De pequeños, solemos soñar con viajar en una máquina del tiempo. Quisiéramos tener la oportunidad de partir hacia el futuro para ver qué sucederá. Sin embargo, mientras vamos creciendo, descubrimos que en la adultez, deseamos viajar hacia el pasado. Tal vez para cambiar algo, quizás para aconsejarnos sobre una posible mejor decisión. El Congreso de los Estados Unidos nos cumplió hoy ese deseo. A través de PROMESA, decidió llevarnos en excursión hacia el pasado.

Viviremos bajo condiciones similares a las del 1582. El gobierno español de entonces, ejercía, a través de las capitanías generales, el poder casi absoluto sobre Puerto Rico. Durante 315 años (1582-1897), los habitantes de la Isla del Encanto, no tenían potestad sobre sus decisiones. De manera similar, la Junta de Control Fiscal (JCF) hará caso omiso a las decisiones puertorriqueñas. Sin que los boricuas tengamos algo que decir, tendrá la autoridad para aprobar planes fiscales y presupuestos anuales, imponer su presupuesto, reducir los gastos que entiendan necesarios y revisar las leyes, contratos, reglas y órdenes ejecutivas [1]. Como si fuera poco, al igual que los españoles utilizaban a los taínos y negros para servirse, los puertorriqueños tendremos que pagar la Junta que se nos impone [2].

Experimentaremos lo mismo que los puertorriqueños del 1898 a 1900. Durante estos dos años, Estados Unidos gobernaba en Puerto Rico a través de un gobierno militar. A este no le aplicaban las leyes del territorio colonial. De igual manera, tampoco son adjudicables nuestras leyes a la JCF. Según el proyecto, sus determinaciones van por encima de las leyes territoriales, del Estado o cualquier otra regulación [3].

Por otra parte, estaremos ubicados en el 11 de abril del 1900, día en que Estados Unidos aprobó la Ley Foraker. El Artículo 17 de esta ley destacaba que el Gobernador de Puerto Rico tenía que ser “nombrado por el Presidente, mediante el concurso y consentimiento del Senado” [4]. Sin embargo, existe una diferencia. En el caso de la Junta de Control Fiscal, no se nombrará un Gobernador, sino a siete personas que tendrán una amplia gama de poderes. Esto, sin olvidar que la persona que los puertorriqueños elijamos en noviembre, a través de nuestros votos, será un miembro “ex officio”, sin derecho al voto [5]. Pierde sentido que los candidatos a gobernación hagan sus esfuerzos para ser elegidos, pues estarán sometidos a lo que ordene la Junta.

Una vez el proyecto esté aprobado, se reafirmará que Puerto Rico está totalmente bajo la tutela de los Estados Unidos. No existirá duda alguna de que el “pacto” del 1952 fue una mentira. La tinta de un bolígrafo nos quitará el poco poder que teníamos sobre nuestras decisiones. En ese momento, la realidad de Puerto Rico cambiará y solo nos quedará una de dos opciones: aceptarla o firmemente y, con la frente en alto bajarnos de la máquina del tiempo y cumplir con las exigencias del presente.