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¿Qué vamos a hacer?

Los analistas de política y noticias nos dicen: “paguen o cállense”. Hay que obedecer las leyes. Son inviolables. Lo que si es violable es el derecho de tres millones de puertorriqueños de legislar esas leyes y con su voto validarlas en elecciones democráticas.

¿Por qué los analistas proclaman la legalidad de leyes que aplican a gente que nada ha tenido que ver con lo que ordenan?

Por eso en Puerto Rico, no hay tal cosa como un estado de derecho ni nada que pueda llamarse democracia. Al analizar todas esas ‘legalidades’ que nos imponen vemos que surgen de fuentes de poder facistoide e imperiales y por eso merecen el repudio de todos los puertorriqueños.

Y ante ese atropello de la fuerza imperial se supone que nos crucemos de brazos y de paso callemos y suframos la injusticia de la inferioridad y del prejuicio.

La Ley Promesa es una vergüenza para quienes la aceptan como ‘legal’ pero también una vergüenza para la nación rica y poderosa que se la impone a otra nación pobre e indefensa. Y ya no se esconden para hacerlo.

Alejandro García Padilla tenía que rechazar la imposición de esa ley que oficializaba el Carimbo desmantelando todo el sistema de gobierno representativo que él mismo dirigía en Puerto Rico. No hizo ni un aguaje de muleta. Hoy, Rosselló protesta el abuso, pero llega tarde y con alternativas limitadas por ideologías y acuerdos quiméricos que, además, se quedan al margen de la soberanía, la igualdad y de la libertad que exige una nacionalidad con muy propias y fuertes raíces culturales como la nuestra. Sin embargo, los colonialistas insisten en magnificar nuestra culpa librando de responsabilidad al Imperio.

Y así, por ley, prevalece la voluntad de la empresa que siembra cenizas tóxicas en Peñuelas mientras ese pueblo sufre la amenaza de que esas cenizas envenenen el ambiente al- extremo de ocasionar serios trastornos de salud a su gente incluyendo a sus niños y jóvenes. ¿Qué haría usted como padre o madre de hijos y nietos sometidos a esos riesgos? Protestar, luchar, pero todo para que analistas de radio y televisión les vengan con el cuento de que hay respetar la santidad legal.

¡Este es un país de ley y orden! Sí Pepe.

Y ahí está la policía haciendo valer ese abuso obviando el bienestar de miles de inocentes. Y claro, la empresa alega que siempre es posible que nada malo pase, pero hay que entender que los peñuelanos consideran muy peligroso el riesgo que representa este proyecto.

Pero hay más leyes como la de reducir los días laborables a dos por mes; o la de reducir las pensiones a un 75%. Y siga usted por ahí.

Díganlo señores analistas: la Junta de Control Fiscal defiende los intereses de los bonistas muy por encima de los de Puerto Rico y la Ley Promesa es un monstruo anti democrático que humilla a nuestro país.

Partiendo de esas verdades.

¿De qué ley y orden hablamos?

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