativamente a cada uno de nosotros.  La Administración García Padilla-Bernier sigue yendo por el camino equivocado a costa de nuestro pueblo.

Ricardo Rosselló se aleja de la moratoria y propone una ruta a corto, mediano y largo plazo para el manejo de la deuda sin tener que recurrir a mecanismo de impago alguno. El Plan Rosselló apuesta a la transparencia y la negociación de buena fe con los acreedores. Lo primero que propone es de una vez y por todas es presentar los estados auditados del gobierno. Si no se presenta un cuadro claro de las finanzas por un ente independiente, no podemos pedir que nos crean cuan grave es la  crisis en la que nos encontramos.  Es importante presentar de forma clara, sin engaños, la situación fiscal gubernamental. Segundo, deja a un lado el discurso de la quiebra y del impago. No podemos sentarnos a negociar por un lado con los acreedores y por otro lado buscar alternativas para no pagar la deuda de forma unilateral. Los acreedores han dicho que están en la mejor disposición de sentarse a negociar, no para la deuda que vence en un año, sino para la deuda que vence ahora. Es momento de tomar esta oportunidad para negociar alternativas razonables sin que se perjudique el pueblo.

Tercero, reconoce la importancia de atar el manejo de la deuda a una reforma gubernamental dirigida a reducir el gasto del gobierno, enfocada al servicio directo al pueblo sin despedir empleados públicos. Esto unido a la creación de la Autoridad para el Manejo de la Deuda, con la colaboración del gobierno federal y una ruta hacia la descolonización y la Estadidad, crean un marco para recuperar la credibilidad que la actual administración ha destruido.

El manejo de la deuda no se puede enmarcar como una guerra contra los acreedores. El acreedor no es una figura mítica del Monte Olimpo que ve todo lo que pasa en Puerto Rico desde afuera. Los acreedores del gobierno son los sobre 80,000 puertorriqueños que decidieron invertir en el futuro de nuestro archipiélago. Son los cientos de miles que forman parte del movimiento cooperativista y que sus ahorros y depósitos se atan de alguna forma u otra a la deuda del gobierno. Son aquellos que día a día, muchas veces sin haber cobrado por meses, brindan servicios al gobierno para garantizar que el mismo siga operando. Son los miles de ciudadanos que al día de hoy no han recibido su reintegro por parte del Departamento de Hacienda. En fin, la mayoría de nosotros de alguna forma u otra somos acreedores del gobierno. La moratoria nos afecta a todos.

Por último, ante la situación que atravesamos, tenemos que ser claros en las soluciones que presentamos y rechazar cualquier causa común con aquellos que han minado la credibilidad el gobierno y relegan el asunto del estatus a un segundo plano. Ser “maduro” o “patriótico” no es sentarte en una mesa y decir que estás de acuerdo con Alejandro García Padilla.  Tampoco lo es decir que no se apoya una moratoria local, pero llegar a un consenso para pedir una moratoria a nivel federal. Una moratoria unilateral, provenga del gobierno local o federal, va a tener el mismo efecto.  No podemos caer en el doble discurso propio de las administraciones del Partido Popular, que en Puerto Rico dicen una cosa y en Washington D.C. dicen otra. Este tipo de conductas es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy. Dejemos a un lado los estilos del pasado y tracemos una nueva ruta basada en la transparencia y la credibilidad para el manejo de la deuda y para atender la crisis que enfrentamos.

 

 

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