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La Junta, el golpe de estado y la resistencia

La primera reunión de la junta de control fiscal se celebró hoy en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la prensa anunció ayer que la presidencia sería ocupada por José Carrión III. Esto revela que la reunión de hoy no es más que un espectáculo mediático y que las decisiones se tomarán, como de costumbre, en reuniones secretas. No cabe duda de que la junta está al servicio de los sectores financieros cuya responsabilidad con la crisis actual y su enriquecimiento producto de ésta es incuestionable.

¿Cuál es la agenda de la junta de control fiscal?

Desplazar al gobierno electo y cobrar lo más posible de una deuda insostenible a costa de las pensiones de nuestros adultos mayores y del futuro de los que hoy trabajan, a costa de nuestros empleos y de nuestro ambiente. Seguir saqueando al País para pagar una deuda que en su mayoría es ilegal, inconstitucional y odiosa, pasando a manos privadas la prestación de más servicios públicos. En su primera reunión la junta tomó control sobre el Gobierno Central, los dos sistemas de retiro, la Corporación Púbica para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la Corporación para la difusión pública, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad del Distrito de Convenciones, el Fideicomiso de los Niños, COFINA, la Autoridad de Edificios Públicos, el Banco de Desarrollo Económico y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. También tomó control de la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados (AAA), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de la Autoridad de Puertos, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otros.

El golpe de estado que hemos denunciado se materializó hoy. La junta y su clase cuentan en Puerto Rico con cuatro candidatos a la gobernación que están dispuestos a ser colaboradores del golpe contra nuestro pueblo. Es evidente que tratan a Puerto Rico como si fuera su finca y como en la época de las plantaciones azucareras pretenden que nosotros seamos los agregados y los peones endeudados en la tienda del ingenio. Ante esto solamente hay dos posibilidades: la resignación o la indignación. Los portavoces de la resignación promueven el discurso de la impotencia basado en la colaboración. Los que por otro lado enfrentamos esto con indignación optamos por la resistencia. No seremos cómplices del golpe a nuestra limitada democracia.

¿Quiénes son los miembros de esa estructura antidemocrática y colonial?

El presidente de la junta será José Carrión III, quien es miembro de una de las dinastías de la banca y los seguros en Puerto Rico. Es socio principal de la firma de seguros Carrión, Laffitte & Casellas. Ha donado mucho dinero a candidatos del partido republicano del cual es militante y ahora cobra el resultado de sus inversiones en el “pay for play”. Entre las organizaciones y personas a quienes ha hecho donaciones se destacan the Committee for the Preservation of Capitalism, Freedom First, el National Congressional Republican Comittee, George W. Bush, Rudolph Giuliani, Marco Rubio, Don Young, Jenniffer González, Luis Fortuño y Pedro Pierluisi. Sus donativos políticos a este último, quien además es su cuñado, generaron señalamientos por los organismos electorales. Carrión presidió la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y también perteneció a la Junta de Gobierno de la Administración para la Compensación de Accidentes Automovilísticos (ACAA). La selección de Carrión como presidente de ese cuerpo antidemocrático confirma que la junta responde a la clase social que ha gobernado siempre. Esa clase social privilegiada que se ha enriquecido mucho más con las medidas que provocaron en esta crisis.

Andrew G. Biggs es miembro del American Enterprise Institute, una organización que se dedica a influenciar al congreso para adelantar las políticas públicas que benefician a las grandes empresas y sectores financieros. Es experto en impulsar medidas para privatizar el seguro social, reducir el medicare y el medicaid y las pensiones de miles de trabajadores en Estados Unidos. Biggs tiene su agenda clara, imponer medidas que debilitarán aún más la economía local para asegurar el pago a los acreedores financieros de una deuda insostenible, gran parte de la cual es ilegal. Los sistemas de pensiones, y como consecuencia los adultos mayores, tienen un enemigo declarado en la figura de Biggs. De ponerse en vigor, estas medidas profundizarán mucho más la crisis económica y fiscal.

