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Energía

No hay asunto que haya movido más, en los últimos tres años, el interés de la jefatura del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre Puerto Rico que el tema energético.

Está muy presente en la ley Promesa – que se creó para frenar una crisis de deuda pública que impactara el mercado municipal estadounidense-, y en todo el ejercicio de los pasados 19 meses del Comité sobre la Isla.

Cada vez que se prevé un debate desde el comité sobre la Isla, su presidente, el republicano Rob Bishop (Utah), le da primacía al tema energético.

Hace unas semanas, se esperaba que la primera audiencia del verano sobre Puerto Rico fuese en torno al funcionamiento de la ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras públicas de la Isla. Según el portavoz de la minoría demócrata, Raúl Grijalva (Arizona), después le dijeron que la audiencia del 25 de julio – seguramente con la intención de aprovechar la fecha-, iba a estar dedicada al proyecto pro estadidad de la comisionada González.

El caos ocurrido con la renuncia de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE, sin embargo, volvió a redirigir el objetivo hacia la empresa pública.

Después de meses de haber circulado un borrador de legislación del republicano Don Young (Alaska) para colocar el proceso de privatización de la AEE en manos del Tesoro federal, y de una nueva pugna entre el gobernador Ricardo Rosselló y Bishop – cuya mala relación parecer extenderse a sus asesores-, el Comité de Recursos Naturales examinó ideas para quitarle al gobernador poder sobre los nombramientos en la Junta de Gobierno y/o la Comisión de Energía de Puerto Rico.

Bishop ha negado que persiga “federalizar” la AEE. Sostuvo que ni respalda el proyecto de Young ni otro borrador  – que se cree circularon empresas energéticas y divulgó la publicación DebtWire-, con el propósito de convertir la AEE en una dependencia del Departamento de Energía.

Al mismo tiempo, en la audiencia, el secretario adjunto del Departamento de Energía de EE.UU. para el área de Electricidad, Bruce Walker, rechazó la idea de asumir el control de la AEE, pero exhortó al liderato del Comité a buscar alternativas para arrebatarle el poder de nombramientos al gobernador sobre la Junta de Gobierno y la Comisión de Energía, que tiene el objetivo de regular el mercado energético.

¿Cómo quitarle al gobernador, desde el Congreso, el poder de nombramientos sobre la Junta de Gobierno de la AEE sin federalizarla? Eso es algo que nadie ha podido explicar.

El congresista Bishop ha encomendado a la comisionada residente en Washington, Jennifffer González, redactar legislación que permita “despolitizar” la AEE. En su interrogatorio pareció tener como objetivo la Comisión de Energía. Pero, fuera de asumir un pleno control de la AEE, tanto Bishop como González dicen que “todo está sobre la mesa”.

La comisionada espera tener un borrador de legislación para el reinicio de los trabajos en la Cámara baja, el 4 de septiembre.

Para la comisionada González la encomienda le puede poner a hacer equilibrios entre su compañero de boleta, que obviamente rechaza la idea de entregar su poder de nombramientos, y su relación de trabajo con Bishop en el comité con principal jurisdicción sobre Puerto Rico y que tiene la llave para tratar de, por lo menos, darle una victoria en el tema de la estadidad a nivel del comité.

Por los pasillos del Congreso y en la propia audiencia, han sido continuos los reclamos de empresas energéticas para que el gobierno federal meta el diente en la AEE. El propio liderato del Comité está en record promoviendo dar paso – de cara a rehacer la red-, a proyectos de gas natural. Y las empresas andan en busca de una garantía federal para su inversión.

Puede sonar simpática la idea de despolitizar la AEE. Pero, se trata de una empresa pública y la tarea del gobierno es velar por ella.

Entre los demócratas resuena la idea de la despolitización.

Pero, el propio Grijalva, quien nunca ha estado a favor de la federalización de la AEE, ha advertido que tampoco simpatiza con la idea de una plena privatización. El deber público de la AEE, que como explicó el senador Eduardo Bhatia, del PPD, ayudó a llevarle energía a los pobres y a los campos, es algo que Grijalva también resalta.

Bhatia – quien reclamó en la audiencia que los problemas de la AEE no terminen resolviéndose bajo el poder que la cláusula territorial de la Constitución estadounidense le da al Congreso-, piensa que las acciones concretas deben darse en la isla, como parte del proceso legislativo que dirige el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, para revisar la política pública energética y la regulación del sistema. A su juicio, todo comienza con abrir el mercado energético.

No sé cuál será la solución.

Pero, sí recuerdo que últimamente, por medio de los representantes del interés público elegidos por los ciudadanos que formaron parte de la Junta de Gobierno, los trabajos dentro de la AEE tenían algún reflejo de transparencia. Y me preguntó cuánto más hubiese trascendido públicamente de aquellas 48 horas de puro caos en que cayó la AEE si todavía estuviesen allí los representantes del interés público- en medio de las renuncias de los miembros de la Junta de Gobierno-, y cuánto más se podría conocer de los esfuerzos por dirigir la empresa hacia su privatización.

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