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Propuesta urgente ante la crisis

La crisis que enfrenta nuestro País nos obliga a reflexionar sobre las políticas que nos han traido hasta aquí. Exige que reconsideremos, que cambiemos de rumbo, que abandonemos este modelo caduco y fracasado. Sin embargo, en lugar de repensar las estrategias fracasadas, los líderes del PPD y del PNP siguen resistiéndose a meterle el diente a los privilegios de las grandes empresas. En su lugar, proponen asfixiar aún más al pueblo trabajador. Los políticos de siempre –de ambos partidos- siguen aferrados a las políticas de siempre: a privatizar y a desmantelar el sector público; a atraer –sin importar lo que nos cueste- capital externo en detrimento de la pequeña y mediana empresa de aquí; a la teoría de la prosperidad por goteo que nos dice que si los más ricos están bien, todos estaremos bien; a la visión de que los salarios son costos que hay que reducir y abaratar.

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Para promover la privatización, siguen repitiendo la errónea teoría del gigantismo gubernamental como alegada causa de la crisis. Pero el tamaño del gobierno en Puerto Rico en relación a su población es comparable al de muchos países del mundo. Si el gobierno se ve grande es porque la iniciativa privada ha fracasado en la creación de empleos, porque el rol del sector privado -pequeño y cada vez más raquítico- en lugar de impulsar e invertir para hacer que nuestra economía sea productiva se ha concentrado en sustituir al gobierno, a través de jugosos contratos y de privatización, en la prestación de servicios tradicionalmente provistos por el sector público.

Para explicar el desempleo crónico inventaron la teoría de que los trabajadores tienen demasiados derechos y de que en Puerto Rico la gente no quiere trabajar. Se nos calumnia como un pueblo de vagos. Pero estos sectores no pueden explicar por qué la “vagancia” aumentó vertiginósamente en pocos años. No pueden esconder el hecho de que los miles de empleos perdidos no son producto de un ataque repentino de vagancia, sino de una economía que no corresponde a las necesidades del país.

La realidad es que nuestra base económica tan estrecha no ofrece oportunidades de empleo a nuestra gente. Por un lado, menos del 50% de las personas aptas para trabajar encuentran empleo, y por el otro, las empresas que más ganancias generan no tributan o tributan muy poco. Ello le ha impuesto una carga abusiva a la población asalariada, a los profesionales y a los pequeños y medianos comerciantes a la vez que condena al resto a una situación de extrema pobreza.

Las políticas de las pasadas décadas -tanto de rojos como de azules- demuestran claramente que la desregulación, el mercado y la competencia no son fórmulas mágicas que resuelven los problemas del país. La atracción del capital externo puede ser útil, pero no basta para garantizar una economía saludable. La producción para la exportación es un aspecto importante de la actividad productiva, pero no debe ser su orientación exclusiva. La teoría del goteo es un engaño: es necesario tomar medidas afirmativas para promover una distribución más equitativa de la riqueza que de otro modo se seguirá acumulando en manos de unos pocos. Nuestra gente no es un costo. Desde nuestra perspectiva, el fin de la actividad económica y de la gestión política debe ser el bienestar y la felicidad de todas y todos los que vivimos en Puerto Rico.

Pero ese no ha sido el rumbo de nuestro País bajo los gobiernos rojo y azul. La propuesta para salir de la crisis mediante la imposición de la Junta de Control Fiscal es continuar con las políticas del fracaso, lo que agravará aún más nuestra situación. Por eso, el Partido del Pueblo Trabajador se opone a la Junta. Además, rechaza la Junta porque es antidemocrática y colonial. La Junta continuará la ruta de las políticas que desembocaron en esta crisis. Nuestra posición ante ese cuerpo es de resistencia y desobediencia a todas las medidas que nos afecten negativamente. Esto incluye cualquier intento de pagar una deuda no auditada, de reestructurar la deuda de manera injusta y contraproducente o de imponer más medidas de austeridad a la mayoría de nuestro pueblo. La Junta de Control Fiscal no atiende el problema de la deuda, no atiende la falta de desarrollo económico y le impondrá mas sacrificios al pueblo. Las medidas que la Junta intentará imponer aumentarán la injusticia social y perpetuarán la crisis económica. Para resistir a la Junta, necesitamos impulsar una agenda propia que corresponda a los intereses del país. El PPT propone la siguiente agenda:

