El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, promueve una reforma contributiva federal que debe cumplir con unos objetivos principales: uno de ellos es reducir los impuestos a la clase media y a las corporaciones; otro es incentivar la inversión y la producción industrial; quiere generar empleos para los trabajadores de “cuello azul”, nombre con el cual se conoce a los obreros que realizan labores manuales; se basa en el principio de poner a “EEUU primero” para contrarrestar la fuga de capital y empleos; incentiva la repatriación de ganancias de corporaciones americanas; privilegia las relaciones y acuerdos bilaterales entre países.

Para preparar el terreno a esta reforma, Trump rompió con tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). También, firmó y derogó órdenes ejecutivas sobre asuntos de inmigración para controlar y fomentar la entrada legal a los EEUU de trabajadores que no representen una amenaza para la seguridad nacional. Ciudadanos de varios países en los cuales operan organizaciones terroristas islámicas quedaron vetados, al igual que inmigrantes que entraron ilegalmente y tienen antecedentes penales.

El aumento en la vigilancia y la construcción de un muro fronterizo son parte de la agenda para controlar la inmigración. Además de brindar seguridad a la Nación, se controlan flujos de personas y mercancías. Se defienden las fronteras y se privilegia al trabajador nacional y al inmigrante que entra legalmente.

La reforma contributiva es parte del andamiaje del programa presidencial de Trump. Puerto Rico (PR) quedó entremedio sin querer queriendo; para fines del Código de Rentas Internas federal, no forma parte de los EEUU y es considerada una jurisdicción foránea. Se necesita hacer una excepción que no puede esperar por un cambio de estatus político. La estadidad resolvería el problema de exclusión, pero no es viable antes de que se lleve a votación la Reforma.

El gobernador de PR, Ricardo “Ricky” Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jenniffer “JGo” González, varios exgobernadores de PR y diversos portavoces del sector privado cabildean para evitar el pago de un arancel de 20% por las importaciones a EEUU de productos hechos por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, por sus siglas en inglés) que operan en PR. Para lograrlo, promueven dos alternativas: “JGo” favorece reclasificar a PR de jurisdicción foránea a doméstica para fines contributivos federales; “Ricky”, los exgobernadores y los portavoces del sector privado se inclinan por mantener la clasificación de jurisdicción foránea con una excepción especial para que PR no se perjudique. Cualquiera de las dos vías evita el pago del arancel de 20% y de un impuesto de 12.5% a las patentes y a otros productos intangibles.

Este asunto le da un punto a los estadistas contra los autonomistas que defienden el estatus actual. Obliga a pensar la relación de PR y EEUU. Como mínimo, debería discutirse la transición de territorio no incorporado a territorio incorporado. Es notable que la mayoría de los residentes de PR favorecen una relación permanente con EEUU bajo el estatus actual o la estadidad. Si la tendencia es hacia la incorporación de PR, y hasta los autonomistas defienden y cabildean por trato “igual”, entonces, conviene aceptar que se prefiere un cambio de estatus de facto.

En lo que el hacha va y viene, la prioridad es que PR no se vea perjudicado con el pago de un arancel por las exportaciones y patentes, y que se incentive la inversión para desarrollar la maltrecha economía. En otras palabras, PR debe incorporarse en el discurso de “EEUU primero” como una jurisdicción que se vio perjudicada por problemas de competitividad similares a los de ciudades como Detroit. Lo que persigue la reforma contributiva en esencia es crecimiento económico, precisamente, lo que necesita PR.

Es necesario que el Congreso y el presidente de EEUU se aseguren de que la reforma contributiva federal no perjudique a PR, porque no corresponde con el objetivo de asistir en la recuperación, reconstrucción y modernización de la infraestructura. El compromiso de ayudar a PR luego de la devastación provocada por dos huracanes, Irma y María, se mantiene. No es posible que PR pueda levantar su economía y reestructurar eficientemente la deuda pública si hay un obstáculo para la inversión. La clave para allegar ingresos al gobierno de PR, pagar las deudas, dar mantenimiento a la infraestructura y a los servicios gubernamentales, entre otras obligaciones es incentivar la inversión para el crecimiento económico.

Trump considera a PR parte de EEUU, más allá del estatus vigente y de aspectos jurídicos. Trata al gobernador de PR como a un gobernador de los EEUU. Quiere unir a la Nación. Es consciente de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Se comprometió a asistir a PR en su recuperación con los recursos que hagan falta. Apoya la estadidad como alternativa de estatus, siempre y cuando sea la voluntad del pueblo de PR. En otras palabras, el espíritu de su propuesta de reforma contributiva no persigue perjudicar a PR.

Es viable que se haga una excepción o reclasificación. Todavía no es Ley. Que no cunda el pánico: la paciencia es una virtud.