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Sin fronteras no hay estado

El Partido Demócrata juega con fuego al promover protestas antiTrump enmascaradas con el asunto de la separación de familias de inmigrantes ilegales y de la vigilancia fronteriza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos (EEUU). Son protestas frívolas, porque los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama promovieron el control fronterizo y deportaron a millones de inmigrantes ilegales. Obama fue el presidente que más inmigrantes ilegales deportó.

No es cierto que el presidente de EEUU, Donald Trump, estableció una política de separación de familias de inmigrantes ilegales. De hecho, su administración ejecutó las leyes y protocolos establecidos por las administraciones de los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush. Otro hecho es que Trump firmó una orden ejecutiva para que no se separen a los niños inmigrantes ilegales de sus padres o encargados, siempre y cuando sus acompañantes no pongan su seguridad y bienestar en peligro.

La marcha progresista, fomentada por los demócratas, Families Belong Together es una pantalla mediática para demonizar a Trump y a los republicanos cerca de las elecciones de medio término. Se da a entender falsamente que el gobierno federal separa a familias de inmigrantes y viola derechos humanos. Una de las exigencias de los organizadores de las manifestaciones es eliminar a ICE.

Sin una fuerza que vele las fronteras, que capture a inmigrantes ilegales que han cometido delitos y que ejecute las leyes y protocolos sobre inmigración, de facto se aceptaría la inmigración ilegal y se debilitaría al estado. Es contrario a las leyes y reglas establecidas por administraciones demócratas. Cuando Obama era presidente no hubo este tipo de protestas ni exigencias absurdas. La politiquería partidista pone en peligro la seguridad y la estabilidad de la Nación.

La agenda de los demócratas es usar el identity politics para atraer electores. Quieren enamorar a los hispanos.

Eliminar a las fuerzas de ICE es una propuesta poco seria e inviable, pues implica ignorar el problema de la inmigración ilegal y hacer como si las fronteras no existieran. Un mundo sin fronteras vulnera a los estados ante el tráfico humano, el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo, las epidemias, entre otros peligros. Usar la inmigración y la densificación demográfica como un arma política es un patrón en Europa y EEUU. Se usa para aumentar las filas de votantes y para complacer a organizaciones pro inmigración que cabildean y movilizan a electores.

Es falso que quienes se oponen a la inmigración ilegal son xenófobos. Existen mecanismos para inmigrar de forma legal. Hay listas de espera con ciudadanos de otros estados. Permitir la inmigración ilegal es premiar a los que violan la ley y quieren colarse en la fila.

EEUU necesita trabajadores extranjeros para cubrir la demanda de empleo en algunos estados y áreas. Por ejemplo, en Puerto Rico (PR), que es una jurisdicción de EEUU, se necesitan trabajadores adiestrados y certificados en el sector de construcción. Muchos puertorriqueños con estas destrezas emigraron hacia otros estados de EEUU. En ocasiones anteriores, se hicieron convocatorias en México para atraer trabajadores de construcción que entrarían con visas de trabajo.

En cuanto a la separación de familias, se debe aclarar que el protocolo del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas inglés) es que a los menores de edad rescatados en las fronteras se les separa de sus acompañantes hasta que se identifique quiénes son, se evalúe cada caso y se refiera a un juez. Los agentes de ICE no saben quiénes son padres o encargados y quiénes son traficantes humanos (“coyotes”) o delincuentes. El DHS tiene la responsabilidad de proteger a los menores.

Los medios de prensa que propagan mentiras sobre xenofobia y violaciones a derechos humanos sirven a intereses político partidistas y no al compromiso con reportar los hechos. Este juego político arriesga la seguridad nacional. Los demócratas y progresistas necesitan autoevaluarse y preguntarse si la agenda antiTrump es más importante que el bienestar del País.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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