Auditoría y anulación de deuda ilegítima. Hay que completar la auditoría de la deuda y gestionar en todos los foros pertinentes la anulación de la parte de dicha deuda que se determine que es ilegal, inconstitucional o ilegítima. Hay que dotar a la Comisión de auditoría existente con los recursos necesarios para cumplir su encomienda y ampliar su composición para incluir más representación de la ciudadanía y de expertos internacionales.

Prioridades de la renegociación o reestructuración de la deuda. Cualquier reestructuración de la deuda debe tener como prioridad mantener los servicios que el país necesita, rescatar nuestros sistemas de pensiones y liberar recursos para lograr un desarrollo económico sustentable. Se debe rechazar por tanto, toda propuesta que no cumpla con estos requisitos.

Suspensión de pagos y protección contra litigios. Se deben suspender los pagos de la deuda hasta tanto se complete la auditoría y la renegociación y se debe exigir protección adecuada ante litigios provocados por esa suspensión. Como parte de esta gestión se debe señalar que la paralización de demandas por impago con fecha de expiración, como la que dispone la ley PROMESA, no ayuda a una renegociación de la deuda, pues estimula a que los acreedores esperen al final de ese término.

No más medidas injustas y contraproducentes contra el pueblo trabajador. Rechazamos más impuestos regresivos o medidas de austeridad (despidos, reducción o encarecimiento de servicios) para pagar una deuda insostenible. Esas medidas serían injustas socialmente y contraproducentes económicamente. Del mismo modo, no se debe reducir el salario mínimo.

Aportación federal a la reconstrucción. Se deben explorar las alternativas para que el Tesoro Federal y otros organismos aporten a solucionar la crisis financiera como lo ha hecho en el caso de grandes empresas privadas y como también debe hacerlo en el caso de comunidades empobrecidas en Estados Unidos.

El PPT aspira a un Puerto Rico productivo, socialmente justo y ecológicamente sustentable. La crisis fiscal hay que atacarla por todos lados, del lado de los recaudos, de la evasión, de las deudas y por el lado de los gastos innecesarios y la corrupción.

Proponemos una reforma contributiva que elimine los privilegios de las grandes empresas y les ponga la responsabilidad contributiva que hasta el presente han evitado o evadido. Para eso es necesaria una revisión de las actuales leyes de exención contributiva y de los decretos vigentes de exención contributiva de manera que cumplan su fin de estimular la expansión económica mediante la creación de más puestos de trabajo mejor remunerados. Favorecemos un sistema contributivo progresivo reduciendo al mínimo los impuestos regresivos como el IVU, que caen con mayor fuerza sobre los sectores de más bajos ingresos. Favorecemos la imposición de un impuesto especial a las grandes cadenas comerciales para contribuir a la restauración de los centros tradicionales urbanos y la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas. Proponemos una reducción radical de los gastos publicitarios, la eliminación de asesorías fantasmas, dietas, recepciones, homenajes, automóviles y demás privilegios que todavía mantienen los directores de las agencias y los legisladores. Promoveremos la creación de Juntas de evaluación de contratos con representación ciudadana encargadas de fiscalizar las transacciones entre el gobierno y los contratistas privados.

Promoveremos una campaña agresiva para sacar a la luz la corrupción y la ineficiencia democratizando la gestión del servicio público, con la participación del pueblo trabajador y consumidor, incluyendo medidas que protejan y recompensen a los que denuncien formas de desvío indebido de recursos y que castiguen a los responsables de esta crisis.

Twitter: @mrbanchs

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