El director de finanzas del Municipio de Toa Baja, Víctor Cruz, es un hombre de visión.

El jueves, cuando los empleados del ayuntamiento deshojaban margaritas ante la incertidumbre de si les pagarían o no su salario, Cruz, custodio del secreto de que, como dice la canción, no había “cama pa’ tanta gente”, se aprovechó y sacó el cheque suyo y el de su esposa, y arrancó veloz a disfrutar de sus vacaciones en las glamorosas Nueva York y Las Vegas, dejando al resto de sus compañeros en la estocada.

Es que Cruz entiende el lenguaje oculto del viento. O quizás es que lo ahoga el tufo a FBI que hace tiempo arropa a la alcaldía toabajeña, donde, se cree, es cuestión de días en los que suena el chasquido de las esposas.

La cosa es que este Cruz sabe que Toa Baja y todo Puerto Rico están en el umbral de días muy complicados.

El colapso del mundo como lo hemos conocido hasta ahora, que nos vienen anunciando hace tiempo, pero retrasando con diversas estratagemas, llega, inevitablemente, ya sin más demoras posibles, a más tardar el 31 de enero próximo.

Cruz, pues, sabe que la última ‘gozaíta’ es ahora o nunca y, según dijeron allí en el municipio, se fue a bailar bajo los bellos copos de nieve que caen en estos días en Nueva York o a olvidar las penas presentes y las futuras en alguna de las infinitas posibilidades de esparcimiento que ofrece la inicua ciudad de Las Vegas.

No es el único.

Por ejemplo, en la Cámara de Representantes se tiraron también una última ‘gozaíta’ de casi $100,000 en un encendido navideño y en las agencias del Gobierno central, corporaciones públicas y alcaldías muchos salientes se están yendo con jugosos cheques de liquidación. Son legales, claro está, esos cheques.

Pero para nadie es obligatorio reclamarlos y se ve muy feo que lo hagan mientras el paisaje que dejan arde como ardió Sodoma cuando Lot huyó con su familia, con las consecuencias ya conocidas para su esposa, por haber tenido el capricho de mirar atrás cuando le habían advertido que no lo hiciera.

Se supone que a esas vueltas incomprensibles les quede poco.

El 31 de enero es la fecha que se impuso la Junta de Supervisión Fiscal, el organismo cuasi-monárquico que, con rostro adusto y látigo en mano, vigila desde lo alto los pasos del Gobierno puertorriqueño, para aprobar un plan fiscal a diez años que incluya todo lo que aquí no se ha podido hacer en décadas: presupuestos balanceados, dinero para el pago de la deuda, incluyendo la que se tiene con suplidores, contribuyentes y los sistemas de retiro y que ponga a Puerto Rico en condiciones de volver al mercado a seguir cogiendo prestado.

Todo eso, valga recordarlo, sin contar con un centavo federal adicional al que ya se tiene y sin que se sepa todavía qué, si algo, va a aprobar Estados Unidos, que manda aquí, para ayudar a reactivar la economía puertorriqueña.

El gobierno de Ricardo Rosselló, que empieza a trabajar al día siguiente de la fiesta de inauguración del 2 de enero, tiene 30 días para presentar su propia versión de plan fiscal y hacer lo que otros no han podido en décadas.

El plan que presentó el gobernador saliente, Alejandro García Padilla, no fue aceptado y este básicamente abdicó de su responsabilidad al negarse a enmendarlo por no querer meterle más machete al gasto público.

El representante de Rosselló ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez, ha dicho que las expectativas de la Junta en cuanto a un plan fiscal con un recorte tan grande en tan corto tiempo son “irreales”.

De esto puede interpretarse que tratará de negociar un nuevo calendario o le dejará al organismo la tarea amarga de decidir qué se le amputa al paciente agonizante.

No nos espera un camino de rosas.

El hoyo que hay que llenar, de un día para otro, es de al menos $4,600 millones. Rosselló y sus representantes no han dado detalles de por dónde cortarán. Hablan de disminuir contrataciones y nómina de confianza y de consolidar agencias.

Muy bonito todo. Pero el que sabe, sabe. Y el que sabe, sabe que eso no es ni de lejos suficiente para del monumental hoyo que cavaron los gobiernos que por décadas estuvieron gastando más allá de nuestros medios y después han estado años tratando de retrasar las complicadas soluciones.

Entonces nos va a tocar entender por la mala, porque no hemos querido entenderlo por la buena, que de esto no vamos a salir sin dolor.

Eso es lo que nos espera en los primeros días del 2017.

Como cuando se acerca la guerra y el viento cambia de dirección y se oyen los primeros cañonazos a lo lejos, ya se están sintiendo los primeros estremecimientos.

Está Toa Baja, que es quizás el municipio peor administrado en Puerto Rico, tuvo que cerrar operaciones el día antes de las elecciones, han cometido el pecado capital de pagar nómina con fondos federales y nunca se sabe cuándo la gente  va a cobrar, porque ya no tiene disponible la ATH del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que antes le daba respiración boca a boca.

Está Cabo Rojo, que echó a andar en estos días un proceso que va a desembocar en reducción de jornada y despido de empleados, por la misma razón, porque ya el BGF no puede sostenerlo artificialmente.

Está San Juan, que por tener dineros retenidos también en el BGF vendió el emblemático estacionamiento Doña Fela, a pesar de la férrea oposición a la privatización de bienes públicos que siempre ha manifestado la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

Están, si miramos bien, la mayoría de los municipios: cerca de 40, se dice por ahí, no sin cierto horror, no viven para contarlo si no es con el sostenimiento que les da del Gobierno central, que ya no está, bendito, ni para sostenerse a sí mismo.

Están las personas de la tercera edad que pueden quedarse sin casas porque se quedó sin fondos el programa de subsidios que opera el Departamento de la Vivienda, según trascendió en las vistas de transición.

Están los niños  sin programas para después de la escuela porque les cortaron los fondos para operar a programas como Crearte. Hay mucho derrumbándose ya. Más vendrá.

Así empezaba a verse lo que viene: municipios que sin el sostén del BGF no van a poder subsistir; programas de apoyo a poblaciones vulnerables y sin mucho peso político que se van a ir a pique.

Todo esto, por supuesto, mientras continúa el despilfarro, como el visto en el caso de los doce empleados de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads que cobraban $1 millón al año entre todos, o las decenas de millones que agencias pagan a la Autoridad de Edificios Públicos porque se fueron a instalaciones privadas estando las públicas ahí para ellas.

Así nos deja el 2016 y nos recibe, con crujir lúgubre de puertas, el 2017.

Así que quizás conviene emular al tal Víctor Cruz ese: agarrar lo que se pueda mientras quede algo y, como los pacientes a los que se les anuncia una fecha aproximada de muerte, vivirse en esos últimos días algunos caprichos que en su momento se dejaron pasar.

Será la dulce evocación de esos últimos momentos de paz los que nos sostendrán durante los difíciles días que vienen a continuación.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)