Durante la dictadura en Perú encabezada por el general Juan Velasco Alvarado en la década de los 70, el Ejército confiscó varios periódicos, entre estos El Comercio, el decano de la prensa de ese país, que publica desde 1839, con el fin de convertirlo en portavoz del régimen.

Así pues, El Comercio estuvo bajo control militar del 26 de julio de 1974 hasta el 28 de julio de 1980, cuando, habiendo regresado la democracia, el  recién electo presidente, Fernando Belaúnde Terry, en uno de sus primeros actos oficiales, lo devolvió a sus dueños legítimos.

El profesor peruano Juan Gagurevich cuenta en su blog Periodismo, Periodistas, Periódicos que al recuperar el diario, la familia Miró Quesada, dueña del diario, buscó el último ejemplar que publicó el periódico sin la censura militar, anotó el número de edición (la cifra pequeñita que se publica en los periódicos y que sirve como referencia para propósitos de archivo histórico), lo anotó y le puso el número siguiente a la primera edición que se publicó ya de vuelta el rotativo en manos de sus dueños.

Esta acción tuvo como resultado que, para efectos de la historia peruana contada a través de El Comercio, los periódicos publicados durante los seis años transcurridos entre el 1974 y el 1980 no existen.

El periódico no era libre de contar la historia tal como ocurría y por esa razón sus dueños  tomaron la decisión de que lo publicado durante la censura militar dejara de existir. Hay, entonces, una pausa, un largo paréntesis en el que, desde el punto de vista de El Comercio, la historia de Perú se detuvo y no volvió a arrancar hasta que en 1980 se instaló un gobierno electo por los peruanos.

Lo que está ocurriendo en estos días en Puerto Rico hace un poco recordar ese episodio de la larga historia de El Comercio.

Con la entrada en funciones de la Junta de Supervisión Fiscal que gobierna ahora en Puerto Rico, el país ha entrado en una pausa. El curso de la historia hacia nuestro pleno desarrollo como pueblo ha sido congelado.

El Congreso de Estados Unidos, a través de la Junta, le ha puesto pausa para ordenar nuestras finanzas de manera que podamos cumplir de la mejor manera posible con los acreedores del Gobierno y después, quizás, permitirnos seguir nuestro camino.

La Junta se establece en el marco de la sección de la Constitución de Estados Unidos que da al Congreso de ese país poderes absolutos sobre los territorios, como es el caso de Puerto Rico, por la relación de subordinación política que nos une a Washington y que, valga mencionar, no es consentida por el pueblo de Puerto Rico desde la consulta de status de 2012.

Se trata, pues, de un organismo que tomará decisiones fundamentales en la vida de todos los puertorriqueños sin que nosotros podamos influir mediante el invaluable recurso que tienen los individuos en las democracias, el voto. Esto significa, entonces, que el país nos ha sido arrebatado y no nos queda más que  ser meros observadores y tener fe de que esos señores de la Junta harán las cosas bien, aunque hay uno ahí, Carlos García, que fue parte fundamental de algunas de las acciones irresponsables que nos llevaron a esto y otro, José Carrión, que con sus aportaciones económicas ha apoyado la manera en que se ha gobernado aquí hasta ahora.

Y vamos a necesitar, por supuesto, mucha fe, porque lo que se ha visto hasta ahora no es bonito.

Las primeras acciones de la Junta dicen bastante claro por dónde es que van los tiros.

Hicieron una reunión pública en Wall Street, el distrito financiero de Nueva York, de apenas 29 minutos, que se limitó a ratificar en público asuntos que ya habían discutido y decidido en privado.

Tomaron el control de las finanzas del Gobierno central, de múltiples corporaciones públicas, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), de los sistemas de retiro y hasta de WIPR, el canal de televisión pública, que tiene una función mucho más importante de lo que muchos reconocen.

Se puede perder el sueño pensando en las acciones que se pueden estar tramando desde ya, así mismo, en secreto, sin que tengamos cómo pedirle cuentas, cómo tomaron sus primeras determinaciones, con relación a instituciones fundamentales para el pueblo de Puerto Rico, como son la UPR y el Departamento de Educación, que encierran la clave de la transformación hacia una sociedad diferente de la que permitió que esto pasara, o con las pensiones de las que dependen los servidores públicos que, en su mayoría, dieron la vida para que tengamos un mejor país.

Es verdad que lo que habían hecho nuestros gobernantes con esas instituciones no es nada de lo cual sentirse orgulloso.

Los que nos han gobernado hasta ahora, que parece que son los mismos que volverán a ser electos dentro de unas semanas, quebraron, destruyeron, politizaron y volvieron inservibles prácticamente todas nuestras instituciones públicas y metieron al país en este abismo de deuda, incompetencia y corrupción.

Es verdad que íbamos en una carrera alocada hacia la debacle total y que estábamos en una posición de indefensión tal que no era descabellado pensar que dentro de poco el Gobierno no iba a tener fondos ni para la gasolina de las patrullas.

Y es verdad, también, que muchísimos puertorriqueños, por razones del todo válidas, hastiados de la debacle, del derrumbe, de la incompetencia y de la corrupción, perdieron definitivamente la fe en nuestra clase gobernante y encuentran preferible confiar en que será la Junta la que nos alumbre el camino.

Mas no deja de ser una tragedia que lo que ahora nos toque sea esperar y tener fe mientras personas a las que no tenemos cómo pedirles cuentas se meten con todo lo que nos importa y con todo lo que es clave para nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Va a ser largo y complicado este paréntesis que nos toca vivir en lo que podemos recuperar a nuestro propio país, si es que nos queda país cuando todo esto termine.

(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay