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La reforma que no reforma

Las tasas contributivas se quedan como están aunque los asalariados podrían terminar pagando menos en sus planillas, pero los que trabajan por cuenta propia, un sector alentado por el gobierno y en crecimiento, van a pagar los platos rotos.

Además, la alegría por la noticia de que el Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) se reducía de 11.5% a 7.5% en el renglón de comidas preparadas, un buen impulso para los restaurantes, tendrá que guardarse hasta octubre de 2019.

Eso es, muy resumido, lo que representa la reforma contributiva aprobada por la Legislatura después de enmendarse el proyecto original del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Los propulsores de la legislación argumentan que se amplía la base contributiva porque la reforma va a captar a personas que ahora no pagan. Ver para creer.

Lo que sí hace es aumentar de 7% a 10% la retención en el origen para los trabajadores por cuenta propia. O sea, si a usted le retenían el 7% del monto de su ingreso, ahora le retendrán el 10 por ciento.

Ojo, que en esa categoría están los profesionales de la salud a quienes los planes médicos les retienen actualmente el 7 por ciento. Y también están ahí muchos emprendedores que, alentados por el gobierno, inician un pequeño negocio en el que no tienen empleados.

Las retenciones en el origen no son ingreso automático para el erario porque el contribuyente, al radicar su planilla, puede estar sujeto a pagar menos de lo retenido y tiene derecho a reembolso de la contribución pagada en exceso.

¿Porqué entonces elevar en 3% la retención actual, si el único resultado seguro es que los contribuyentes tendrán menos dinero en el bolsillo?

Otro resultado negativo de la reforma aprobada es que, contrario a la intención original, el IVU seguirá de momento igual, en 11.5%, para los negocios de comida. La Legislatura pospuso por un año la efectividad de la rebaja de 4% propuesta por el gobernador.

Eso sí, rebajado, aumentado o mantenido igual, lo que no nos despinta nadie es el IVU por las próximas cuatro décadas, gracias a que la Legislatura aprobó el acuerdo de reestructuración de deuda negociado entre los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno de Puerto Rico, que se pagará con los recaudos del IVU de los próximos 40 años.

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