Carlos García fue uno de los principales arquitectos de la crisis actual y uno de los artífices de la Ley 7. Fue miembro de un gobierno corrupto que estuvo al servicio de un pequeño y privilegiado grupo de intereses privados, cuyos proyectos desviaron miles de millones de dólares a sus bolsillos provenientes de emisiones exageradas de deuda ilegítima, de fondos ARRA y del despido de decenas de miles de servidores públicos. Como presidente del BGF supervisó y autorizó la emisión de parte de la deuda que ahora el país no puede pagar. García trabajó para Santander Securities, una de las empresas financieras que se beneficiado del endeudamiento del País. Su paso por la puerta giratoria redundó en ganancias extraordinarias para la banca financiera.

David Skeel es profesor universitario y conoce muy bien las protecciones de la ley de quiebra federal. Pero en el debate sobre como resolver el problema de la deuda de Puerto Rico ha sido un fuerte promotor de la junta de control fiscal bajo la supervisión del Congreso y se ha opuesto a que se extiendan las protecciones de la bancarrota a PR. Skeel exige que para que se pueda aprobar una plan de reestructuración debe ser para proteger los “mejores intereses” de los acreedores.

José R. González es un veterano del “pay for play”, González ha sido donante de demócratas y republicanos, de penepés y pepedés. González ha transitado por la puerta giratoria entre la empresa privada y el gobierno. Ocupó varios puestos en la banca local y también presidió el Banco Gubernamental de Fomento bajo la Administración Hernández Colón. Trabajó, igual que García, en Santander, una de las instituciones que se ha beneficiado del endeudamiento del País y también pertenece a ese sector social privilegiado que ha aumentado su riqueza con esta crisis. El conflicto de intereses que tienen los miembros de la junta se ejemplifica con González y García.

Ana J. Matosantos preside Matosantos Consulting. Junto a García, el nombramiento de Matosantos pone de manifiesto la amenaza que representa la junta contra la Universidad de Puerto Rico. Matosantos dirigió el Departamento de Finanzas y la oficina de Presupuestos del estado de California. También pertenece a ese sector social privilegiado cuya influencia se extiende a los dos partidos mayoritarios en EE.UU. y aquí en Puerto Rico. Trabajó en posiciones claves desde las cuales se cuajaron graves golpes contra el pueblo en California en administraciones tanto republicanas como demócratas. Su paso por el gobierno redujo el número de estudiantes en la Universidad de California así como su oferta académica.

Arthur J. González presidió la corte de quiebras del distrito sur de Nueva York. Manejó tres de las quiebras más notorias de la historia: la de la compañía de energía Enron, la de la compañía de telecomunicaciones WorldCom y la de la empresa de autos Chrysler. También conoce muy bien los beneficios de la ley de quiebra, cuyo eje central es darle la oportunidad de un nuevo comienzo a los deudores. Esas protecciones no están disponibles para Puerto Rico. Por eso, su rol en la junta será insignificante.

Este golpe de estado tiene una agenda clara: asegurar el pago a los acreedores financieros imponiendo medidas que golpearán con más fuerza al pueblo trabajador y que debilitarán aún más nuestra economía, lo que agravará aún más la crisis. Y precisamente porque es un golpe de estado tenemos que resistir. En el PPT estamos comprometidos con el fortalecimiento del conjunto de movimientos que rechaza a la junta. Somos parte de ese conjunto de movimientos que defiende los derechos que la junta pretende eliminar. Las próximas elecciones presentan la oportunidad de manifestar nuestra indignación con un voto que tenga consecuencias. Votar por la resignación encarnada en cuatro de los candidatos a la gobernación, los dos de los partidos de siempre y los dos independientes, no es una opción para quienes creemos en la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. El PPT lucha en las calles y en la urnas, por eso nuestro fortalecimiento como organización fortalecerá también el movimiento en su conjunto. Un voto por Rafael Bernabe y el PPT es un voto para resistir y enfrentar a la junta. Un voto por Bernabe y el PPT es un voto para impulsar la agenda que necesita el País. Un voto por Bernabe y el PPT es un voto para fortalecer nuestros movimientos.

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